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Intervención del presidente de la Junta de Andalucía en el Foro Antares: 'Andalucía ante el futuro: un modelo económico y social sostenible'

01/06/2010
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Quiero, en primer lugar, agradecer al Foro Antares su invitación para estar hoy aquí. En las reflexiones que quiero compartir con ustedes me van a escuchar mucho la palabra Europa.

Andalucía, España y Europa se encuentran actualmente en un momento crucial de su historia. Mi preocupación es Andalucía, pero mi convicción es que hoy, más que nunca, lo importante depende de lo que Europa, la Unión Europea, sea capaz de proyectar.

Tenemos unos deberes que hacer en Andalucía y los estamos haciendo, pero creo que, sin avanzar en el proyecto europeo, nuestros esfuerzos podrían resultar vanos. Disponemos en Europa de un modelo social que es un activo; un modelo que dio un rostro humano al capitalismo y que consiguió hacer de la cohesión social un factor de prosperidad.

Pues bien: en esta encrucijada histórica creo que el modelo social europeo sigue siendo una respuesta válida. De lo que se trata es de adaptarlo al siglo XXI.

Sé que hay riesgos y que la mayoría de ellos no están fuera de nosotros, sino entre nosotros. El envejecimiento de nuestras poblaciones y la pérdida de competitividad son los principales. Tenemos un trabajo por delante y creo que podemos hacerlo sin derogar un modelo que solo precisa ser más diligente en el cumplimiento de la estrategia de Lisboa.

A finales de los años 80 del pasado siglo, Paolo Cecchini utilizó los costes de la no Europa para argumentar no solo los beneficios que reportaría una mayor integración económica en la entonces Comunidad Europea, sino, sobre todo, para hacer evidentes los perjuicios de no hacerlo.
Hoy, 22 años después, podríamos emplear idéntica forma de argumentar no solo para imaginar el futuro, sino también para explicar el pasado más reciente.

Es decir, para explicar cuál ha sido el coste político y social que hemos sufrido en Europa por dejar languidecer el proyecto europeo; por haber ido más deprisa en la ampliación que en la cohesión; por atender más a la Europa de las naciones que a la Europa de los ciudadanos.

Explicar también cuál ha sido el coste económico de incumplir las recomendaciones de la estrategia de Lisboa.

Y cuál ha sido el coste financiero por no haber sido capaces de tomar a tiempo decisiones compartidas contra la actual crisis en la zona monetaria común.

Todas las respuestas nos llevarían a una misma conclusión: esta crisis ha tenido, está teniendo, una mayor incidencia en Europa y nos está costando más salir de ella por la ausencia de un gobierno económico europeo.

Se lo puedo decir de otra forma: ésta ha sido una crisis detrás de la cual encontramos varias causas. A mí me parece que una de ellas, y no la de menor importancia, ha sido la pérdida de liderazgo de la política. O lo que es lo mismo: la subordinación de la política a los mercados.

Somos culpables de haber estrechado el terreno de juego de la política y haber confiado en que el funcionamiento virtuoso y eficiente de los mercados resolvería todos los problemas básicos de los ciudadanos.

No ha sido así y eso se ha traducido en una pérdida de confianza y una preocupante desafección política que tiene mucho que ver con el empobrecimiento del debate público que se ha consumido más en buscar culpables que en encontrar soluciones.

Estamos en medio de una crisis que debería marcar un antes y un después.

La forma más honesta de abordar las soluciones sería reflexionar sobre las causas del problema. Y así parecía que iba a ocurrir en un principio, cuando todos los gobiernos de los países más desarrollados del mundo hicieron declaraciones grandilocuentes contra los mercados financieros desregulados y a favor de una intervención pública reparadora. El presidente francés llegó a hablar, subido a esa ola regeneracionista, de que había que refundar el capitalismo.

Esto fue solo hace dos años. Ahora pocos siguen hablando de eso. Casi todos han recuperado la vieja ortodoxia y actitudes defensivas.

Tomemos el caso de Alemania y la crisis griega. Su gobierno tenía, y tiene, un problema electoral: ¿cómo explicar a los alemanes que tienen congelados sueldos y pensiones, que van a tener que aportar recursos para ayudar a pagar el déficit de los griegos? Así formulado parece difícil de explicar, ¿o no?

Pero es que la realidad no es esa. O, al menos, no es solo esa, y alguien con liderazgo político les debería explicar a los alemanes lo que realmente pasa. En primer lugar, que Europa se ha gastado casi el 17 % de su riqueza anual en salvar bancos; es decir, que el aumento de la deuda proviene de sus instituciones financieras, que son, a su vez, las que conspiran contra la deuda soberana.

En segundo lugar, que a los alemanes les conviene que Grecia se salve y pueda pagar sus deudas, muchas de ellas a los prestamistas alemanes.

En tercer lugar, que la especulación de los mercados es un ataque al euro y que Alemania vende más de lo que compra en buena medida por compartir la divisa europea que abarata sus productos y proporciona mayor capacidad adquisitiva a sus socios. Es decir, que Alemania necesita a sus socios en el euro y las transferencias que hace para ello son muy inferiores a las ganancias que recibe.

¿No les recuerda todo esto al debate que hemos tenido entre nosotros sobre las balanzas fiscales?

La realidad de fondo solo se puede explicar si somos capaces de pensar en clave de conjunto y hacerlo desde la credibilidad y el liderazgo políticos.

Crisis económica y crisis política coinciden, pues, en el tiempo y creo que es nece-sario afrontar una y otra desde sus raíces.

Nos enfrentamos a una crisis de un modo de entender el capitalismo basado en la globalización de los mercados de capitales, la desregulación del sistema financiero y su total falta de supervisión.

Y nos enfrentamos, además, a la necesidad de recuperar el papel de la política en el debate ciudadano y en la solución de los problemas. Lo que excluye (o debería excluir) la demagogia.

Hay además otro elemento más que está detrás de esta crisis del que se ha hablado y escrito mucho menos. Me refiero a la desigualdad.

La crisis ha puesto de manifiesto también que la desigualdad está en el origen de este fracaso.

El aumento de las desigualdades durante este largo ciclo de crecimiento ha sido una constante en la mayor parte de los países desarrollados.

En Estados Unidos y Gran Bretaña las diferencias de renta son hoy casi un 40% mayores de lo que eran a comienzos de los años ochenta.

Algo que afecta a un buen número de países, como podremos constatar si leemos el estudio de la OIT sobre el trabajo en el mundo de 2008 o el Informe sobre Crecimiento desigual también de 2008 de la OCDE.

Es cierto que la desigualdad no acostumbra a formar parte de las reflexiones de los analistas económicos a la hora de estudiar la crisis y sus causas próximas o remotas.

Pero déjenme que les aventure una opinión. El aumento de la desigualdad podría verse como una clara manifestación de nuestro fracaso en el cumplimiento de la estrategia de Lisboa y, por ello también, una evidencia de las causas de la crisis.

Con un pequeño estudio comparativo podremos comprobar que los países europeos cuyas sociedades tienen menores índices de desigualdad, como lo son los nórdicos, están soportando mejor la crisis, con tasas de paro que no superan el 4% y con toda seguridad, saldrán en mejores condiciones de ella.

Estos países disponen de un sector privado más competitivo, fruto de su mayor implicación en un modelo productivo basado en el conocimiento. Suecia, Finlandia o Noruega han derivado la mayor parte de sus recursos a fomentar la educación, la innovación y el conocimiento; es decir, han invertido en igualdad de oportunidades y eso es lo que les ha hecho más competitivos. A su vez, esa mayor competitividad les ha permitido mantener un sector público potente y una mayor capacidad de redistribución de la renta.

La desigualdad hace a las sociedades más débiles. Por ello, es importante referirse a la igualdad como un factor económico que afecta a la eficiencia y a la equidad del modelo productivo. No hablo del igualitarismo, sino de la igualdad de oportunidades como factor de cohesión social y de prosperidad económica.

Conseguir que todo nuestro capital humano se exprese económicamente de acuerdo con su capacidad y su formación es una condición de eficiencia. De ahí que la formación, unida a los principios de la economía sostenible, sea la base más sólida para el futuro.

Éste es el punto de partida del imprescindible cambio en el modelo productivo al que luego me referiré.

Un cambio, por tanto, no solo en el modelo productivo, sino también en el modo de entender la economía de mercado.

La caída del Muro de Berlín en 1989 marcó el inicio de un nuevo ciclo para el capitalismo.

Libre de tener que legitimarse frente a otras alternativas, el capitalismo se erigió en paradigma universal y se hizo fundamentalista al considerar que todo lo que fuera inter-vención pública era un resto del pasado que había caído con el comunismo.

Fue una especie de revancha que se llevó por delante todo lo que había significado el modelo renano del capitalismo y que convirtió en dogma la subordinación de los poderes públicos al libre mercado.

Este fundamentalismo del mercado, unido a la globalización del mercado de capita-les, fue lo que provocó lo que Alan Greenspan llamó la exuberancia irracional de los mercados financieros; es decir, unos movimientos especulativos que se imponían a la actividad productiva y terminaron por convertir el dinero en una mercancía.

La cosa no podía funcionar y fueron bastantes los avisos desatendidos de que las burbujas terminan explotando.

Todos recordamos el "lunes negro" de octubre de 1987, en el que la bolsa de Nueva York se desplomó debido a la burbuja especulativa alimentada por la desregulación del sistema financiero, el "Efecto Tequila" a finales de los 90, la caída de los tigres asiáticos o el estallido de la burbuja tecnológica en el año 2000.

No aprendimos. Solo el desplome de Lehman Brothers y el efecto dominó que pro-vocó funcionó como una catarsis que nos llevó a una nueva forma de ver las cosas; a un consenso compartido entre todas las instituciones públicas mundiales para activar paquetes discrecionales de estímulo presupuestario que pudieran sostener la actividad económica y paliar los peores efectos de la recesión mundial.

Pero hoy podemos decir que se tomaron medidas sobre los efectos sin afrontar las causas. Y, naturalmente, los causantes, que habían quedado indemnes y que habían sido beneficiarios principales de esas medidas, siguieron actuando con la misma falta de reglas de antes.

Y volvimos a las mismas. Solo que ahora fueron los mercados de la deuda soberana los que registraron las mayores embestidas.

Es cierto que, tras esta segunda implosión de los mercados financieros, se han to-mado algunas decisiones importantes en el seno de Europa.

Tras la decisión de los Ministros de Economía europeos de aprobar un programa de rescate para Grecia, Europa se ha visto en la necesidad de ir más allá.

El Mecanismo Europeo de Estabilización, con un fondo de 750.000 millones de euros para ayudar a los países con dificultades para afrontar su Deuda Pública es un paso en la buena dirección.

También que el Banco Central Europeo se haya comprometido a actuar en caso necesario para intervenir en los mercados de deuda y asegurar la liquidez.

Se ha activado así un mecanismo de intervención que puede frenar los movimientos especulativos y, de forma simultánea, los Estados miembros se han comprometido a acelerar el proceso de estabilidad y crecimiento sin variar el objetivo final del 3% del PIB de déficit público en 2013.
Así lo han hecho ya casi todos los países de la Eurozona, que han planteado planes de austeridad de distinto alcance: Grecia, Portugal España, Irlanda, Italia. También Reino Unido y Estados Unidos están desarrollando políticas de reducción de gasto público.

Con todo ello se pretende conseguir que disminuyan significativamente las pre-siones por parte del sistema financiero y, a la vez, liberar recursos financieros para el sector privado.

Andalucía, como ustedes saben, se une a este esfuerzo de consolidación fiscal porque lo cree necesario. Tras aprobar el decreto ley sobre retribuciones en el sector público andaluz, la próxima semana presentaré en el Parlamento nuestro programa de ajuste del gasto y de impulso económico que contendrá medidas para la reducción del déficit, pero también para favorecer la reactivación.

En este momento de compromiso con la consolidación fiscal, quiero recordar que el gobierno andaluz ya planteó al de España que se debería tener en cuenta, a la hora de exigir los ajustes, la posición de endeudamiento de cada comunidad autónoma. O, dicho de otra forma, exigir más esfuerzo a las de mayor nivel de deuda. Andalucía debe 1.176 € por habitante, mientras que Galicia debe 1.710; Madrid, 1.795; Cataluña, 3.012 y la Comunidad Valenciana, 2.810, según datos del Banco de España.

También exigiremos una cofinanciación de la dependencia por beneficiario real y no teórico. Recordemos que Andalucía registra un número de beneficiarios superior al de Madrid, Valencia, Castilla y León, Galicia y Murcia juntas, a pesar de tener menos de la mitad de la población de la suma de ellas.

Pero, en cualquier caso, manifestamos nuestra solidaridad con el empeño nacional de consolidación fiscal.

Eso sí, nuestro compromiso no nos impide formular algunas dudas. Las enunciaba Josep Borrell, el pasado domingo, en una entrevista que publicaba El País. Dando por sentado que la corrección de déficit y endeudamiento son necesarios, la pregunta a responder es cuál ha de ser su ritmo de absorción. Nos hemos dado apenas tres años para volver al límite del PEC. Un plazo que, por su brevedad, va a exigir unos sacrificios muy duros.

Es posible que el plazo haya venido forzado por la situación financiera internacional que situó a la economía al borde del colapso aquel fin de semana del 8 al 9 de mayo. Pero parece excesivamente corto para mantener el equilibrio necesario entre el ajuste y la recuperación; es decir, tal vez se esté cortando la posibilidad de seguir desarrollando políticas de estímulo público.

Y no me refiero solo a las políticas de demanda que mantengan la actividad, sino, sobre todo, a políticas de oferta que traten de reorientar el modelo de crecimiento. Porque hay que recordar que una parte importante de los recursos públicos se han venido orientando, y han de seguir orientándose, a la mejora de nuestra oferta de bienes y servicios; a mejorar nuestra competitividad.

Porque, lo diré con claridad, queremos reducir el déficit público a través de políti-cas de consolidación fiscal y vamos a cumplir con nuestros compromisos. Pero, además de este trabajo, hemos de resolver el principal problema que tenemos la mayor parte de las economías europeas: que no es otro que nuestra baja competitividad.

Por eso, la política económica europea no puede reducirse a este proceso de conso-lidación fiscal de sus estados miembros.

Y eso nos lleva a plantearnos si basta el PEC, tal y como hoy está formulado, para dar estabilidad a una moneda. Hasta ahora todos los esfuerzos se han concentrado en las políticas de consolidación fiscal porque, no nos engañemos, es el único compromiso que nos liga en materia de política económica a los países europeos. Pero creo que esto ya ha demostrado, tras el fracaso de la estrategia de Lisboa, que es insuficiente.

La Unión Monetaria sin una política económica compartida será siempre una unión inestable. No basta con un pacto de estabilidad que vigile déficit y endeudamiento públicos y un BCE que vigile la inflación. Es necesario, si no armonizar, sí al menos coordinar una política económica común.

La propia Comisión Europea ha apostado por dar mayor coordinación a las políticas fiscales; por la vigilancia de los desequilibrios macroeconómicos y por los avances en materia de competitividad. En este camino ha planteado incluso una coordinación europea a la hora de elaborar los presupuestos y programas de reformas nacionales.

La crisis podría ser una oportunidad de acelerar este proceso.

Compartir una moneda nos exige compartir una economía. No tiene ningún sentido que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento refleje los déficits públicos y no el déficit comercial o el déficit por cuenta corriente. No tiene sentido que la Unión Europea no lleve a cabo una política fiscal compartida o que no potenciemos con suficiente fuerza una política que pueda apoyar a todos los países a tener un nivel de competitividad alto.

La Estrategia de Lisboa señaló hace ahora 10 años un camino. Las herramientas con las que nos dotamos entonces para recorrerlo fueron insuficientes. No establecimos controles para fijar los objetivos, ni nos dimos medios compartidos para alcanzarlos. El método abierto de cooperación ha fracasado.

Las conclusiones del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea nos han venido a poner sobre la mesa este problema y ha propuesto solucionarlo con decisión y con urgencia.

Sus recomendaciones apuntan en esta dirección de ampliar las competencias económicas de la eurozona. Sólo así la Unión Europea podrá ser agente del cambio y no soportarlo pasivamente.

Se habla, en definitiva, de responsabilidad: La Unión Europea se hace responsable de sí misma. Y en la Unión, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le corresponde.

En este compromiso por la responsabilidad ha de estar Andalucía. Somos una región periférica que se ha beneficiado directamente de nuestra integración europea. No solo por las ayudas recibidas en forma de fondos estructurales, sino porque el mercado interior nos ha ayudado a mejorar nuestra competitividad.

Andalucía es hoy una de las pocas comunidades autónomas que tiene equilibrada su balanza por cuenta corriente y ha aumentado progresivamente la internacionalización de su economía.

De ahí la importancia que tiene para nosotros el proyecto europeo y su desarrollo. Andalucía se ha hecho y se hará más eficiente con mercados abiertos.

El Tratado de Lisboa ha reforzado el papel protagonista de las regiones y los entes locales para la cohesión económica, social y territorial en la Unión.

Es bueno recordar que somos responsables de la aplicación del 70% de la legislación comunitaria.

Europa tiene que profundizar en un modelo político de responsabilidad compartida, solidaridad y relaciones de mutua confianza.

Y es en las regiones y en el ámbito de lo local donde se pueden desarrollar las políticas con una mayor atención a la diversidad de intereses de los ciudadanos.

Por ello es necesario caminar hacia una gobernanza que respete los distintos niveles de poder a través del principio de subsidiaridad y permita la acción coordinada, como verdaderos socios, a la hora de elaborar y aplicar las políticas de la Unión. Una efectiva gobernanza multinivel.
Hoy quiero volver a destacar el papel relevante que han tenido las Comunidades Autónomas en la construcción del modelo de Estado de mayor éxito en nuestra historia.

La contribución de todas ellas a la mejora de la competitividad de España y al desa-rrollo equilibrado de sus territorios es algo que deberían recordar quienes, desde el neocentralismo que nos invade, han olvidado la historia de España. Atendiendo a la articulación territorial que debe seguirse de la distribución de competencias y recursos públicos entre las diferentes Administraciones territoriales, quienes critican el gasto público de las CC. AA. olvidan la contribución de éste a la mejora del capital humano, el capital tecnológico, las infraestructuras, la apertura exterior de nuestra economía y, en definitiva, su contribución a la mejora de la economía nacional.

En Andalucía hemos iniciado este camino. Hemos sido pioneros en la legislación local, en reforzar el papel de los municipios.

Con las leyes de Autonomía Local de Andalucía y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma se fijan las competencias propias de los ayuntamientos andaluces y de las diputaciones, además de potenciar su financiación incondicionada, reforzar su autogobierno y establecer una exigencia de mayor transparen-cia para estas entidades.

El nuevo ordenamiento abre una nueva fase en la descentralización, el autogobierno y la corresponsabilidad en la gestión de los municipios. Y lo hace de acuerdo con el principio de autonomía local dispuesto en el Tratado de Lisboa.

El futuro de Andalucía está, pues, vinculado al futuro de la Unión Europea. Nuestros desafíos son los mismos que ha de afrontar Europa en su conjunto para insertarse en el mundo globalizado.

Por eso nos interesa tanto la sostenibilidad del modelo económico y social europeo que va a depender de nuestra capacidad de restablecer un equilibrio dinámico entre las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo.

Lo hemos llamado Andalucía sostenible. Se trata, lo he dicho muchas veces, de hacer mejor lo que sabemos hacer; de acometer nuevas empresas; y, sobre todo, de apoyarnos en la innovación y el conocimiento para ganar el futuro. Queremos una investigación que sea capaz de transferir conocimiento al sector productivo y que pueda cambiar la realidad económica de un país. Esto es, unir universidad y empresa. Y también, empezar desde la base, a través del compromiso de toda la sociedad por la educación.

La educación ha de ser siempre nuestra máxima prioridad. Y ha de poder compagi-nar universalidad y excelencia, porque el conocimiento, la inteligencia y la capacidad de las personas son los elementos fundamentales del crecimiento económico.

A ello hemos de sumar más inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, en particular en el sector privado. Potenciar las asociaciones entre el sector público y el privado y la cooperación empresarial en este ámbito.

Hemos de mejorar también el acceso a la financiación para la innovación y activar instrumentos financieros distintos de las subvenciones. Esto implica un cambio de filosofía porque el principal problema de la innovación europea sigue siendo que el esfuerzo público realizado no se corresponde con el que tendría que hacer el sector privado.

Y sobre todo ello tenemos que insistir hoy, para que mañana este capital humano y tecnológico sea la base de un nuevo modelo productivo.

El conocimiento exige la igualdad de oportunidades, y la igualdad de oportunidades exige responsabilidad. Estos tres elementos, conocimiento, igualdad de oportunidades y responsabilidad, son los que definen mejor lo que podríamos llamar una economía de la igualdad.

Andalucía Sostenible es un proyecto pegado a la economía real de nuestra tierra. Por su aplicación en el sector agroalimentario, en el turismo, en las ingenierías, en la economía de la cultura, en las energías renovables, en las nuevas tecnologías o en la construcción.

Reorientar nuestro modelo de crecimiento nos llevará a ganar competitividad y a adaptar nuestros sectores a los principios de la sostenibilidad.

Contamos para ello con el VII Acuerdo de Concertación Social como la herramienta fundamental que nos permitirá impulsar los cambios en nuestro patrón productivo.

Ahora es el momento en el que este proceso de recuperación debe consolidarse con un fuerte protagonismo del sector privado.

Hay, es verdad, que culminar reformas que están pendientes. Necesitamos un nuevo modelo de relaciones de empleo; una política energética eficiente; una fiscalidad a ser posible armonizada en nuestra zona monetaria; un estado de bienestar activo y dinámico, y nuevas políticas de cohesión que ayuden a los que se ayuden y no patrocinen la mera supervivencia. Y, por encima de todo, recuperar el crédito y orientarlo hacia el modelo productivo que pretendemos conseguir.

Se está hablando mucho de la reforma del mercado laboral. Es verdad necesitamos adaptar nuestro mercado de trabajo a las nuevas necesidades del modo de producir y distribuir los bienes y los servicios.

¿Y esto qué quiere decir? Porque en España todos tienen su reforma laboral en la mochila, aunque con ellas pasa como con la yegua del filósofo: tienen todas las cualidades imaginables menos la existencia.

Si me permiten, arriesgaré un poco.

Hay que incorporar un cambio en la gestión de los recursos humanos. Y ello conlleva la adopción de nuevos modelos culturales en los que prime una visión compartida por parte del empresario y del trabajador.

El trabajo es más que un coste. Es lo que hace rentable una inversión productiva. Por ello, hemos de ir a un modelo de gestión empresarial que priorice la innovación y la formación; que permita capacitar a las personas para la empleabilidad y las polivalencia. En una economía que favorezca la innovación y el conocimiento, la iniciativa ha de ser también parte de la prestación laboral.

A la vez, hemos de conseguir una mayor vinculación de los salarios a la productividad. Porque la igualdad de oportunidades no es igualitarismo, y la capacidad, el esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo deben ser recompensados.

Pero tenemos también muchos otros aspectos que mejorar. Desde luego, y sobre todo, la aún persistente dualidad que mantiene nuestro mercado laboral, sus elevadas tasas de temporalidad que impiden las tareas formativas. Buena parte de esa dualidad está en la inestabilidad empresarial, pero otra parte la encontramos en marcos muy flexibles en la contratación, caros en los costes indirectos y rígidos en el desenlace.

Por lo demás, hay que aumentar las tasas de actividad y favorecer la plena incorporación de la mujer en igualdad de oportunidades, fomentar una mayor movilidad laboral y promover una nueva consideración de la jubilación como una posibilidad, más que como una obligación.

Otra cuestión que no debe salir de la agenda es el de la eficiencia energética.

El modelo energético europeo por el que hemos de apostar ha de ser sostenible. Debemos hacer un uso eficiente de la energía, fomentar un consumo responsable y abrir un debate constructivo sobre todas las posibilidades a nuestro alcance. El ahorro, la diversificación de fuentes de energía y la búsqueda de energías renovables son algunas de las cuestiones en las que también tenemos que tener una visión de conjunto. Y, desde luego, no marear los marcos normativos.

Y, en este capítulo de reformas, no es la menos importante la de la fiscalidad en Europa. Necesitamos una coordinación de las políticas nacionales en materia impositiva que impida deslocalizaciones y permita una competencia leal entre los distintos territorios. El caso de Irlanda puede resultarnos ejemplar. En esta dirección es en la que trabaja actualmente el Grupo para la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La política de cohesión refuerza el dinamismo económico. Contamos con instru-mentos capaces de favorecer una política de crecimiento simétrica en Europa. Deberíamos sumar en este objetivo el papel de instituciones como el Banco Europeo de Inversiones.

Es decir, construir una política de cohesión centrada no tanto en "dar" como en "hacer". Y de igual modo, hemos de sustituir también la idea de un Estado del Bienestar pasivo, por un Estado de Bienestar activo. Y establecer en él contratos de bienestar conmutativos. Aquéllos que se establecen en torno a los principios de solidaridad y responsabilidad.

Se trata de añadir a lo que el Estado aporta la responsabilidad del que recibe. Con ello la inversión que se realiza cuando se otorga una beca educativa, revierte a la sociedad con la formación y el aprendizaje del que la recibe. De igual forma, cuando un trabajador recibe un subsidio por desempleo, su compromiso con la sociedad ha de ser el de la actividad formativa y la recualificación, de manera que pueda volver a integrarse en el mercado laboral.

La Estrategia de Lisboa planteaba ya un Estado de Bienestar activo y dinámico. Con inversión e investigación en sanidad, con un sistema de pensiones que pueda organizar la participación activa de las personas mayores y combinar pensión y actividad.

El Estado de Bienestar tal y como lo hemos conocido hasta ahora se creó con una economía que ya no existe. Europa, los ciudadanos europeos, hemos cambiado. Desde el punto de vista sociológico, y desde el estrictamente demográfico, el escenario es hoy bien distinto. El incremento de la esperanza de vida, por destacar sólo un ejemplo, nos plantea nuevas circunstancias a las que hemos de hacer frente.

En España contamos con un intangible político de singular importancia: me refiero al Pacto de Toledo, que no es sino un compromiso permanente de hacer reformas periódicas en el sistema de pensiones para garantizar con ellas su futuro. No tiene plazo de caducidad y nuestra obligación es respetarlo y entrar en él sin reservas y con la voluntad que inspiró su formulación en 1995.

Voy concluyendo.

La economía, aunque débilmente, ha empezado a cambiar de signo. Así lo muestran el PIB, el moderado crecimiento de los precios, el aumento de las exportaciones internacionales, el de las ventas de las grandes superficies y del comercio minorista, el fuerte incremento de la matriculación de turismos, el incremento de la compraventa de viviendas de segunda mano, las exportaciones, el número de hipotecas constituidas sobre vivienda o el aumento del número de viajeros.

Unos signos de mejoría que se están trasladando al mercado laboral. En el primer trimestre de 2010, Andalucía cuenta con 6.900 ocupados más que en el tercer trimestre de 2009. Y llevamos varios meses con incrementos del número de afiliados en alta.

Hay, sin embargo, un elemento que aún queda por resolver. Me refiero al sector financiero. O, si ustedes lo prefieren, la financiación de la actividad económica.

Si les pregunto si han normalizado ustedes sus relaciones con las entidades financieras me responderán casi con seguridad que no. El crédito sigue siendo un bien escaso, caro y que arriesga poco. Es más, su orientación dista mucho de ser todavía la deseable.

Hace cuatro años, en este mismo foro y, si no me equivoco, en este mismo primer día de junio, les dije que las cajas de ahorro deberían ir reduciendo su inversión en el sector inmobiliario. Lo mismo podría haberles dicho a los bancos. El aviso sonó novedoso, causó algunas reacciones de protesta, lo que indica la escasa conciencia que había entonces de este riesgo.

El caso es que solo dos años después empezaron a verse las consecuencias de esa concentración. Y lo que es más significativo: aun entonces, más del 60 % de los créditos concedidos en nuestro país fueron destinados a financiar la actividad inmobiliaria.

Es verdad que en España hemos tenido mejores supervisores que en otros países, pero también es posible pensar que podría haberse hecho algo más para impedir este alcance.

Éste ha sido nuestro talón de Aquiles y el factor que más ha desestabilizado a las entidades financieras españolas y el mayor responsable del cierre de los grifos. Hoy seguimos teniendo una importante restricción de crédito.

Estamos en el mes en que, según se nos anuncia, se va a producir la reestructuración de nuestro sistema financiero.

Yo les diré que Andalucía no va a poner obstáculos de tipo nacionalista a operaciones que sirvan para fortalecer a nuestras cajas. Pero sí quiero decir también que lo que me resultaría un error histórico es que la reestructuración termine con el modelo de cajas de ahorro.

La vinculación de estas entidades financieras al territorio, su implicación en una orientación del crédito más acomodada a los intereses de la economía local y su naturaleza de sociedades de responsabilidad social corporativa las hacen sujetos importantes en el presente y en el futuro.

Podemos cuestionar su dimensión pero nadie ha explicado aún por qué es cuestionable el modelo.

Termino:

Más allá de los datos coyunturales, éste es uno de los momentos cruciales de nuestra historia, porque es el momento en que tomamos decisiones para cambiar, para organizar un modo de hacer la economía diferente, un crecimiento más estable y sostenible.

Andalucía es una comunidad que cree en sí misma y que trabaja día a día para acabar con los estereotipos.

Volver al crecimiento económico es un objetivo que vamos a alcanzar. Hemos salido de las crisis anteriores y saldremos de ésta con el esfuerzo de todos.

Sé que en el momento en que se asumen sacrificios resulta más difícil ver el horizonte despejado. Pero hay que decir que los sacrificios y las renuncias de hoy no serán en vano porque en ellos está también parte de la salida de la crisis.

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