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La Junta recurrirá el Real Decreto de dividendo digital que obliga a suprimir un canal múltiple autonómico de TDT

La Administración autonómica alerta sobre las implicaciones del proceso de implantación del dividendo digital en Andalucía y sus consecuencias para la ciudadanía

Andalucía, 24/10/2014

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ya ha dado orden al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para que presente de forma inmediata un Recurso Contencioso Administrativo al Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de septiembre, que regula el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) y la liberación del dividendo digital. El recurso irá acompañado de la petición de adopción de las correspondientes medidas cautelares, y por lo tanto la solicitud de paralización del proceso, al objeto de evitar daños irreversibles al sector audiovisual andaluz.

El Ministerio de Industria no ha contado, desde su inicio, en la elaboración de este decreto con la participación de la Junta de Andalucía, a pesar de las graves consecuencias que tiene para el sector audiovisual andaluz, siendo la más importante de ellas la supresión de un canal múltiple autonómico de TDT, lo que además de suponer una intromisión competencial del Estado en el ámbito audiovisual andaluz, limita las posibilidades de desarrollo real de esta industria, e hipoteca las posibilidades tecnológicas futuras referidas a las emisiones en alta definición.

La implantación del dividendo digital, en la forma que lo ha planteado el Ministerio, tiene, además, consecuencias inmediatas para la ciudadanía andaluza. A pesar de conocer desde hace tiempo la obligación de que la racionalización del uso del espectro radioeléctrico había que adaptarlo a las directrices europeas antes del 1 de enero de 2015, el protocolo de actuación fijado por el Ministerio cuenta  con un margen temporal extremadamente escaso para realizar las adaptaciones tanto en los hogares como en los centros de difusión de la televisión digital, teniendo en cuenta la fecha tope de cese de emisiones.

El Ministerio ha establecido que el día 26 de octubre todos los ciudadanos resintonicen sus televisores. Una orden de importante trascendencia que, sin embargo, no viene acompañada de la suficiente información de servicio para la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta que algunos ciudadanos podrían dejar de ver algunos de los canales que hasta ahora veían.

Hasta ahora, y a pesar de las fechas, tampoco ha sido publicada todavía la convocatoria oficial de las ayudas a las que el Ministerio se comprometió a última hora para sufragar los costes de adaptación en los hogares. Por lo que se desconocen los detalles de cómo, cuándo y los criterios para tener acceso a dichas ayudas. Esto ha conllevado la paralización de aquellas adaptaciones que ya se habían iniciado en los hogares y, además, está produciendo desconcierto y preocupación en la ciudadanía y en el sector de las empresas instaladoras, que ven reducidos aún más los plazos para realizar las adaptaciones en las viviendas, de forma progresiva, antes del 31 de diciembre de 2014.

Por otra parte, el Ministerio de Industria ha decidido no financiar el coste que supone a los ayuntamientos la adaptación de los centros de TDT (conocidos como “repetidores”) como consecuencia de la liberación del Dividendo Digital. Esto conlleva que sean los ayuntamientos los que tengan que sufragar estos gastos o, en caso contrario, que los ciudadanos de estos municipios puedan dejar de ver algunos canales nacionales o autonómicos cuya señal veían gracias a que eran repetidas por estos centros.

Además de la inmediata presentación del recurso contencioso administrativo, la Junta de Andalucía, en su intento de paliar las consecuencias de estas actuaciones del Ministerio de Industria, le ha solicitado al mismo la urgente creación de un Grupo de Coordinación para la liberación del Dividendo Digital específico para Andalucía, donde estén representados usuarios, operadores y empresas instaladoras de telecomunicaciones, así como todas las administraciones públicas presentes en el territorio andaluz. El objetivo de este Grupo es que los ciudadanos andaluces estén completamente informados de todo el proceso, que se puedan establecer unos mecanismos efectivos para que las adaptaciones se realicen en los plazos adecuados y que se hagan con el menor coste posible para los ciudadanos andaluces.

La Junta insiste en la necesidad de tomar estas medidas para evitar las graves consecuencias que podrían darse tanto para el sector audiovisual como para la ciudadanía en Andalucía. Consecuencias derivadas de la actuación del Ministerio de Industria, responsable del proceso.

El consejero de la Presidencia recuerda, por último, que el Gobierno central ha puesto en marcha este proceso sin contar con las comunidades autónomas, al contrario de como se realizó la transición de la televisión analógica a la digital. Desde la Junta de Andalucía, señala, Jiménez Barrios, se ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Industria su participación y colaboración en la tramitación del Real Decreto, que finalmente fue aprobado sin reunirse directamente con las autonomías, ignorando con ello la participación de la Junta y sin tener en cuenta ninguna de las alegaciones realizadas desde Andalucía.

 

 

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