El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha explicado en el Parlamento que la Consejería de Empleo sancionará con al menos 90.000 euros a los actuales propietarios del Hotel Los Monteros de Marbella (Málaga), si insisten en no dar cumplimiento al requerimiento de reapertura que realizó la Delegación de Empleo de Málaga el pasado 5 de junio.

Asimismo, Antonio Fernández ha anunciado que ha encargado a los servicios jurídicos que presenten una querella criminal contra el propietario del hotel, por si pudiera estar incurriendo en delitos contra los derechos de los trabajadores y por su reiterado incumplimiento de resoluciones administrativas.

En una respuesta parlamentaria, el consejero ha detallado que el pasado lunes se realizó una nueva visita por parte de la Inspección de Trabajo al establecimiento hotelero, que constató que la dirección tenía constancia de que conocía el requerimiento de reapertura y que insistía en mantener el hotel cerrado por orden de su propietario Ernest Malyshev.

La inspectora de Trabajo constató, según ha relatado el consejero, que no se producían los motivos que alegaba la sociedad Las Dunas Land para mantener el cierre y que la actitud de los trabajadores encerrados era "completamente pacífica", lo que no justifica la negativa reiterada a reabrir el hotel.

La Inspección de Trabajo concluye su acta proponiendo a la Consejería de Empleo que apruebe una sanción de 90.000 euros tipificada como "muy grave" por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y en su grado máximo por el número de trabajadores afectados, que supera los 100. No obstante, el consejero ha añadido que la Junta podría elevar esta propuesta de sanción hasta los 187.515 euros si observa agravantes.

La Delegación de Empleo de Málaga instó el pasado 5 de junio a la sociedad Las Dunas Land a la reapertura inmediata del Hotel tras conocer que se habían cerrado sus instalaciones a las 00.00 horas de ese mismo día y que la empresa no había comunicado a la Junta, como autoridad laboral competente, sus intenciones y sólo había dirigido un escrito a los trabajadores justificando la medida en un "comportamiento agresivo contra los huéspedes y los empleados".

La Inspección de Trabajo constató el mismo día, en cambio, que la actitud de los trabajadores era "completamente pacífica, no advirtiendo existencia de peligro notorio, de violencia para las personas, ni daño grave para las cosas, muy al contrario estos trabajadores han venido manteniendo durante estos últimos meses una actitud abierta al diálogo".