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Aplicación informática

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ya ha puesto a disposición de los ayuntamientos la última fase de la herramienta informática creada para gestionar los registros municipales de demandantes de VPO, con la que pueden adjudicar los inmuebles entre los ciudadanos inscritos en las bases de datos.

El programa informático, que se ha diseñado con el objetivo de facilitar a los municipios el desarrollo de esas bases de datos, está ideado tanto para la recogida de información de los ciudadanos como para la posterior adjudicación de viviendas. La Junta de Andalucía ya ha concluido y puesto a disposición de los municipios las dos primeras fases del programa, con las que los ayuntamientos pueden recoger solicitudes, grabarlas y tramitarlas.

Un total de 347 ayuntamientos han solicitado el alta en la herramienta, por lo que pueden manejar estos dos niveles de uso. Esta tercera y última fase les posibilitará, además, utilizarla para adjudicar las viviendas, seleccionando el procedimiento elegido por cada uno de ellos, bien mediante baremación, antigüedad o sorteo.

Aunque con estos tres niveles se culmina el desarrollo de todos los módulos del sistema, la Consejería podrá ir incorporando nuevas funcionalidades solicitadas por los municipios para optimizar su uso por parte de los técnicos municipales encargados de gestionar las bases de datos.

Gracias a la aplicación informática es posible cruzar datos de distintas administraciones (el Ministerio del Interior, Hacienda, el Catastro, etc.) para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos. De igual modo, permite la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos, indicándoles si tienen que renovar su inscripción -que tiene una validez de tres años prorrogables- o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.

Con la configuración de un único programa informático para el conjunto de los municipios, se logra homogeneizar los criterios y se facilita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda disponer de una gran base de datos común. Esto hace posible cotejar la información de todos los registros y detectar posibles irregularidades, como, por ejemplo, la inscripción de una persona en más de tres registros, número máximo permitido por la normativa que lo regula.