El registro municipal de demandantes de VPO constituye, junto con los planes municipales de vivienda y suelo, una de las herramientas fundamentales con las que cuentan las administraciones para satisfacer el derecho a una vivienda digna a precio asequible, el principal objetivo de la Ley del Derecho a la Vivienda. Este marco normativo, aprobado en el Parlamento andaluz en febrero de 2010, articula de forma pionera en España el cumplimiento efectivo de este derecho constitucional y estatutario.

La Ley concreta las herramientas con que cuentan la administraciones públicas (Junta y ayuntamientos), así como las circunstancias y los procedimientos por los que los ciudadanos pueden hacerlo efectivo y exigir su cumplimiento incluso ante los Tribunales de Justicia.

De acuerdo con la norma, son titulares del derecho todas aquellas personas con vecindad administrativa en la comunidad autónoma que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad. Igualmente, recoge la obligación de estar inscritos en el registro público municipal de demandantes de vivienda protegida y no ser titulares ni tener derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente.

La Ley promueve el acceso a la vivienda de forma preferente a las familias con ingresos inferiores a los 36.000 euros anuales (5,5 veces el Iprem), que es el umbral económico fijado en el actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para acceder a una VPO.

Para evitar su excesivo endeudamiento, el nuevo marco normativo pone límites al esfuerzo económico que cada familia podrá asumir para acceder a una vivienda, estableciendo que las ayudas públicas tendrán que garantizar que no tengan que destinar más de un tercio de su renta en el caso de la compra o de un cuarto en caso del alquiler.

El texto aprobado es una ley de carácter integral y tiene incidencia sobre el cien por cien de la población andaluza, incluyendo incluso aquellas familias que, por el nivel de ingresos elevado, queden fuera de los planes públicos.