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Medidas de apoyo e impulso al empleo de las personas con discapacidad, en Centros Especiales de Empleo y empresas ordinarias

La integración social de las personas con discapacidad es un derecho reconocido en la Constitución y corresponde a los poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen barreras y faciliten dicha integración de forma plena y en condiciones de igualdad. El acceso al empleo es uno de los elementos clave en el desarrollo de estas políticas públicasy los Centros Especiales de Empleo, se constituyen como un instrumento esencial para la integración de estas personas en el mercado de trabajo.

Con la finalidad de favorecer la supresión de los obstáculos que puedan impedir un progreso adecuado del colectivo a través del empleo estable y de calidad, desde la administración de la Junta de Andalucía y a lo largo de los últimos años, se han venido estableciendo medidas y programas orientados a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo y a la adaptación de los espacios a las necesidades de las personas con discapacidad contratadas en Centros Especiales de Empleo y en empresas ordinarias. Tal fue el caso de la última y ahora derogada Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo , y que ahora es sustituida y mejorada a través de la aprobación de dos nuevas órdenes:

El objetivo de estas nuevas iniciativas no es otro que contribuir al sostenimiento de los Centros Especiales de Empleo como elementos que mejoran y coadyuvan a la necesaria integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo así como propiciar la contratación de estas personas en empresas ordinarias, a través de diversas líneas de ayudas:

A los efectos de estas líneas de ayuda, se define como persona con discapacidad  "aquéllas que acrediten estar afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento a través del correspondiente certificado expedido por los servicios públicos competentes. Asimismo, y siempre que se encuentren en edad laboral, se considerarán afectadas por una discapacidad en grado igual al 33 por ciento, quienes tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en grado total , absoluta o gran invalidez, así como las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de retiro por incapacidad permanente para el servicio".

A partir de la aprobación y entrada en vigor de las órdenes que recogen las bases reguladoras, corresponde a la persona titular de la dirección gerencia del Servicio Andaluz de Empleo efectuar la convocatoria de los incentivos, en función de las disponibilidades presupuestarias.