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Resolución del procedimiento

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de cada provincia es el órgano competente para dictar las resoluciones de reconocimiento o denegación del derecho.     

Plazo de resolución

Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y, en especial, de la información relativa a las rentas y al patrimonio declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita, incluyendo, en su caso, los de su cónyuge o pareja de hecho, la Comisión realizará las comprobaciones y recabará telemáticamente toda la información que estime necesarias. Esta información podrá recabarse, en particular, de la Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles o de cualesquiera otros registros que tengan información relacionada, debiendo ser remitida por medios telemáticos. La Administración Tributaria y la Seguridad Social facilitarán la información necesaria en el marco de lo establecido en su normativa específica.

El plazo total de tramitación del procedimiento, desde la solicitud hasta que la Comisión dicta la correspondiente resolución, oscila entre los 58 a los 63 días dependiendo de si procede el traslado al colegio de procuradores para la designación de profesional, sin perjuicio de que si, por la concurrencia de determinadas circunstancias o la urgencia del caso fuera preciso asegurar la defensa y representación de forma inmediata, la designación provisional sería inmediata.

La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, así como a las partes interesadas y se comunicará al órgano administrativo o al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso o, si éste no se hubiera iniciado, al Juez Decano de la localidad.

Las comunicaciones y notificaciones previstas en este artículo se efectuarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando aquéllas tengan lugar entre Administraciones públicas, órganos judiciales, profesionales de la justicia, Colegios profesionales y la Comisión.

Falta de resolución expresa

De no resolverse en el plazo previsto legalmente, el silencio es positivo, es decir, se considera estimada la solicitud.

Recursos

Las resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán ser impugnadas por las personas titulares de un derecho o interés legítimo, en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.

La impugnación, para la que no es preceptiva la intervención de letrado, habrá de realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla.

El recurso se debe interponer ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que la remitirá, junto con el expediente correspondiente y una certificación de la resolución, al juzgado o tribunal competente o al juez decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.

Dentro de los ocho días siguientes,  el secretario judicial citará de comparecencia a las partes y al letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. El juez o tribunal, tras oírles y practicar la prueba que estime pertinente, en el plazo de los cinco días siguientes dictará auto manteniendo o revocando la resolución impugnada.

Contra el auto dictado por el juez o el tribunal no cabrá recurso alguno.

Revocación del derecho
 

La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, previa audiencia del interesado, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante resolución motivada, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.
La revocación lleva consigo la obligación del pago de todos los honorarios o derechos devengados por los profesionales intervinientes desde la concesión del derecho, así como de la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión.
Si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, en la resolución que ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, revocará el derecho de justicia gratuita y le condenará a abonar los gastos y costas procesales devengadas a su instancia, en los términos del apartado anterior.