La Consejería de Salud y Bienestar Social continuará apostando por avanzar en las políticas de apoyo a las familias andaluzas, la eficiencia y la justicia social manteniendo las partidas presupuestarias en estas áreas durante el próximo ejercicio y poniendo en marcha nuevas medidas que agilicen las ayudas de la Administración.

Así, en 2013, se realizará un importante esfuerzo por mantener e incluso incrementar la partida destinada al salario social –una prestación para la personas con menos recursos-- para colaborar a cubrir las necesidades básicas de la población andaluza que más lo necesita. La dotación prevista para esta partida en 2013 alcanza los 70 millones de euros y supone un incremento del 12,2% respecto a la destinada en 2012. Desde otro punto de vista, pero también como medida de apoyo a las personas con menor renta, se incrementarán las ayudas extraordinarias a las pensiones asistenciales, un 2%, en la línea del año 2012.

En esta línea, la Consejería estudiará el establecimiento de garantías de tiempos máximos de respuesta para los ciudadanos en el reconocimiento de sus derechos y la prestación de servicios sociales, de forma similar a las garantías sobre tiempos máximos de espera que ya existen en el ámbito sanitario.

Ésta es una de las líneas que ha destacado la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, durante la presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para las políticas de salud y bienestar social en 2013, cuyo montante total asciende a 10.085,9 millones de euros, lo que representa el 44,72% de las cuentas del Gobierno andaluz. El presupuesto para el próximo año respecto al de 2012, si se tiene en cuenta el gasto homogeneizado, experimenta un descenso del 5,95%.

Para Montero, este presupuesto supone, más que nunca, una muestra de la apuesta del Gobierno de Andalucía con el sistema público con las políticas sociales, a pesar de que Andalucía ha dejado de recibir más del 70% de las transferencias finalistas del estado, o de que el reparto del déficit por parte del Gobierno Central sea “claramente injusto”.

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