Todos los días, si mantenemos la atención que, como seres humanos, nos es exigible, la sinrazón de la pobreza, el subdesarrollo o la mortalidad infantil nos demuestran que el destino de la humanidad no se puede limitar ya a los estrechos márgenes de los estados-nación, de los países o de las comunidades. Por lo tanto, hoy es necesario tener una visión integral y desarrollar una conciencia de responsabilidad universal.

El progreso de la humanidad está relacionado directamente con la ampliación de nuestra capacidad para apreciar como irrelevantes, desde el punto de vista ético, las diferencias que nos separan de los demás.

Los derechos humanos, desde el punto de vista legal o político, exigen una idéntica apreciación de todos los individuos, sea cual sea su condición, procedencia, cultura o religión. Esta clave universalista, que introdujo en nuestra cultura la Ilustración, se ha ido materializado a lo largo del siglo XX. Sin embargo, la situación de extrema necesidad en la que vive buena parte de la humanidad, la convierte en irrenunciable.

El futuro sostenible que queremos para nuestros hijos o para nuestros nietos exige que tengamos en cuenta a los otros, a quienes sufren, a quienes están en desigualdad de condiciones, porque ésta es una condición sine qua non para el progreso.

Una de las trabas para este futuro sostenible son precisamente los propios estados, que han fijado el marco de derechos civiles, para quienes exclusivamente habitan en sus territorios, un modelo que ya no responde a las nuevas necesidades de un mundo global.

Kant pedía en 1784 la integración de los estados en un macrocuerpo político capaz de hacer valer los derechos civiles del mundo. ¿Una utopía? No lo creo, pero estamos lejos de conseguir este objetivo.

Los estados nacionales sólo garantizan los derechos cuando se es ciudadano de esos estados. La identidad del ciudadano se forja, efectivamente, en la pertenencia a una comunidad nacional y en la inserción en una sociedad de productores y consumidores. Hoy en día, este modelo vigente es imposible universalizarlo. El estado-nación sólo garantiza la protección de los derechos humanos cuando existe la vinculación social y un determinado y bien delimitado territorio. Sin embargo, la demanda por parte de los individuos, de los mercados y de los propios estados generan conflictos continuos en un mundo globalizado.

Los problemas políticos, económicos y culturales, también del Derecho, son globales y necesitan, por lo tanto, respuestas globales. Así lo han dicho, y yo lo comparto, el presidente del Consejo General de la Abogacía y el secretario de Estado de Justicia.

Asuntos como el desarrollo o aquellos que atañen a los derechos que asisten a las empresas, a las instituciones bancarias o los derechos de las minorías ya no son cuestiones nacionales, sino que exigen una respuesta de la comunidad internacional.

Los vínculos entre nación y bienestar social se han roto con la globalización, un fenómeno más palpable con la crisis mundial que hoy estamos viviendo. Las diferencias entre ricos y pobres se han agudizado más, con los riesgos para la ciudadanía que ello implica. Que los problemas de lo demás sean relevantes es también la pauta del crecimiento en democracia.

Del sueño ilustrado, es posible aún extraer ideas que fundamentan la esperanza de alcanzar algún día la igualdad. La principal, según mi modo de entender las cosas, es que reconozcamos la mutua dependencia de los seres humanos de las comunidades y de las responsabilidades que de esto se derivan.

Todos los pueblos del mundo tienen un presente común. Permitir que todos tengan un futuro común es la idea general que yo creo que nos congrega aquí.

Si el derecho a vivir dignamente quiebra, con él quiebra todo el entramado normativo, las instituciones y la propia civilización que hemos construido en torno a este derecho esencial.

Recuperar la perspectiva cosmopolita de Kant supone trabajar por la extensión real de los derechos humanos a todas las personas; es decir, trabajar por la superación de localismos, los fundamentalismos y las etnicidades, y fomentar la solidaridad, la tolerancia y el respeto.

La tolerancia, según la UNESCO, no es sólo un deber moral, sino también una exigencia política y jurídica. Requiere, por lo tanto, una implicación activa y la responsabilidad de reafirmar en el día a día las normas establecidas en torno a los derechos humanos a nivel internacional.

A los responsables políticos se nos exige justicia e imparcialidad en la formulación de la ley. Se trata de estar atentos a las necesidades de los ciudadanos para que todos puedan disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin discriminación.

Los profesionales del derecho han de garantizar la justicia en la aplicación de la ley en sociedades multiculturales donde la diversidad no debería convertirse en un problema, sino en una fuente de riqueza y aun de comprensión.

Tenemos por delante el reto de articular fórmulas que hagan viable la ciudadanía universal para que el reconocimiento de esos derechos no dependa, como he dicho antes, de la pertenencia a un estado, sino de una cuestión de humanidad y solidaridad.

Este congreso puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre esta reto universal. Sólo desde el análisis sosegado de todo ello se pueden dar respuestas coherentes a los asuntos que plantea la mundialización de la economía, la aceleración de los flujos de personas e información y la vulnerabilidad de los grupos humanos en riesgo de exclusión.

El nuevo modelo de desarrollo que queremos construir busca crear una economía compatible con la mejora de la calidad de vida para todos, que no sólo se mida en términos de renta y bienes materiales, y este cambio es responsabilidad de todos, también del Derecho, que ha de dar una respuesta contundente a aquellos hábitos de comportamiento, producción y consumo altamente derrochadores y agresivos hacia el medio ambiente, por lo cual hay que buscar fórmulas para frenar decisiones económicas que atentan contra el bienestar social y la conservación de los recursos humanos del planeta.

Por otro lado, la deslocalización de muchas empresas (empresas trasnacionales) genera nuevos retos jurídicos, ya que éstas toman algunas decisiones económicas al margen de los marcos legales y de los estados.

Estamos, por lo tanto, ante un nuevo espacio jurídico y social que ha puesto sobre la mesa debates de aspectos tan importantes como la propiedad intelectual, las nuevas tecnologías, la concentración de medios de comunicación y la libertad de expresión o la inmigración, aspectos que van a ser tratados en profundidad a lo largo estas jornadas, como lo será también lo relativo al derecho de los negocios. El debate sobre la necesidad de que la honestidad presida cualquier iniciativa en el mundo de los negocios es una cuestión hoy mucho más que oportuna en un momento en que la crisis financiera internacional nos exige una redefinición del sistema económico imperante y de los códigos éticos y de comportamiento a nivel mundial.

Sé que todos ustedes se sentirán atraídos por el misterio de Sevilla, una ciudad plena de historia y de vida, mágica y dinámica, por utilizar palabras del profesor Reinmüller. Receptiva como pocas, ha sido puerta abierta al Mediterráneo y, desde luego, a todas los grandes civilizaciones que en ella surgieron.

Ha sido puerta de entrada al Atlántico con el descubrimiento del Nuevo Mundo, y ahora es puerta que abre África a Occidente, y Europa a la cultura africana.

Gracias por elegirla para celebrar un congreso como éste, que habla de tolerancia y de proyectos globales.

Deseo que se sientan tan bien acogidos en Andalucía como en su propia casa y que estas jornadas sean fructíferas, algo que, no tengo ninguna duda, contribuirá al bien de todos.