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26/09/2008
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Para verificar el cumplimiento de todos los requisitos y normas de la condicionalidad, y con el fin de unificar los criterios de control, Andalucía optó por un único organismo especializado, que recae en la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca. Asimismo, esta consejería realiza controles administrativos, sirviéndose de los que ya están establecidos por los organismos sectoriales competentes, para la verificación de determinados requisitos y normas.

Los controles se realizan, como mínimo, sobre el 1% de los solicitantes de ayudas directas de la Política Agraria Comunitaria, y de aquellas establecidas en el Reglamento (CE) nº 1968/2005 relativo a las ayudas al Desarrollo Rural del FEADER, a no ser que la normativa específica establezca otros porcentajes.

Este sistema de control consiste no sólo en la verificación de que los requisitos y normas establecidas se cumplen, sino también en la valoración de los posibles incumplimientos, bajo parámetros como la gravedad, el alcance y la persistencia de los mismos.

Los incumplimientos en condicionalidad conllevan la reducción o, en su caso, la anulación, de todas las ayudas directas percibidas por el titular. Estas reducciones varían entre el 1 y el 5% del importe total, dependiendo del número de requisitos y normas incumplidas, y podrán llegar hasta el 15% cuando se detecte la repetición de un determinado requisito en un periodo consecutivo de tres años.

Si se llega a este porcentaje, el titular será advertido de que, si se detectase un nuevo incumplimiento en ese mismo requisito, será considerado como intencionado, y la reducción podrá aumentar hasta el 100% de la ayuda.

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