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Intervención del presidente de la Junta de Andalucía en el Debate sobre el Estado de la Comunidad

09/06/2010
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Me permitirán, Señorías, iniciar este discurso sobre el Estado de la Comunidad solicitando la colaboración de todos los grupos políticos aquí representados. Colaboración en la crítica y en las propuestas. Colaboración en las coincidencias y en las discrepancias. Pero, sobre todo, colaboración para hacer de éste un debate sobre los problemas de Andalucía, de los andaluces y de las andaluzas, y sobre las distintas alternativas que podemos ofrecerles.

Porque el debate en el que hoy nos encontramos así lo merece, porque los ciudadanos así lo reclaman y porque, sin lugar a dudas, nuestro deber como políticos también nos lo exige. Somos una comunidad, Andalucía, que basa su autogobierno en la democracia representativa. Nosotros, diputados y diputadas de esta Cámara, no sólo somos los representantes del pueblo andaluz, sino también, porque así lo dice el artículo 11 de nuestro Estatuto de Autonomía, los encargados de promover una ciudadanía activa.

Y el instrumento para ello es la política. La que hemos de enaltecer para que sea no sólo un instrumento al servicio de los políticos, sino también al servicio de todos los ciudadanos. Para que les sirva en la formación de la opinión y en el fortalecimiento de su voluntad como pueblo, algo importante siempre, también este año, en el que conmemoramos el 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante. Para que, en definitiva, les sea útil y estimulante.

Por eso me van a permitir que también dirija mis palabras a los andaluces y andaluzas, ya que con ellos hemos adquirido compromisos y a ellos les debemos una explicación sobre la situación actual en nuestra Comunidad Autónoma y sobre cómo estamos trabajando.

Señoras y señores diputados, representamos en esta Cámara a una sociedad, la andaluza, madura, fuerte, tenaz y rigurosa. Una sociedad cohesionada a la que hoy se le está pidiendo, le estoy pidiendo, un importante esfuerzo. Una sociedad que está convencida de lo que puede conseguir y de cuál es el mejor camino para conseguirlo. Que, por ello, exige a sus representantes coherencia, complicidad y cercanía.

Me dirijo, pues, al conjunto de la ciudadanía desde esta Cámara. Y lo hago en un momento difícil que nos exige fuerza y audacia para afrontar los problemas. Y, sobre todo, solidaridad con los que peor lo están pasando.

Hablamos continuamente de crisis, porque es nuestra máxima preocupación. Es la palabra recurrente en todas las conversaciones, en todos los sectores sociales. La crisis tiene el nombre y los apellidos de todas aquellas personas que han perdido su empleo, que pasan dificultades económicas y que han tenido que posponer sus proyectos personales y familiares. Especialmente los de los jóvenes que sufren la incertidumbre y el desánimo.

En definitiva, la crisis nos obliga a ponernos en el lugar de todas las personas que la padecen a diario. Nos exige un compromiso colectivo. Un compromiso que el Gobierno andaluz asumió desde el momento en que empezaron a percibirse los primeros síntomas de que algo empezaba a ir mal.

Teníamos, y tenemos, un claro objetivo: mejorar la situación económica, que se deterioró a escala internacional en apenas unos meses. Y de hacerlo además de forma sostenida, sin pausa, y tomando medidas para que no vuelva a repetirse. Pero, sobre todo, tenemos una firme convicción: esta crisis ha de convertirse en una oportunidad para Andalucía. No podemos dejar que, tras ella, todo siga igual. Hemos de aprovecharla para mejorar. Sabemos que la economía de mercado funciona por ciclos. Que a uno de crecimiento le sigue otro de recesión. Así ha sido siempre y así, probablemente, seguirá siendo.

Pero, en este caso, la crisis, la fase baja del ciclo, ha tenido una profundidad, ha sido de tal magnitud, que nos va a exigir cambios en el funcionamiento del sistema. La magnitud de esta crisis nos obliga, eso sí, a revisar los hechos y las causas que la han provocado. En esta ocasión no vale limitarse a acelerar la recuperación sin atender a todo aquello que ha provocado la recesión. Porque si lo hiciéramos así, volveríamos a tropezar pronto con la misma piedra.

No podemos olvidar el origen de la crisis. Su naturaleza financiera. La subordinación de lo productivo a lo especulativo. Las causas que nos llevaron a ella. No les voy a recordar ahora todo lo que se dijo al inicio de la crisis por los distintos líderes mundiales ni les evocaré la conmoción ciudadana de aquel final de 2008, cuando los EE. UU. eligieron al primer presidente afroamericano de su historia e incluso instituciones guardianas de la ortodoxia monetarista como el FMI abogaron por todo lo contrario de lo que siempre habían predicado: más intervención pública, más déficit y más regulación.

Lo que se hizo, sin embargo, no fue exactamente lo que se propuso entonces. Mientras la utilización del déficit fue inmediatamente puesta en marcha, en algunos casos para ayudar a las entidades financieras y en otros para la prestación de servicios, el compromiso de regular los mercados financieros, fortalecer la supervisión de los organismos reguladores y gobernar a las agencias de rating no se puso, no se ha puesto, en práctica. Y muy probablemente haya sido esta forma de actuar la que ha provocado la situación de los mercados de la deuda.

La UE adoptó una decisión importante, el pasado 9 de mayo, al crear un mecanismo de intervención, con un fondo de 750.000 millones de euros, para tratar de frenar los movimientos especulativos. Un mecanismo de intervención que comprometía por primera vez a la Comisión, al Consejo, al FMI y a todos y cada uno de los Estados miembros.

Unidad de acción y solidaridad entre todos los gobiernos que, a su vez, se comprometieron a acelerar la reducción del déficit público hasta dejarlo, en 2013, dentro de los límites del PEC; es decir, en un máximo del 3% del PIB.

No fue una imposición, sino un compromiso, un intercambio: Más solidaridad a cambio de una reducción más acelerada del déficit, de una consolidación fiscal.

Fue, pues, un compromiso que nos atañe a todos. También a Andalucía. Porque formamos parte de la Unión, pero, sobre todo, por convencimiento propio. Porque nos conviene para la recuperación económica.

Andalucía es una región periférica que se ha beneficiado directamente de la integración europea. No sólo por las ayudas recibidas en forma de fondos estructurales, sino sobre todo, porque siempre que se ha avanzado en el proceso de mercado de la UE, le ha beneficiado a Andalucía.

Andalucía es hoy una de las pocas comunidades autónomas españolas que tiene equilibrada su balanza por cuenta corriente y ha aumentado progresivamente la internacionalización de su economía. Más Europa ha significado siempre más Andalucía.

En esta ocasión, también. Andalucía será como siempre lo ha sido un socio leal con Europa y cumplirá aquello a lo que nos hemos comprometido todos. Insisto: todos. Eso sí, trataremos de conservar un equilibrio entre reducción y estímulo, entre este ajuste y la incipiente recuperación, con el objetivo de que ésta se sostenga. Por eso queremos mantener ese margen de intervención pública que permita seguir impulsando la economía y hacer que se introduzcan cambios en el modelo productivo.

Más adelante les explicaré con detalle algunas de las decisiones que va a tomar el gobierno andaluz en el marco de este programa nacional de consolidación fiscal. Les expondré un conjunto de medidas para reducir el déficit y de impulso económico que tienen como objetivo no solo el cumplimiento de los compromisos que hemos asumido como país, sino la forma concreta en que queremos hacerlos efectivos, para que los primeros síntomas de recuperación que ahora vivimos se consoliden y para que el modelo de crecimiento que podemos estar iniciando sea más estable, más sostenible.

Tenemos, insisto, una responsabilidad aquí, en Andalucía. En esta crisis hay causas exteriores que no se han corregido. Hay, además, causas cuya solución está más en el ámbito de una decisión nacional e incluso internacional que en el de una comunidad autónoma. Cierto. Pero, con todo ello, también hay un margen de actuación regional, que está en nuestras manos adoptar. Y así lo hemos venido haciendo y así seguiremos haciéndolo.

Dejando en todo caso muy clara una cuestión que quiero enfatizar: que cumplamos nuestros compromisos, que avancemos en este camino de reducción progresiva del déficit no significa en absoluto que estemos dando por buena esa nueva oleada de críticas contra las CC. AA. que parece haberse instalado en determinados comentaristas y analistas de las finanzas públicas.

Se está pretendiendo trasladar la imagen de que el Estado de las Autonomías es el auténtico responsable de nuestros desequilibrios e incluso se ha tratado de presentar a las administraciones autonómicas como ejemplo de ineficiencia y derroche. Lo leemos cada día, lo oímos constantemente. Y no es verdad.

Creo, por ello, conveniente volver a destacar el papel relevante que han tenido las Comunidades Autónomas en la construcción del modelo de Estado de mayor éxito de cuantos ha tenido nuestro país.

No hace falta ser estudioso de nuestra historia contemporánea, es decir, de la historia de los Estados modernos, para saber que ningún otro modelo de organización del poder ha sido tan positivo para España como el que fue desarrollado por la Constitución de 1978. La contribución de las CC. AA. a la mejora de la competitividad de España y al desarrollo equilibrado de sus territorios es algo que deberían recordar quienes, desde el neocentralismo que nos invade, han olvidado esta historia.

Quienes critican el gasto público de las CC. AA. olvidan la contribución de éstas a la mejora del capital humano, la educación, el capital tecnológico, las infraestructuras, la apertura exterior de nuestra economía y, en definitiva, su contribución a la mejora de la economía nacional.

Y olvidan también que somos responsables de la aplicación del 70% de la legislación comunitaria. Que asumimos funciones básicas de un Estado social y democrático de derecho como la educación, la sanidad, los servicios sociales, los servicios públicos fundamentales. Y que en muchas ocasiones hemos terminado pagando las decisiones de otros.

Sería bueno recordar que el Tratado de Lisboa ha venido a reforzar el papel protagonista de las regiones. Europa tiene que profundizar en un modelo político de responsabilidad compartida, solidaridad y relaciones de mutua confianza.

Señorías, cuando este Parlamento me eligió, hace poco más de un año, para ser presidente de la Junta de Andalucía ya sabía que el tiempo que me iba a tocar no era fácil. Sabía de la realidad de la situación económica; sabía que era un momento complicado porque lo era para las personas, para los andaluces y andaluzas.

Estábamos entonces como ahora en el segundo trimestre del año. En el primero de 2009 nuestra economía había retrocedido más de un uno por ciento sobre el último de 2008 y se destruía empleo. Un año después, es decir ahora, la situación es distinta: en el primer trimestre de 2010 hemos abandonado la recesión y hace ya ocho meses que no se destruye empleo.
Hoy, más allá de la incertidumbre de las turbulencias internacionales, más allá de los movimientos especulativos de los mercados de la deuda, la recuperación ha iniciado un camino. La economía andaluza ha vuelto a crecer, el 0,5% en el primer trimestre, muy por encima de la media de España. Se ha vuelto a crear empleo, después de dos años de recesión y destrucción de puestos de trabajo. El número de ocupados en Andalucía también ha aumentado, mientras que en el resto de España no lo hacía.

No podemos estar satisfechos con este repunte positivo. Las cifras de paro siguen siendo extraordinariamente elevadas. No les quepa duda de que, si hay un elemento de la actual situación de Andalucía que me angustia, es el desempleo. Andalucía transformó todas sus estructuras más tarde y más deprisa que la inmensa mayoría de las regiones de Europa. Sin embargo, nuestro proceso de convergencia ha sido ejemplar en este contexto europeo.

Se han alcanzado después de tener que haber acometido una profunda reconversión del sector agrario, a muchos habría que recordárselo. Después de conseguir acabar con la emigración, después de impulsar la incorporación de miles de mujeres al mercado laboral y después de diversificar la economía andaluza. La senda de convergencia andaluza, también en niveles de empleo, se estaba cumpliendo cuando nos sorprendió la crisis. Y todo lo que hacemos desde entonces está dirigido a atajar el aumento del paro. No tenemos otro reto en el corto plazo que atajar el desempleo, especialmente el de los jóvenes.

Dicho lo cual, lo cierto es que el mercado laboral se está empezando a mover. Pero, Señorías, el actual momento económico internacional es imprevisible. La situación de los mercados financieros, especialmente de los mercados de la deuda, es de una extrema fragilidad. De ahí que nadie pueda asegurar hoy que estamos en el camino de una recuperación estable.

Hemos empezado, sí, a ver cómo los principales indicadores económicos se recuperan, cómo mejora la oferta y la demanda; cómo evoluciona mejor el empleo; pero nada puede darse hoy por garantizado. Eso sí: también habrá que decir que, por la misma regla de tres, tampoco se puede asegurar lo contrario. Es decir, tan infundado sería dar por irreversible la recuperación, como augurar desastres y recaídas irremediables. De hecho, muchos de los análisis derrotistas los escriben hoy los mismos que antes alababan la solidez de nuestro espectacular crecimiento.

Por eso, lo importante es seguir y seguir, perseverar, en todo aquello que está demostrando que es eficaz. Porque creo sinceramente que buena parte del trabajo que hemos desarrollado desde el gobierno andaluz para combatir la crisis está empezando a rendir frutos.

El Gobierno andaluz fue el primero en actuar ante los primeros síntomas de la crisis. Hablo de febrero de 2008, cuando todos (digo bien: todos) preveían que España seguiría creciendo por encima del 2%. El gobierno andaluz comprobó entonces una cierta retracción del sector de la construcción y comenzó a licitar obra pública.

Anticipación, sí; pero también con el mayor grado de consenso posible, con diálogo social. La gravedad de la situación así lo requería y por ello apelábamos al consenso desde la responsabilidad. Fruto de ello fue la firma en noviembre pasado del VII Acuerdo de Concertación Social, que sirvió para unir a las medidas contra la crisis una visión más abierta del futuro.

Señorías, en este primer año, el gobierno andaluz se ha visto obligado a adoptar medidas de carácter coyuntural contra los efectos más indeseables de la crisis. Hemos impulsado la inversión pública, los Fondos Reintegrables a pequeñas y medianas empresas, el acceso al crédito de las pymes, las ayudas a empresas viables en dificultades...

También hemos aprobado los Programas de Empleo PROTEJA Y MEMTA, que, como saben sus Señorías, son los únicos de carácter autonómico que complementaron a los Planes estatales de inversión local.

Y con el objetivo de sostener las rentas de las familias andaluzas el Gobierno andaluz ha aprobado medidas como:

La extensión de la gratuidad de los libros de texto y el transporte escolar.
La creación de las Becas 6.000.
Las aulas matinales y comedores escolares.
Las bonificaciones en servicios públicos de guarderías.
El complemento de las Becas Erasmus.
La ampliación del programa Escuela TIC 2.0
Los Servicios de Dependencia.
La atención bucodental gratuita.
Los complementos a los perceptores de pensiones asistenciales y no contributivas.
La gratuidad de los medicamentos para los menores de un año, etc.

Señorías, ningún gobierno autonómico ha destinado más recursos a luchar contra la crisis, para que dañara menos a las familias con menos ingresos. Han sido 13.625 millones de euros, un 9,3% del PIB. Y lo hemos hecho con las luces largas tratando de que la salida de la crisis se produzca en las mejores condiciones.

Es decir, tratando de consolidar y hacer efectivo cambios en el patrón de crecimiento; un modelo más sostenible y competitivo, basado en el valor añadido, en la innovación, en las nuevas tecnologías. Algo que considero más urgente y necesario que nunca si queremos consolidar y afianzar los signos de recuperación económica.

Esta necesidad de cambio nos ha llevado a aprobar reformas estructurales.

Hablé en mi investidura de las siete líneas fundamentales para asegurar este cambio, para fortalecer nuestra economía y para asegurar nuestra convivencia desde bases más sólidas:
La seguridad jurídica.
La reforma de la Administración.
La libre competencia y una mayor liberalización del sector servicios.
La innovación.
La sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales.
La igualdad de oportunidades.
Y el diálogo social.

Todas ellas han sido objeto, durante este último año, de un impulso decidido por parte del gobierno andaluz. La reforma del Estatuto nos dio la posibilidad de establecer un marco legal más coherente y estable con las necesidades actuales de la sociedad andaluza.

Las leyes locales, junto con el nuevo modelo de financiación, el reconocimiento de nuestra población para la inversión pública del Gobierno de España, y la cuantificación y liquidación de la deuda histórica, han supuesto el desarrollo y cumplimiento de aspectos fundamentales de nuestro Estatuto.

En este último año se han tramitado un total de 15 iniciativas legislativas, que ascienden a 22 si consideramos el total de la legislatura. Además, en el último año, el Consejo de Gobierno ha iniciado los trámites de otros 7 Anteproyectos de Ley. Casi todas estas iniciativas desarrollan preceptos básicos del Estatuto. Podemos destacar, dentro de una perspectiva social, la ley del derecho a la vivienda o la ley reguladora de la dignidad de las personas en el proceso de la muerte.

En relación con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, hemos aprobado la Ley de Aguas, el Proyecto de Ley de la Dehesa y el Anteproyecto de la Ley del Olivar.

Por otro lado, desde el gobierno andaluz, en aras de una mayor agilidad y eficacia, se ha empezado a trabajar en fomentar procedimientos y medidas extrajudiciales alternativos de resolución de conflictos. En este sentido, se ha constituido la fundación Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Simultáneamente a estas actuaciones legislativas, hemos venido desarrollando otras, orientadas a construir una administración más ágil, estructurada y eficiente, en el convencimiento de que ello favorece la actividad empresarial y, por consiguiente, la creación de empleo.

En cuanto a la estructura administrativa y territorial, asistimos en el pasado Pleno a la aprobación de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma. Esto es desarrollo del Estatuto de Autonomía, algo que no ha hecho nadie.

Con ellas se fijan las competencias propias de los ayuntamientos andaluces y de las diputaciones, además de potenciar su financiación incondicionada, a través de la participación en los tributos; reforzar su autogobierno y establecer una exigencia de mayor transparencia. La financiación incondicionada se multiplica y se avanza también en competencias concretas de los municipios. Nuestro Estatuto es hoy un acabado ejemplo de esta articulación del poder en el territorio.

Y su desarrollo lo está siendo de igual forma. Hemos sido la primera comunidad autónoma en desarrollar la Constitución en cuanto a la definición de competencias entre las distintas instancias territoriales. Hemos sido pioneros en la legislación local, en reforzar el papel de los municipios y en reforzar el principio de seguridad jurídica en la atribución de competencias.
Por otra parte, el Gobierno andaluz está llevando a cabo una reorganización de toda la estructura de la Junta de Andalucía. Esta nueva arquitectura organizativa dotará a la administración pública de una mayor agilidad y racionalidad. A esta nueva organización me referiré más adelante, pero sí quiero destacar que, desde que se inició la misma, se han reducido en dos el número de consejerías y en 39 el número de altos cargos. Esto era el principio de lo que vamos a seguir haciendo.

Señorías, si algo nos ha enseñado la crisis, es que no podemos dejar actuar libremente a los mercados. Garantizar la competencia exige regulación. Garantizar los derechos del consumidor, también. Es lo que hemos pretendido con las instituciones andaluzas de defensa de la competencia y con la reciente Ley de reforma de los servicios que ha modificado 16 leyes andaluzas, 3 de ellas reguladoras del sector comercial. Se han eliminado barreras administrativas, se han simplificado los procedimientos, estamos asistiendo a la dinamización del sector servicios y se ha ampliado la oportunidad de la actividad exportadora de las empresas de nuestra región.

Con estas reformas estructurales estamos dando más transparencia a los mercados al tiempo que los hacemos más competitivos.

La economía andaluza, señorías, no tiene tanto un problema de competitividad como de productividad. Somos una de las pocas CC. AA. de España cuya balanza por cuenta corriente está equilibrada. Pero nuestra productividad es baja. La productividad se obtiene sin reducir los costes laborales, sino favoreciendo la innovación, la formación, las nuevas tecnologías, la educación y la calidad. Es lo que hemos venido haciendo y creo que con resultados tangibles.

En Andalucía hay más de 87.000 empresas que trabajan en la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía y 215 Centros de apoyo al desarrollo empresarial. 134 empresas pertenecen a la Corporación Tecnológica de Andalucía, que cuenta con 300 proyectos de I+D. Y 156 participan del Fondo Tecnológico de la UE con 74 proyectos en marcha que movilizan una inversión privada de 238 millones de euros.
Somos la tercera región en solicitud de patentes y en producción científica. Durante 2009, hemos sido la única región, junto con Madrid, que ha registrado un ascenso. Hemos superado ya el 1% del PIB en I+D y tenemos a ocho CC. AA. por detrás de Andalucía. Pero hay un problema que hemos de corregir. Estamos entre las primeras CC. AA. en I+D de las administraciones públicas y de las universidades. En I+D en la enseñanza superior, sólo nos supera Cataluña y estamos por delante de Madrid. Pero el sector privado sigue por debajo de la media nacional. Y así, mientras la aportación pública al I+D es en Andalucía del 66,4%, en el conjunto de España tan sólo es del 45%. Muy alentadora es, en todo caso, nuestra política de conexión entre universidad y empresa.

Andalucía lidera la creación de empresas a partir de la investigación universitaria, las llamadas spin-off (125), gracias al programa Campus. Y, en este terreno de la investigación, como motor de cambios económicos he de mencionar la fuerte implantación de la investigación biomédica en Andalucía.

He dicho muchas veces que el objetivo de la Andalucía Sostenible que queremos ir construyendo se basa no sólo en encontrar nuevos campos para la actuación empresarial, sino también en hacer mejor lo que ya sabemos hacer. El conocimiento, es decir, la inteligencia y la capacidad de las personas, ha de ser el eje del crecimiento económico. Pretendemos una economía basada en el conocimiento, la igualdad de oportunidades y la responsabilidad. Y, en esto, la educación se convierte en la pieza clave de nuestro modelo económico, en la garantía de prosperidad, de equidad y eficiencia.

Saben que, desde mi investidura como presidente de la Junta de Andalucía, no he dejado de apostar por la educación. Hemos trabajado con intensidad en el desarrollo de la Ley de Educación de Andalucía. Hemos debatido sobre los problemas y necesidades del sistema educativo creando un grupo de trabajo específico en este Parlamento.

Y, en la actualidad, estamos impulsando la iniciativa Esfuerza, un catálogo de compromisos para mejorar los rendimientos del alumnado y universalizar el éxito escolar. Para conseguir el mayor respaldo y reconocimiento al profesorado, para apoyar e implicar a las familias al máximo en la educación de sus hijos, para que la educación contribuya al cambio hacia la economía sostenible y favorecer la implicación del conjunto de la sociedad en los desafíos educativos. No hay tarea más apasionante, ardua y necesaria que la de mejorar la educación de nuestros hijos e hijas, ni materia que más valoren los andaluces y andaluzas, que durante tiempo carecieron de las oportunidades educativas que se disfrutaban en otros territorios de España.

La igualdad de oportunidades nos exige que cada andaluz llegue al límite de sus posibilidades, que nada le impida alcanzar su desarrollo profesional o personal. Por ello, el objetivo de todas nuestras políticas es garantizar la accesibilidad a todo cuanto mejore esa igualdad en las oportunidades.

La universalización del acceso a Internet en banda ancha, la creación de la beca 6000, la Escuela TIC 2.0, el anteproyecto de ley de lenguaje de signos, el Primer Plan Estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres, el bono cultural, la ley de dependencia, la gratuidad de libros de texto o del transporte escolar, o que el 99% de los andaluces se encuentren a menos de veinte minutos de un centro hospitalario son, entre otros muchos, ejemplos de que este Gobierno trabaja para que todos los andaluces tengan igualdad de oportunidades.

La otra cara de la igualdad de oportunidades es la responsabilidad. Hemos construido una sociedad de derechos y queremos hacerlos efectivos con la igualdad de oportunidades. Eso implica también más responsabilidad. Porque nada en esta política puede ser a fondo perdido.

Por una parte, porque toda inversión en conocimiento, en formación, se devuelve siempre multiplicada a la sociedad que ha invertido en ellos. Y además, porque el éxito de los emprendedores que han recibido apoyos para esta forma nueva de competir se suele repartir en forma de empleo y riqueza a la sociedad que lo hizo posible.

Pero, si queremos cerrar este círculo, debemos entender que, para que las ayudas puedan multiplicarse y tener una mayor incidencia en la sociedad, la mejor forma de darlas es mediante préstamos reintegrables, asequibles, que puedan devolverse para impulsar nuevas ideas. Así lo estamos haciendo. Hemos sustituido una buena parte de las subvenciones y las ayudas a fondo perdido por préstamos y avales, por capital riesgo y por fórmulas que permiten ayudar más a los que más se ayudan, a los que más ponen para el éxito. Lo hacemos a partir de activos financieros, bien sea con fondos propios bien con fondos ICO.

Eso sí: donde el esfuerzo público ha de tener una mayor intensidad es en el apoyo a los trabajadores autónomos y a la economía social. Tienen su ilusión, su trabajo y su capacidad para asumir riesgos. No tienen, en cambio, capital, no tienen recursos; sólo su trabajo, y, por eso, hemos de apoyarlos para que puedan tener todo lo demás.

Ésta es la filosofía de Andalucía Sostenible. Ganar productividad con mayor innovación, más inversión en conocimiento, formación, calidad y valor añadido. Sectores tradicionales a los que estamos orientando en nuestra política de estímulo económico, como el agroindustrial y el turismo. También la construcción o el aeronáutico de tanta tradición andaluza. Y sectores emergentes y de futuro, como la ingeniería, el agua, las energías renovables, la educación, la salud, los servicios sociales, la cultura o el medio ambiente.

Economía sostenible, porque apuesta por ganar competitividad con un aprovechamiento racional de los recursos naturales. Es prioritario trabajar, no sólo para un mayor crecimiento económico, sino para un crecimiento económico competitivo, sostenible en el tiempo y respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, hemos aprobado fondos reintegrables para el impulso de proyectos innovadores de energías renovables, que han ayudado a que esta potencia instalada se haya incrementado en un 105% desde 2007; el impulso de Andalucía como biorregión; la adaptación de los municipios de Andalucía a la Ley de Ordenación Urbanística de nuestra región; el Pacto de alcaldes por el cambio climático, la aprobación de la Ley de la Dehesa, la de Aguas o la ejecución del Plan de Infraestructuras del Agua en 2009.

Andalucía Sostenible es un objetivo compartido. Es de la sociedad andaluza y fruto además de un gran acuerdo tripartito entre el gobierno andaluz y los verdaderos protagonistas de la economía andaluza. Como ya les dije, el pasado mes de noviembre se firmó con los agentes sociales y económicos de nuestra región el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.

Un acuerdo que recoge 351 medidas y se articula en dos grandes bloques dirigidos a alcanzar sendos objetivos fundamentales: superar la actual crisis económica y seguir desarrollando las reformas estructurales necesarias para consolidar ese nuevo modelo productivo al que me he venido refiriendo.

A partir de este VII Acuerdo, se han consensuado también con los agentes económicos y sociales aquellas medidas concretas que vamos a incorporar a la Estrategia de Sostenibilidad del Gobierno de España.

En mi discurso de investidura, me referí al diálogo social como una de las siete líneas básicas para consolidar una economía mejor. No era sólo una propuesta. Era además una exigencia estatutaria que también hemos cumplido en este último año.

Señorías, les acabo de exponer la acción del gobierno en este último año. Un año muy intenso, en el que los factores externos han presionado sobre nuestra estructura económica, como tal vez no había ocurrido con ninguna crisis anterior que hayamos vivido los que tomamos asiento en este Parlamento.

Pero, como ya avancé al inicio de mi intervención, este incipiente proceso de recuperación se está viendo amenazado por las nuevas turbulencias financieras provocadas ahora en los mercados de deuda pública. Vuelvo a recordarles ahora el contrato al que llegamos el pasado 9 de mayo en la Unión Europea: un Fondo de Estabilización y un compromiso de los gobiernos europeos con la reducción del déficit público.

Se trata de hacer menor la necesidad de endeudamiento público y de enviar un mensaje claro sobre el compromiso y la capacidad de los países europeos para hacer frente a su carga financiera. Éste ha sido el momento elegido para acelerar la consolidación de las cuentas públicas, y no antes. Porque ahora Europa ha salido de la recesión y se puede combinar la reducción del déficit con el mantenimiento de un impulso público.

¿Qué significa esto para Andalucía?

Obviamente, un menor déficit y, al tiempo, una política escrupulosa de impulso económico para permitir que los inicios que se atisban de recuperación se consoliden. El Gobierno de España, en función de este acuerdo, ha variado las previsiones de reducción del déficit para las CC. AA., aumentando su esfuerzo de consolidación presupuestaria en 2010 y 2011.

Mantiene el objetivo de 2013, pero es verdad que reduce el tope de déficit para este año en una décima del PIB y del año próximo en cuatro décimas.

Para hacer frente a estos nuevos objetivos, el gobierno andaluz va a poner en marcha un conjunto de medidas que van en tres caminos:

Incremento de los ingresos y mejora de la recaudación y la progresividad fiscal.

Reducción del gasto público. Reestructuración del sector público para mejorar su eficiencia.

Dentro del primer ámbito, está previsto un conjunto de medidas para incrementar los ingresos, la mayoría de ellas de carácter fiscal cuyos efectos, en gran parte de los casos, se producirán a partir de 2011.

Unas medidas son de racionalización administrativa y simplificación de trámites. Otras son medidas tributarias con relación a los impuestos sobre los que hemos asumido competencias.

En primer lugar, respecto al IRPF, tratamos de mejorar la progresividad del impuesto aumentando la tributación de las rentas más altas. Así, desde el 1 de enero de 2011, se crean tres nuevos tramos en la tarifa autonómica del IRPF. El primero, para bases entre 80.000 y 100.000 euros, que tributarán al 22,5%; el segundo, para bases liquidables entre 100.000 y 120.000 euros, que tributarán al 23,5%; y el tercero, para bases superiores a los 120.000 euros, que tributarán al 24,5%. Es decir, un incremento de uno, dos y tres puntos, respectivamente. Se trata de aumentar la progresividad fiscal y que los sacrificios se repartan equitativamente.

En segundo lugar, queremos hacer que el sector financiero también contribuya al esfuerzo que estamos pidiendo a todos: creamos para ello el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Un impuesto que gravará el stock de depósitos en las entidades financieras con presencia física en Andalucía. El 0,3% hasta 150 millones de euros en depósitos; 0,4% hasta 600 millones y 0,5% para más de 600 millones. Serán deducibles de la cuota del Impuesto los préstamos, créditos e inversiones que, con el acuerdo del gobierno andaluz y las directrices que establezcan las Leyes del Presupuesto, se destinen a proyectos públicos y privados de Andalucía en la Estrategia de Andalucía Sostenible. También será deducible la Obra Social de las cajas de ahorro.

En tercer lugar, avanzamos en la imposición con fines ecológicos o medioambientales. No pretendemos un objetivo recaudatorio, sino una mejora del medio ambiente y de la sostenibilidad. Crearemos así un Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un solo uso en Andalucía. Un impuesto propio, de 10 céntimos por bolsa: pretende incentivar el uso de otros productos más compatibles con la protección del medio ambiente y el reciclaje. El impuesto se liquidará en la Administración Tributaria por parte de los establecimientos comerciales.

En esta misma línea, se incrementará, en cuarto lugar, el tipo aplicable en el impuesto sobre residuos radiactivos. El tipo pasará de 7.000 a 10.000 euros por metros cúbicos de residuo radioactivo de baja y media actividad.

En quinto lugar, y siguiendo en esta misma línea, aumentarán los tipos impositivos en el Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte para vehículos altamente contaminantes. En el caso de quads o motos náuticas aumenta el tipo impositivo del 14,75% al 16%. En el caso de embarcaciones y buques de recreo, aumenta el tipo impositivo del 12% al 13,2%.

En sexto lugar, implantaremos en Andalucía el céntimo sanitario, que ya está en vigor en CC. AA. como Madrid, Asturias, Cataluña, Galicia, Valencia o Castilla La-Mancha. Es decir, regularemos el tramo autonómico del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos con los siguientes tipos aplicable a los distintos productos que son objeto de gravamen: Gasolinas y Gasóleo de uso general: 24€/1.000 litros; Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 2€/1.000 litros; Fuelóleo: 1€/tonelada, y Queroseno de uso general: 24€/1.000 litros.

En séptimo lugar, procederemos a la revisión de los beneficios fiscales en los distintos impuestos sobre los que la Comunidad Autónoma tiene competencias, con criterios de progresividad y no duplicidad.

El otro apartado de estas medidas sobre los ingresos es la intensificación y reforzamiento de las medidas de lucha contra el fraude fiscal. Vamos a potenciar la coordinación entre las distintas administraciones tributarias, mejorando los protocolos y unificando la información a través del uso del censo compartido. Asimismo, se pondrán en marcha medidas de concienciación sobre los efectos del fraude, y sobre todo el carácter insolidario de los defraudadores.

También en materia de ingresos hay que destacar las medidas para mejorar los ingresos por la ley de dependencia, como consecuencia de la aceptación de la posición de Andalucía, respecto de un reparto de fondos que tiene más en cuenta los beneficiarios reales y no potenciales.

Visto el apartado de los ingresos, el segundo de los ámbitos, a los que hacía referencia y sobre el que vamos a actuar es el de la reducción del gasto público.

La primera medida ya adoptada ha sido la traslación de las medidas de reducción del 5% en las retribuciones del sector público adoptadas por el gobierno central. En este sentido, se ha aprobado el decreto-ley, que incluye una reducción del 15 por ciento en las retribuciones totales de los miembros del gobierno andaluz y que persigue que dicha reducción se extienda de manera homogénea, con los mismos criterios de progresividad, al conjunto de los trabajadores y directivos del sector público, incluidas las empresas y demás entes públicos.

Adicionalmente, se va poner en marcha una estrategia de racionalización de los recursos humanos al servicio de la administración andaluza. Ello implicará la reducción de un 15% de horas extras y una congelación de plantillas hasta 2013, en la que sólo se cubrirá el 10% de la tasa de reposición, en los servicios públicos no fundamentales.

Dentro de este apartado de reducción del gasto, se incluyen nuevas medidas destinadas a reducir los gastos operativos. En ese sentido, se va a proceder a una reducción adicional del 10% en el conjunto de las partidas afectadas por el plan de austeridad puesto en marcha en el presupuesto, tales como protocolo, información institucional o publicaciones.

Elaboraremos un plan de sedes con el objetivo de reducir alquileres y otros gastos de funcionamiento. Se va a proceder a la revisión de todos los contratos de arrendamiento. Se van a aplicar normas de restricción de disponibilidad de vehículos oficiales, procediendo a la disminución del parque de vehículos. En este mismo sentido, se va a proceder a la reducción de un 10% de los gastos de dietas y locomoción. De manera complementaria a las medidas puestas en marcha por el gobierno de la nación en el ámbito farmacéutico, se van a adoptar un conjunto de acciones para racionalizar el gasto sanitario, con la implantación de medidas de eficiencia en las compras y el consumo, tales como la creación de plataformas logísticas provinciales, creación de catálogos universales y bancos de productos, o la revisión de los procesos industriales, de los servicios de lavandería o alimentación.

Por último, en el ámbito del gasto, se va a proceder a una reprogramación de las inversiones directas y de los gastos de capital, por importe de 846 millones de euros. Esto supone el 11,9% de los gastos de capital previstos en el presupuesto. Con ello las inversiones se sitúan en el 4,4% del PIB, porcentaje superior a la media de inversión del conjunto de las CC. AA., sin perjuicio de las fórmulas de colaboración con la iniciativa privada a las que luego me referiré.

Señorías, además de actuar sobre ingresos y gastos, nos disponemos a mejorar la eficiencia de nuestra Administración. Este tercer ámbito incluye la reestructuración del sector público. No se trata sólo de una medida de ajuste del gasto, sino de hacer más operativas, más racionales y eficientes, las estructuras con las que funciona la Administración de la Junta y, muy señaladamente, las empresas públicas.

Para ello, el plan contempla tres líneas de actuación.

La primera, la reducción del número de entidades instrumentales. En el inventario del Ministerio de Economía y Hacienda se señalan como empresas o entidades públicas dentro del ámbito de la Junta de Andalucía algunas que no son propiamente empresas públicas, como la misma Junta, las diez Universidades, la Agencia Tributaria o los 51 Consorcios municipales como pueden ser los de transportes o los de saneamiento. Eliminados del cómputo éstas, nos quedan 255, y en este proceso de refundación vamos a suprimir prácticamente la mitad, 110, por absorción, transformación, fusión o extinción.

Pero no se trata sólo de suprimir o reducir el número, sino de mejorar su estructura territorial y su gobierno. Por eso, la segunda línea se refiere a la simplificación de la estructura periférica, que implica concentración de sedes, pero no disminución de la presencia institucional en el territorio. Eso sí, con un menor coste como consecuencia de la unificación de servicios comunes y economías de escala.

Y la tercera línea se refiere a una mejora de la gobernanza y la organización, que implicará una reforma de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, para modificar el esquema organizativo, adaptando la tipología, organización y funcionamiento de las entidades a la finalidad para la que se constituyen. Asimismo, se intensificará el control del gobierno sobre ámbitos de gestión estratégicos de las entidades, como la toma de participaciones en otras empresas.

El conjunto de estas medidas sobre los ingresos y sobre los gastos supondrán un menor déficit para 2010 de 1.583,5 millones de euros, de los cuales 75,5 millones serán por mayores ingresos, dado que la mayoría de las figuras tributarias entrarán en vigor a partir del año que viene.

Tal y como he apuntado antes, junto con estas medidas de reducción del déficit, el gobierno adoptará decisiones para consolidar el impulso del sector privado como motor de la recuperación y para acelerar los cambios ya iniciados en nuestro modelo productivo. El sector público va a seguir proporcionando los medios para asegurar un cambio en el patrón de crecimiento actuando sobre la mejora del capital humano, con el programa Esfuerza, y del capital tecnológico.

Por esta razón, vamos a adoptar medidas en cuatro vertientes complementarias con instrumentos que generen confianza, impulsen el espíritu emprendedor y mejoren nuestra capacidad de innovación como motores del crecimiento económico.

En primer lugar, vamos a partir del propio sistema educativo para iniciar el próximo curso escolar de forma progresiva un Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el sistema educativo andaluz. Además, la apuesta por la excelencia en la educación, la igualdad de oportunidades y el conocimiento queda plasmada también en el Programa de Becas Talentia, que con una inversión de más de 12 millones de euros ya ha dado la oportunidad a más de 400 jóvenes andaluces de demostrar su capacidad en las mejores universidades extranjeras.

Este año se van a conceder 300 becas más para que nuestros mejores jóvenes tengan la mejor formación y adquieran conocimiento para ser aplicado en nuestras empresas, universidades y centros de investigación tras su retorno a Andalucía.

En segundo lugar, se va a proceder a una mayor agilización de la administración pública en lo que respecta a los emprendedores. En este sentido se van a presentar cinco iniciativas para:

Una. Regular la declaración de interés autonómico de inversiones empresariales. Esta declaración tendrá importantes consecuencias, pues hará que los procedimientos administrativos gocen de tramitación preferente y urgente, y verán reducidos a la mitad los plazos ordinarios de trámite para todas las administraciones públicas de Andalucía.

Dos. Extender el uso de la figura de la declaración responsable o licencia condicionada en todos los casos donde no se opongan razones imperiosas de interés general, lo que permitirá al empresario iniciar directamente su actividad sin necesidad de tener que esperar a las autorizaciones o licencias de la administración.

Tres. Eliminar en 2010 y 2011 la obligación de aportar fianza en los procedimientos de adjudicación de los contratos que se liciten por las distintas administraciones de la Junta de Andalucía. Esto supondrá liberar a las empresas recursos por aproximadamente 55 millones de euros cada uno de los dos años.

Cuatro: Favorecer la instalación en polígonos industriales de empresas que actualmente se sitúan en cascos urbanos. A esta iniciativa se destinarán 50 millones de euros.

Y cinco, se impulsarán los contratos de colaboración público-privada, a los cuales se les aplicará el procedimiento de urgencia, con la finalidad de minimizar el efecto que el ajuste del gasto del sector público pueda tener en la inversión privada.

En este sentido, fruto de un intenso diálogo con empresarios y entidades financieras, vamos a sacar a licitación, bajo esta fórmula de colaboración, entre el segundo semestre de este año y el primero de 2011, un paquete de inversión en infraestructuras por un importe de 2.676 millones de euros.

En tercer lugar, para fomentar la actividad productiva, vamos a destinar 50 millones de euros del Fondo de Economía sostenible a facilitar la financiación de microempresas, que contribuyan de manera especial a la sostenibilidad económica; la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social.

Vamos a impulsar con el Fondo de Desarrollo Empresarial la atracción de empresas de base tecnológica y su transformación en empresas de alto crecimiento. Este fondo se dirigirá a actuaciones de reconversión industrial de sectores tradicionales y a nuevos sectores como las energías renovables, ecoindustrias, TIC, biotecnología e industria aeroespacial, que podrían convertirse en los motores del cambio de modelo productivo. Las medidas previstas para el fomento económico de estas iniciativas incluirán desde la fase de incubadora de estas empresas, hasta su puesta en marcha mediante una combinación de instrumentos financieros: aportaciones de capital, subvenciones, avales y préstamos a largo plazo.

En cuarto lugar, el nuevo Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013, dotado con 250 millones, abordará una actuación integral que, desde todos los departamentos, impulse las ventas al exterior de nuestras empresas.

Y, por último, está el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que tiene programada una inversión de 291 millones de euros de 2010 a 2014, cofinanciados por el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma. Creo que es el momento de destacar el papel importantísimo que han desempeñado estos programas, junto con el PER, en la sostenibilidad social y territorial de Andalucía. En su conjunto, han servido para mantener los equilibrios poblacionales de nuestra tierra, para hacer una transición al empleo, para la formación empresarial y para el aprovechamiento económico de la riqueza autóctona. Los PDR, los PDS y el PER han sido, y siguen siendo, programas modélicos para la cohesión social y territorial de Andalucía.

Señorías, a las propuestas citadas hay que añadir medidas para una mayor solidaridad en el mercado de trabajo. Tenemos en estos momentos la mayor cobertura en la protección de desempleo de nuestra historia. Pero se trata también de encontrar medios para acercar a las personas con más dificultades, o por su escasa formación o por su edad, a las oportunidades de empleo. Al programa DUO de empleo y formación que les anuncié en una sesión plenaria reciente vamos a sumar dos nuevas iniciativas de solidaridad.

Por un lado, la puesta en marcha también en este mes de junio del nuevo PROTEJA, que se relaciona con los planes del Gobierno de España. Tendrá una dotación de 225 millones de euros y su diversificación será también pareja a la del Plan E. Y, por otro lado, un programa de apoyo al empleo de jóvenes menores de 30 años, y de parados y paradas de larga duración. El primero de ellos, destinado a programas de formación en alternancia con becas, de apoyo al empleo en el tercer sector y de movilidad contará con una dotación de 351 millones para este año.

El segundo, para formación y empleo de personas mayores de 45 años paradas de larga duración tendrá una dotación de 103,6 millones, de manera que para el periodo 2011- 2013 sumará 310,8 millones de euros.

Señorías, la economía española en su conjunto y también la andaluza viene sufriendo desde el comienzo de la crisis la restricción del crédito. De todas las medidas que pueden favorecer el crecimiento de la economía, ninguna sería tan potente como la fluidez del crédito. Que los empresarios y las familias puedan encontrar financiación en la medida de sus oportunidades y, naturalmente, de su capacidad.

Es verdad que la crisis financiera obliga a reducir el endeudamiento familiar y empresarial, pero no hasta el extremo de asfixiar la actividad económica, porque no se descuente papel, no se den créditos o no se negocien pagarés como siempre se hizo, y eso está determinando la marcha de la economía. El gobierno andaluz ha asumido, en parte, funciones para paliar el cierre de los grifos del sector bancario al incluir entre sus medidas los activos financieros a empresas.

Incluso de forma directa, cuando canales como el del ICO no lleguen al mundo de los emprendedores. El negocio de las entidades financieras no es que se meta dinero en ellas, sino prestarlo, y si no lo prestan es porque tienen dificultades. Pero es necesario y urgente conseguir el saneamiento y la restructuración del sector financiero español y, por ende, del andaluz.

Como saben sus señorías, ha habido acuerdo entre el presidente Zapatero y el líder de la oposición en la necesidad de culminar ese proceso de reconversión y nosotros lo vamos a apoyar totalmente. Por lo que se refiere al andaluz, y teniendo en cuenta las competencias tutelares que le corresponden a mi gobierno, que me obligan a mantener una exquisita neutralidad, ya que hay determinadas actuaciones de las cajas de ahorro que deben ser autorizadas por el Gobierno andaluz, sí quiero dejar dichas las prioridades a las que me gustaría que nos comprometiéramos entre todos los grupos políticos de esta Cámara.

En primer término, apoyar la restructuración y saneamiento del sistema en su conjunto, no poniendo obstáculos a su consecución. En segundo lugar, la defensa en este proceso del modelo de cajas de ahorro. Tengo mis dudas sobre algunas fórmulas, pero el Gobierno andaluz va a defender este modelo de éxito. Y, en tercer lugar, la consecución de un proyecto genuinamente identificado con los intereses andaluces mediante los acuerdos a que lleguen las cajas en el absoluto respeto a las decisiones de sus órganos directivos. Señorías, hago todas estas propuestas con humildad y desde la confianza.

Con humildad, digo, porque sé que un gobierno no es otra cosa que un instrumento para el impulso. Que la verdadera fuerza está en los andaluces y en las andaluzas. En su voluntad de conseguir metas razonables y de justicia; en su convencimiento de que hay soluciones y de que todos juntos podremos conseguirlas.

Con humildad, digo también, porque sé que hemos podido cometer errores. Porque quiero que, en el contraste de mis propuestas con las que se puedan hacer en esta tribuna, encontremos más capacidad, mejores resultados. Una idea es fuerte cuando se discute y se hace imbatible cuando se comparte.

Esta crisis, como dijo el presidente Obama, ha sido un fracaso colectivo. Nos ha desvelado muchas verdades que estaban ocultas y nos ha enseñado también que muchas de las certidumbres de ayer eran solo pompas de jabón.

Durante muchos años, durante casi medio siglo, hemos vivido un progreso que creíamos permanente. Pero la realidad de la crisis, de esta crisis, nos ha abierto los ojos. El mundo entero ha sufrido su impacto. Hemos pasado de los mayores crecimientos de la economía del planeta a una recesión mundial en apenas año y medio. Hemos visto en ese tiempo desplomarse muchas expectativas y ver caer a colosos que parecían invulnerables.

Y hemos comprobado que la especulación no es ninguna fuente de riqueza; que la economía no puede ser un casino; que el dinero no es una mercancía; que no es posible vivir vendiendo humo o sin afrontar el pago de las deudas. Es cierto que, aún hoy, el problema de fondo, lo que continúa deteriorando el mercado de la deuda, la sinrazón de los mercados financieros, sigue sin estar resuelto.

Pero eso no puede ser una excusa para no hacer en casa nuestros deberes. Es hora de volver a la senda de la estabilidad, de vivir a la altura de nuestras posibilidades. Sólo así nos podremos recuperar antes y de la mejor forma. Porque hemos de ser conscientes de que el camino de la recuperación no tiene atajos.

Austeridad significa también futuro. Responsabilidad significa también confianza. Y con austeridad, confianza y responsabilidad vamos a ganar el futuro, vamos a conseguir nuestros objetivos. Podemos salir pronto de la crisis.

Hace ya ocho meses que en Andalucía no se destruye empleo. Nuestros buenos empresarios, nuestros emprendedores, han multiplicado sus exportaciones y han empezado a modernizar sus empresas. Han creído en el futuro.

Nuestros jóvenes saben también que encontrarán en la educación, en su formación y en la responsabilidad, la llave de su futuro. Y el gobierno andaluz, todo el gobierno, está con ellos.

El programa que propongo, lo sé, exige sacrificios. Son similares a los que habrán de hacer alemanes, franceses, italianos, ingleses o portugueses. Exige contención y selección de objetivos. Exige retrasar algunas decisiones. No acometer nuevos proyectos de inversión. Pero lo hace para coger fuerzas y para impulsar la economía y el empleo. Es una apuesta de futuro. Porque sé, sabemos, que el tiempo del conservadurismo, el tiempo de la pasividad, el tiempo de los intereses particulares, el tiempo de aplazar las decisiones difíciles es un tiempo muerto. Queda mucho por conseguir. Mucho, lo sé.

Como también sé que con confianza ese mucho será menos y que sin ella será imposible. Creo en Andalucía y en todo cuanto son capaces de hacer los andaluces y las andaluzas cuando se proponen metas importantes. Ésta lo es. Y por eso sé que la conseguiremos. Muchas gracias.

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