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Arellano, dispuesto a ampliar la bonificación a la UNED, recuerda que el Gobierno central es su responsable

El consejero de Economía y Conocimiento ha reivindicado la necesidad de una universidad pública en España y ha retado al Ejecutivo a implantarla

Andalucía, 10/10/2017

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha asegurado que está dispuesto a ampliar la bonificación de matrículas a la UNED a los alumnos que residan en Andalucía, aunque ha recordado que es el Gobierno central como responsable de esta institución quien tiene en su mano la gratuidad de las matrículas de este centro académico y de las universidades de toda España.

Ramírez de Arellano, que ha comparecido en la Comisión de Economía del Parlamento andaluz, ha insistido en retar al Ejecutivo central a implantar la gratuidad de la educación superior, siguiendo los pasos de la Junta de Andalucía, que ha bonificado al 99% el coste de los créditos aprobados en primera matrícula.

El consejero ha explicado que las administraciones sufragan el 85% del coste de las universidades a todos los estudiantes, con independencia de su nivel de renta. Por tanto, queda un 15% por cubrir que es el que ahora bonifica Andalucía y que se pretende que el Estado elimine en el conjunto del país.

En cuanto a la UNED, Ramírez de Arellano ha subrayado que para el Gobierno andaluz esta es una “universidad de referencia”. Por ello, responsables de la Consejería de Economía se han reunido con representantes del alumnado de esta universidad, con la “vocación de escuchar y poder encontrar soluciones” que tendrían un carácter transitorio hasta que se lograra la gratuidad de matrícula en toda España.

En España hay unos 140.000 alumnos matriculados en la Universidad de Educación a Distancia, de los que 20.000 son andaluces, y de éstos unos 8.000 son becarios del Ministerio de Educación. El consejero ha señalado que los datos sobre matriculación de los que se disponen sobre el número de créditos de los que se matriculan estos alumnos de media son antiguos y se sitúan en 30 al año, una cifra que hay que actualizar para analizar la situación.

Ramírez de Arellano ha recordado que cualquier opción “legal y sostenible económicamente” debe contar con el visto bueno del Consejo de Gobierno andaluz y también del Consejo Social de la UNED, entidad dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

El titular andaluz de Economía ha criticado la política de precios y becas del Gobierno central, alertando de que pueden dificultar o impedir el acceso a la universidad a numerosos estudiantes y eliminar el papel de los estudios superiores como “ascensor social”. Así, ha rechazado de plano los precios públicos, que son de los más caros del entorno europeo, frente a países de referencia como Alemania, Escocia, Finlandia, o Noruega, donde la universidad es gratuita, y  de la política de becas, que supone una efectiva presión fiscal sobre las familias a través de los jóvenes.

En cuanto a la política de becas, ha explicado que se concibe como un sistema asistencial, tremendamente complejo, con cada vez un número mayor de requisitos para convertirse en beneficiario y que no reconoce el esfuerzo de los estudiantes, generando “importantes disfunciones”.

Así, “un alumno con un rendimiento medio-alto pero que suspenda una sola asignatura, puede quedar sin beca”. Además, se produce el llamado efecto de “expulsión previa”, dado que sin la posibilidad de beca hay personas que no se plantean iniciar o continuar los estudios. Todo esto ha dado como resultado la expulsión del sistema de un número importante de estudiantes y que cada vez el número de becarios sea menor.

Frente a esto, la bonificación al 99% de los créditos aprobados en primera matrícula reconoce el esfuerzo del estudiante y evidencia la confianza que el Gobierno andaluz tiene en los jóvenes, sus capacidades y talento. Además, se espera que esta medida redunde en una mejora de la tasa del rendimiento académico.

La  bonificación persigue la equidad efectiva entre personas de distinta renta, evitando la expulsión del sistema de aquellos con menos ingresos, y eliminando cualquier obstáculo de carácter económico en el acceso al conocimiento.

En cuanto a los precios públicos, en Andalucía son los precios más bajos de España y no distinguen entre coeficiente de experimentalidad como pretendía el Gobierno, estableciendo un único precio por crédito independientemente de la materia que se estudie. Además, no se discrimina entre másteres habilitantes y no habilitantes, sino que se han igualado a la baja los precios y en la actualidad sólo les separa un euro de los costes del grado. Finalmente, se contemplan exenciones por diversas circunstancias, entre otras por matrícula de honor, ser víctima de violencia de género o de terrorismo.

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