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El avance de la lengua de signos

28/05/2010
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La regulación del uso de la lengua de signos supondrá un impulso a la accesibilidad.

La regulación del uso de la lengua de signos supondrá un impulso a la accesibilidad.

Otra de las iniciativas que suponen un importante impulso a la accesibilidad es el anteproyecto de la Ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera. La norma, que ya ha iniciado su tramitación, establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española para la población andaluza afectada por este tipo de discapacidades, que supera las 176.000 personas.

Como principales novedades respecto a la ley estatal, la norma andaluza regulará los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Respecto a los intérpretes de lengua de signos, éstos podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión administrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral.

Asimismo, la norma promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva.

De igual modo, la Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

En cuanto al ámbito educativo, el anteproyecto incluye disposiciones para reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que ya se vienen utilizando en los centros escolares, así como para promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado.

Finalmente, la futura norma obligará a facilitar la accesibilidad a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical.

Para desarrollar estos objetivos, el texto incluye una memoria económica con una previsión inicial de 441,5 millones de euros hasta el año 2012.

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