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El vicepresidente hace un balance positivo del actual grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo para 2017

Jiménez Barrios afirma que el Gobierno andaluz ya ha enviado cuatro proyectos de ley al Parlamento y que tramita actualmente otros 16

Andalucía, 07/09/2017

El vicepresidente en la Comisión de Presidencia del Parlamento.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha realizado un balance positivo del actual grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo de Andalucía para 2017. Ante la comisión parlamentaria de Presidencia, ha señalado que el Gobierno andaluz ya ha enviado cuatro proyectos de ley al Parlamento y que tramita actualmente otros 16 anteproyectos

Jiménez Barrios ha señalado que el Plan Normativo fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de febrero y, de cuyo cumplimiento, ha recordado que se dará cuenta en un informe que se elaborará en el primer trimestre de 2018 por la Consejería de Presidencia.

En su intervención, el vicepresidente ha ido desgranando la evolución del plan y, en primer lugar, se ha referido a la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, que ya fue remitida al Parlamento, donde superó su debate de totalidad en la última sesión plenaria celebrada. Según ha explicado, con esta norma, el Gobierno pretende “favorecer e impulsar el espíritu emprendedor, especialmente, en lo referente a la creación de pymes y con la que, Andalucía se convertirá en la primera comunidad autónoma con un sistema público integral para emprender”.

Asimismo, se ha referido a la Ley Audiovisual de Andalucía, cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno, el pasado 1 de agosto, y que se tramitará en el Parlamento a partir de ahora. El vicepresidente ha destacado que esta norma “es fruto de un amplio y complejo proceso de participación” y que establece una “regulación integral de un sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad”.

En el mismo sentido, ha mencionado al Proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas en Andalucía, que  el Gobierno andaluz también ha remitido al Parlamento. Según ha explicado, esta iniciativa “refuerza las medidas para luchar contra los desahucios, así como la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en Andalucía”.

Igualmente, ha indicado que el Gobierno andaluz también ha remitido a la Cámara andaluza la Ley del Voluntariado, que reconoce un total de 12 modalidades de voluntariado y contempla una serie de medidas para fomentar el contacto con iniciativas solidarias en la escuela y en contextos de aprendizaje más informales con el fin de mantener una actividad voluntaria a lo largo de toda la vida.

Junto a estas iniciativas legislativas, Jiménez Barrios ha explicado que el Gobierno andaluz tramita actualmente los Anteproyectos de otras 16 normas incluidas en el Plan Normativo para 2017. Uno de ellas, es la relativa a la Infancia y la Adolescencia, de la que ya ha sido iniciada su tramitación. Asimismo, ha señalado el que el Ejecutivo autonómico acordó, el pasado mes de julio, el inicio de tramitación de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía “con el fin de adaptar la legislación andaluza a la regulación básica estatal de estas corporaciones de derecho público, a la vez que reforzar su papel como prestadoras de servicios a las empresas”.

Igualmente, ha señalado que el Gobierno andaluz contempla la modificación de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, en la tramitación de la Ley andaluza de Agricultura y Ganadería, así como que ya ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley por la que se procede a la ampliación de la vigencia de la Ley que aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2017 con la finalidad de hacerlo coincidir con el vigente marco de financiación comunitaria y el Plan Económico de Andalucía 2014-2020, a los que suministra información.

A estas iniciativas legislativas, ha sumado las que están próximas a remitir a este Parlamento y entre las que ha citado la Ley de Formación Profesional que se encuentra ya en su fase de informe del Consejo Económico y Social. Otra norma a la que se ha referido es la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía que “promoverá mejoras para favorecer el trabajo, la integración social, la igualdad entre hombres y mujeres, el relevo generacional, la competitividad, la innovación y el desarrollo de las zonas rurales”.

Igualmente, se ha referido a la Ley de Cambio Climático “que proporcionará un marco referencial para una economía verde competitiva, sostenible y segura”. Con el mismo objetivo, ha situado la próxima aprobación del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía “que establecerá medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supeditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental”.

El vicepresidente también ha avanzado que se aprobará, antes de finales de este año, la Ley del Cine, “otra norma fundamental para un sector de actividad como es el de la producción cinematográfica y audiovisual”. Junto a ello, ha indicado que el Gobierno andaluz va a aprobar, en este periodo, el Proyecto de Ley de Juventud de Andalucía, que “incluirá el enfoque de juventud como elemento transversal de las políticas de la Junta”.

Igualmente, ha señalado que está previsto aprobar en los próximos meses los proyectos de Ley de modificación de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género y de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia, que se encuentran en avanzado estado de tramitación.

Asimismo, ha avanzado que se iniciará el trámite del Anteproyecto de Ley del Empleo Público además de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018.

En cuanto al ejercicio de la potestad reglamentaria, ha indicado que, hasta la fecha, han sido aprobados 22 Decretos por el Consejo de Gobierno, de los incluidos en el Plan Normativo. Entre ellos, ha citado el Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otros orientados a mejorar la gestión administrativa y la transparencia de la actividad de la Junta, como es el caso del decreto regulador de la Organización y Funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la Gestión Recaudatoria o del Decreto por el que se establece la Garantía de los Tiempos de Pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades.

Jiménez Barrios también se ha referido al decreto regulador de la Coordinación de la Estrategia de Imagen Institucional de la Junta, que actualiza y unifica la normativa autonómica vigente sobre esta materia; al del sector de la Acuicultura Marina en Andalucía, y al decreto de Declaración de Municipio Turístico de Andalucía que actualiza la regulación de esta figura.

Junto a ello, ha explicado que el Gobierno andaluz “continua sensible a las demandas y necesidades sociales” y, en este sentido, “con el fin de reforzar las plantillas de personal en sectores clave”, ha recordado la aprobación, el pasado mes de marzo, de la oferta pública de empleo docente de 2017, con un total de 2.468 plazas de maestros y profesores de Enseñanza Secundaria. Asimismo, ha recordado la aprobación de decretos relacionados con las prestaciones que ofrece la Junta de Andalucía en relación con la salud pública, entre los que ha citado la norma que configura una red para las funciones asistenciales vinculadas a los bancos de sangre y de material biológico de uso terapéutico, así como un nuevo decreto que refuerza las garantías higiénico-sanitarias de los establecimientos de tatuajes y piercings. Asimismo, se ha referido a la modificación del decreto de Mediación Familiar para extender la gratuidad del servicio y agilizar procedimientos.

En materia de educación, Jiménez Barrios ha destacado que el Gobierno andaluz  ha impulsado, vía decreto, la ampliación del uso de las instalaciones educativas públicas para actividades complementarias, así como ha mejorado el proceso de escolarización del alumnado de los centros públicos y concertados, reforzando las garantías de las familias y adecuando la norma a la normativa básica.

En conjunto, ha señalado que se trata de una “importante acción reguladora” a la que le seguirá, en los próximos meses, una intensa actividad reglamentaria, tal y como se reflejará en las próximas reuniones que celebre el Consejo de Gobierno.

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