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Transposición de la Directiva de Servicios

El 28 de diciembre de 2006 entró en vigor la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios). Los Estados miembros disponían de un plazo de transposición de tres años, que finalizó el 28 de diciembre de 2009.

El objetivo de la Directiva de servicios es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros.

En España, el Ministerio de Economía y Hacienda es el encargado de coordinar el proceso de transposición legislativa.

La Junta de Andalucía trabaja en colaboración con el resto de Administraciones Públicas en la transposición de la Directiva de servicios al Derecho español. La responsabilidad de coordinar los trabajos de transposición en Andalucía mediante medidas normativas recae en la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia.

En el ejercicio de esa función, la Secretaría General de Acción Exterior, a través de esta web, pretende dar a conocer a la ciudadanía los contenidos y objetivos de la Directiva de servicios, así como los beneficios que se derivan de la misma. Además, a través de este canal, se informará de forma permanente del proceso de transposición.

¿Cuál es el objetivo de la Directiva?

El objetivo de la Directiva de servicios es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros.

La Directiva pretende por tanto reducir cargas administrativas y otorgar mayor seguridad jurídica a aquellos que desean prestar un servicio a través de un establecimiento permanente (libertad de establecimiento) o sin recurrir a dicho establecimiento (libertad de circulación de servicios).

Esta Directiva también tiene como objetivo ampliar la posibilidad de elección de las personas destinatarias y mejorar la calidad de los servicios tanto para los consumidores y consumidoras como para las empresas usuarias de servicios.

¿Cual es su ámbito de aplicación?

La Directiva de servicios no se aplica a los servicios que quedan explícitamente excluidos de su ámbito de aplicación. Así, algunos grandes sectores de servicios: todos los servicios financieros (tales como los servicios bancarios, de crédito, de seguros, de valores, de fondos de inversión); los servicios de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de telefonía y servicios de conexión a Internet); servicios de transporte; servicios sanitarios (quedan excluidos de la Directiva los servicios médicos y farmacéuticos destinados al cuidado de la salud de las personas y reservados a las profesiones reguladas, pero no otros servicios tales como los de veterinaria o los no reservados a las profesiones reguladas);  juegos de azar (tales como juegos de lotería, casinos, apuestas deportivas); los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a los niños y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas, proporcionados por el Estado por prestadores encargados por el Estado o por asociaciones de beneficencia reconocidas como tales por el Estado; servicios de seguridad privados y los servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados mediante acto oficial de la Administración.

Por el contrario, y sin ánimo exhaustivo, cabe citar los siguientes ejemplos de servicios que sí entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de servicios:

  • la distribución comercial (comercio minorista y mayorista de bienes y servicios, desde el gran comercio, como son los supermercados, al pequeño comercio)
  • las actividades de la mayoría de las profesiones reguladas (por ejemplo, los asesores jurídicos y fiscales, los arquitectos, los ingenieros, los contables, los peritos)
  • los servicios de construcción y los oficios (por ejemplo, los servicios de edificación y demolición, pero también los servicios de fontaneros, pintores, electricistas, enlosadores, carpinteros)
  • servicios a empresas (por ejemplo, mantenimiento de oficinas, asesoramiento de gestión, organización de actos, cobro de deudas, servicios de publicidad y de contratación de personal)
  • servicios en el ámbito del turismo (por ejemplo, agencias de viajes y guías de turismo)
  • servicios recreativos (por ejemplo, los servicios de centros deportivos y parques de atracciones)
  • servicios de instalación y mantenimiento de equipos
  • servicios de información (por ejemplo, portales web, actividades de las agencias de noticias, edición, programación de ordenadores)
  • servicios de hostelería y restauración (por ejemplo, hoteles, restaurantes, bares y servicios de catering)
  • servicios de formación y educación (por ejemplo, enseñanza de idiomas o escuelas de conducción)
  • servicios inmobiliarios
  • servicios de ayuda doméstica (por ejemplo, servicios de limpieza, de cuidado de niños o de jardinería)

¿Qué medidas prevé la Directiva de servicios?

1.- La eliminación de barreras para facilitar la realización de actividades económicas con establecimiento fijo y durante un periodo indeterminado

Esta medida implica la reforma de la normativa vigente para eliminar las barreras que restringen injustificadamente la puesta en marcha de actividades de servicios e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y la creación de empleo.

Se eliminarán aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones imperiosas de interés general o sean innecesarias para atender esos fines. Esto supone que, en general, se sustituirán procedimientos de autorización administrativa previa por declaraciones responsables o por comunicaciones.

Se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen.

Se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores y prestadoras de servicios: inscripciones en registros, renovación de autorizaciones, duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos y se generalizará el principio de que cualquier prestador establecido en el Estado miembro, que ejerza legalmente una actividad de servicios, podrá ejercerla en todo el territorio nacional de dicho Estado.

2.- La eliminación de barreras para facilitar prestaciones que impliquen ausencia de participación estable y continua en la vida económica en un Estado miembro.

 La Directiva recoge un catálogo de requisitos que no se podrán exigir en los casos de prestación transfronteriza de servicios, esto es, en los supuestos en los que la persona que presta el servicio no se encuentre establecida en el Estado miembro en el que presta sus servicios.

3.- Simplificación administrativa

La Directiva de servicios recoge también el mandato de que cuando los procedimientos y trámites aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio, no sean lo suficientemente simples, los Estados miembros los simplificarán.

La Directiva de servicios establece un programa de simplificación administrativa que incluye la introducción de procedimientos electrónicos y el establecimiento de un sistema de ventanilla única para las personas prestadoras y destinatarias de los servicios.

La ventanilla única constituye un punto de tramitación integral por vía electrónica. Su implantación supondrá que los prestadores y prestadoras de servicios podrán realizar todos los procedimientos y trámites a distancia y por vía electrónica, y a todos los niveles administrativos (europeo, nacional, autonómico y local).

* Ventanilla única de España

* Ventanilla única de otros Estados miembros 

4.- Cooperación administrativa

La Directiva de Servicios establece una obligación general para los Estados miembros de prestación de asistencia recíproca. El Estado de establecimiento procederá a las comprobaciones e inspecciones que le solicite otro Estado y le informará de los resultados sobre todos los extremos relacionados con el servicio de los que tenga conocimiento.

A estos efectos se crea el sistema de información del Mercado Interior o sistema IMI, que constituye el soporte técnico que posibilita la cooperación inter-administrativa en el mercado interior, al permitir la comunicación directa por vía electrónica entre autoridades competentes de todas las Administraciones Públicas y de diferentes Estados miembros.

* Enlace web IMI España

5.- Calidad de los servicios

La Directiva de servicios trata de garantizar que cualquier persona usuaria de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador o prestadora de la UE, en condiciones no discriminatorias.

Obliga a las personas que prestan el servicio a actuar con transparencia, debiendo poner a disposición de los usuarios y usuarias información sobre sí mismas (nombre, forma jurídica, dirección, y en su caso, inscripción en registros o autoridad competente que otorgó la autorización, entre otros) y sobre las condiciones de la prestación (características del servicio ofrecido, precio, garantías)

Las Administraciones deberán informar y asistir a los usuarios y usuarias de servicios para que puedan realizar reclamaciones ante las autoridades competentes en caso de litigios con las personas que presten servicios, independientemente del país en que se ubiquen.

Más información:

¿Aún tienes dudas?

Si tienes cualquier duda o necesitas más información puedes llamar a los teléfonos 902 505 505 y 955 062 627 o escribir al correo informacion@juntadeandalucia.es

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