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Discurso del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante el Acto Institucional del Día de Andalucía

28/02/2011
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A todos y a todas mi felicitación en este Día de Andalucía. Una felicitación que también quiere ser un compromiso. Por eso, con ella quiero hacer llegar a quienes peor lo están pasando con la crisis económica; a cuantos han perdido su trabajo o no han podido cumplir sus aspiraciones, la voluntad del Gobierno andaluz, nuestra especial y constante dedicación, de seguir luchando contra la crisis para superarla pronto y entrar de nuevo en la senda de creación de empleo.

Celebramos en esta fecha la determinación del pueblo andaluz de protagonizar su destino. El 28 de febrero de 1980 los andaluces hicimos de la igualdad nuestra seña autonómica.

Esta celebración ha de tener, por tanto, mucho de orgullo y nada de narcisismo:

Ningún otro pueblo como el andaluz tuvo que pasar tantas pruebas para acreditar su derecho a la autonomía plena. Pero no luchó para ganar un sitio de privilegio, sino para garantizar la igualdad de todos los españoles; es decir, para impedir que las diferencias entre unos y otros se convirtieran en razones para la desigualdad.

Quisimos esa Andalucía por sí, para España y la Humanidad que imaginó Blas Infante.

Los andaluces de hoy nos sentimos herederos de quien, en tiempos difíciles, supo poner por delante de cualquier otra consideración, incluso de su propia vida, la defensa de una Andalucía libre y solidaria en el marco de la unidad de los pueblos de España.

El espíritu de aquel 28 de febrero de 1980 nos convoca a evocar el pasado pero, sobre todo, a apoyarnos en él para conquistar metas de largo alcance. Es una fecha ilusionante pero también exigente, en la medida en que nos reclama un esfuerzo permanente, una movilización política, por un futuro mejor para Andalucía.

En los últimos años, y, muy especialmente desde el estallido de la crisis financiera mundial, se ha producido en el mundo más desarrollado una erosión imparable no solo de la imagen de los políticos sino de la idea misma de la política.

No podemos decir que esta reacción sea inexplicable: Detrás de esta crisis económica internacional ha habido muchas causas, pero una de ellas, y no la menos importante, es que la política no supo hacer bien su trabajo.

Sin embargo, la desmovilización, el desdén o la indiferencia ciudadana, aunque tengan una explicación, no son la respuesta lógica: Muy al contrario, solo una mayor implicación social en la política puede evitar que fuerzas ajenas a las decisiones de los ciudadanos gobiernen nuestras vidas.

La política no es un hecho contingente. Es la consecuencia natural de vivir en sociedad. En tanto que administración de la cosa pública, la política jamás deja de existir.

Lo que sí puede dejar de existir, y desgraciadamente ocurre en muchas zonas del mundo, es el sometimiento de la política a la voluntad popular, al imperio de la ley y a la indagación judicial, que permiten expulsar de ella a quienes la practican sin legitimación, indignamente.

La participación democrática, la movilización social, la ciudadanía activa, son las que otorgan su sentido más profundo a la política, las que conducen a un pueblo a conseguir las metas más difíciles.

A nuestra manera, los andaluces supimos verlo así cuando nos movilizamos para conquistar lo que entendíamos que era lo mejor para Andalucía y para España.

Por eso, el 28 de febrero es siempre una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la autonomía andaluza. Más aun en este 2011 en que se cumplen 30 años de la aprobación del Estatuto que dio forma legal a nuestras aspiraciones autonómicas.

Nuestro compromiso con la autonomía andaluza no ha de ser, sin embargo, inmovilista. Hemos de estar siempre dispuestos y abiertos a todo planteamiento que la enriquezca, que la pueda mejorar y la haga más útil para los ciudadanos.

En los últimos meses se ha vuelto a abrir un debate sobre el Estado de las Autonomías. A la vista de cómo se ha empezado a abordar es necesario advertir del peligro que entrañaría desarrollarlo desde las posiciones más extremistas: Las de quienes, por un lado, defienden el regreso al centralismo y a la práctica derogación del Titulo VIII de la Constitución, y las de quienes, por el lado contrario, creen que el Estado autonómico ha de servir para eliminar las transferencias interterritoriales y crear marcos fiscales propios e insolidarios.

Un debate en estos términos sería la forma más segura de arruinarlo. Por eso, antes de entrar en polémicas estériles, antes de transmitir a la población ideas preconcebidas sobre la sostenibilidad o no del modelo, creo imprescindible recordar precisamente hoy, treinta años después, lo que significó para Andalucía el Estatuto y lo que ha significado para España esta forma de Estado, cuyo rumbo quedó marcado aquel penúltimo día de febrero de 1980.

Nuestro Estatuto nació de una alianza sin precedentes entre las fuerzas políticas y la ciudadanía que superaron todo desencuentro por motivos ideológicos.

Los representantes del pueblo andaluz en la Junta preautonómica, con Plácido Fernández Viagas y Rafael Escuredo a la cabeza, actuaron en todo momento como políticos que supieron que tenían en su propuesta la aspiración de todo un pueblo y en su gestión política la responsabilidad de hacerla efectiva.

Trabajaron mucho, y muy deprisa, para alumbrar el autogobierno en sólo cuatro años. Y, finalmente, los siete ponentes: Ángel López, Juan Carlos Aguilar, José Rodríguez de la Borbolla, Miguel Ángel Pino, Carlos Rosado, Javier Pérez Royo y Pedro Serrera, encontraron la unanimidad necesaria para dar forma a nuestro sentimiento colectivo con el texto estatutario.

Tal día como hoy de hace treinta años, la asamblea de parlamentarios andaluces, reunida en Córdoba, daba el visto bueno, por unanimidad, al Anteproyecto de Estatuto que permitía la creación de la comunidad autónoma andaluza.

Fue –recordémoslo- un acuerdo obtenido en una coyuntura crítica para el sistema democrático. Días antes, el 23 de febrero, se había producido el intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados. Los españoles salimos masivamente a la calle, en esos días de febrero, para reafirmar la defensa de la democracia. Nosotros, los andaluces, también lo hicimos. Pero hicimos algo más: reafirmamos nuestra identidad democrática con ese Estatuto que sería refrendado en referéndum el 20 de octubre.

No es ocioso recordar esta historia porque es la que nos explica y justifica, la que nos sigue alentando, en nuestras propias aspiraciones. Y, por eso mismo, solo desde esta historia, desde el respeto a su significado más profundo, es desde la que podemos entrar en el debate hoy abierto sobre el Estado de las Autonomías.

Hagámoslo sin ninguna reserva mental, sin ningún prejuicio, pero sin dar pasos atrás. No arruinemos con discusiones tecnocráticas o con propuestas de laboratorio, aisladas siempre de la realidad, un legado político como el del 28 de febrero. Ni tampoco echemos por tierra una realidad que es incuestionable: la de que la España autonómica, tal y como se desarrolló a partir del 28 de febrero de 1980, ha sido, y es, una historia de éxito.

A lo largo de estos más de treinta años, las comunidades autónomas han democratizado la vida política, han desarrollado los recursos económicos de cada uno de los territorios y han garantizado la cohesión de España.

Con sus tensiones y complejidades, la España autonómica no solo se ha hecho más equilibrada que la que había resultado de siglos de centralismo, sino más eficiente en lo económico y más equitativa en lo social.

El resultado ha sido más España, más cohesión entre nosotros, más oportunidades para nuestras empresas.

Partiendo de estas premisas, abrir un proceso de análisis sobre un mejor funcionamiento del modelo puede resultar razonable. Incluso conveniente. No, desde luego, para desnaturalizarlo. Pero sí para tratar de perfeccionarlo, para hacer que su funcionamiento pueda solucionar mejor los problemas de los ciudadanos. Porque, naturalmente, hay cosas que cabe mejorar y está en nuestras manos hacerlo.

En primer lugar, es ya necesario avanzar en una mayor descentralización local como medio de profundizar en el principio de subsidiariedad y dar un cumplimiento más exacto al Título VIII de la Constitución.

Este Título comienza señalando que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en CCAA.

A lo largo de los años de vida de la Constitución este principio de descentralización política ha tenido un largo recorrido en lo que se refiere a la construcción del modelo autonómico.

Pues bien, establecida la distribución de competencias entre Estado y CCAA, ha de abrirse un proceso de fortalecimiento de la autonomía local. Autonomía en la delimitación clara de las competencias municipales y autonomía financiera en la dotación de recursos suficientes para ejercerlas.

Con nuestras leyes locales, aprobadas el pasado año, Andalucía ha iniciado en España este proceso que debe culminar nuestro modelo territorial y que servirá para acercar más la Administración a los ciudadanos a la vez que reforzará a los Ayuntamientos e impulsará su autogobierno y su autonomía financiera.

Esta delimitación clara de competencias entre los distintos niveles territoriales de nuestra organización política habrá de acompañarse de una intensificación de la cooperación institucional.

Estado, CCAA y Corporaciones Locales hemos de reforzar los lazos cooperativos para dar una solución clara, rápida y eficaz a los problemas de los ciudadanos. Lo hemos de hacer en todos los ámbitos pero señaladamente en dos:

En primer lugar, para garantizar un mercado abierto que favorezca la creación de empresas y el crecimiento del empleo. La unidad de mercado nos exige a todos suprimir cualquier tipo de barrera técnica que impida o dificulte la actividad económica. No se trata de desregular sino de lograr por la vía de la cooperación institucional que la regulación sea homogénea, clara y concreta en todo el territorio nacional.

Y en segundo lugar, cooperación para garantizar la efectividad de los derechos sociales; el acceso de todos los españoles a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales en igualdad de condiciones y en cualquier lugar del territorio.

Por último, en este camino de mejorar el funcionamiento de la España autonómica deberíamos asumir todos los gobiernos un firme compromiso para reforzar el valor España y garantizar nuestro protagonismo activo en el proceso de construcción europea.

Este año se cumplen 30 del nacimiento del Estatuto que nos hizo nacer como Comunidad Autónoma y 25 de nuestra presencia como Estado miembro de la entonces Comunidad Europea.

Aquel 12 de junio de 1985 en que se firmaba el acta de adhesión supuso para los españoles el reconocimiento efectivo de nuestra ciudadanía europea.

"Viendo firmar a nuestro presidente del gobierno el tratado –ha escrito Alfonso Guerra– me confirmé en que todo había valido la pena. Las dificultades, los riesgos, el abandono de los sueños personales reflejaban allí el fruto dorado. Habíamos ayudado a la recuperación democrática; ahora lográbamos que España, institucionalmente, pudiera cumplir su vocación europea. Una gesta de la que sentirse orgulloso".

Europa nos permitió hacer madurar nuestro proyecto nacional, robustecer nuestras instituciones, mejorar nuestra capacidad, ampliar la provisión de servicios públicos y mejorar nuestra presencia internacional.

También nos hizo corresponsables con unas reglas de juego y unos objetivos que todas las Administraciones hemos de respetar y compartir. Cuando el gobierno de España se compromete en el Consejo, todos, CCAA y Corporaciones Locales, formamos parte de ese compromiso.

Como ven, hay vías para avanzar: El desarrollo de la autonomía local, la cooperación institucional y el fortalecimiento del valor España son elementos que podemos incorporar a un debate responsable sobre la mejora del Estado de las Autonomías.

Y hemos de hacerlo sabiendo que lo que concluyamos ha de mantener el mismo consenso constitucional que nos ha permitido la etapa más fecunda, próspera y democrática de nuestra larga historia como país. Consenso que, en el caso andaluz, significa una reafirmación del espíritu de igualdad que animó aquel 28 de febrero.

Ante los grandes retos colectivos, las soluciones han de ser, necesariamente, compartidas. De ahí la importancia de la cooperación, de avanzar juntos, para conquistar nuestros objetivos.

Y el más importante en estos momentos, es, sin duda, la creación de empleo. Como señalé al inicio de mi intervención es nuestra principal preocupación, la de los andaluces y la del Gobierno.

Soy consciente de que el ejercicio de la ciudadanía se ve mermado sin la posibilidad, y el derecho, que tenemos todos y cada uno de nosotros a desarrollarnos, personal y profesionalmente, con un empleo estable.

En este sentido me gustaría destacar que la cooperación a la que me he referido antes debe incidir, sobre todas las demás cuestiones, en la creación de un marco favorable a la creación de empresas y a la generación de empleo. Un marco capaz de diseñar un nuevo modelo productivo más competitivo y capaz, más volcado en la economía productiva y menos en la especulación financiera.

Nuestras empresas deben adaptarse a los nuevos retos, a las nuevas demandas que se producen en este mundo tan globalizado: innovar, transformarse y buscar los nuevos mercados y las nuevas oportunidades. De ahí la importancia de la investigación y la innovación; de mejorar la calidad de productos y servicios; de la formación de nuestra población activa.

La competitividad solo se hace duradera si mejoramos en competencia, en la cualificación de los distintos factores que intervienen en la economía. Y, desde luego, el más importante es el factor humano. La educación es la prioridad de una sociedad que aspira a encontrar metas de progreso social y a mejorar la convivencia. Pero es también la mejor herramienta económica de la que dispone un pueblo para prosperar.

Educación e igualdad de oportunidades son las mejores inversiones económicas que puede hacer la sociedad.

Los andaluces y las andaluzas hemos demostrado que sabemos comprometernos con nuestro futuro, que sólo es imposible lo que no intentamos, que nos crecemos ante los retos y desafiamos lo imposible, como hicimos aquel 28 de febrero que hoy conmemoramos.

Por eso, hoy como todos los años, reconocemos con este acto a personas cuya trayectoria profesional ha contribuido a realzar la grandeza de nuestra tierra; a que nos sintamos más orgullosos, aún si cabe, de pertenecer a esta hermosa comunidad.

Todas ellas y todos ellos nos muestran un camino: el de la excelencia y el trabajo bien hecho. El del compromiso y la responsabilidad.

Hoy destacamos la trayectoria y los valores que representan las personas a quienes distinguimos con el título de Hijo e Hija Predilectos y aquellos que reciben la Medalla de Andalucía:

Alfonso Guerra y Juana de Aizpuru, Ventura Arjona, Juan Ballesta, Mariola Cantarero, la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Carmen Hernández-Pinzón, Dani García, Ginés Liébana, Carmen de Linares, Francisco Juan Martínez, Jesús Navas y María Pagés.

Mi más sincera felicitación a todos y a todas por esta distinción que les otorga el pueblo andaluz en reconocimiento a sus trayectorias y sus aportaciones.

En política, en el ámbito del arte y la creación, en el emprendimiento y la investigación, en la igualdad de oportunidades, en la conservación y difusión de nuestro patrimonio o en el deporte, los andaluces que hoy distinguimos comparten un rasgo único: el inconformismo.

Reconocemos como Hijo Predilecto de Andalucía a Alfonso Guerra, un político que ha empeñado parte de su vida en la recuperación y la consolidación de la democracia en España; es decir, de la convivencia en paz.

La intrahistoria de ayer es la realidad que hoy conocemos y son ya muchos los historiadores que saben cuánto debe la democracia española a aquella complicidad silenciosa, pero enormemente eficaz, que hubo, en aquellos años tan apasionantes como difíciles de la transición, entre Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell. Una complicidad sin la que probablemente el consenso constitucional hubiera sido mucho más complicado de alcanzar.

Alfonso Guerra es, además y sobre todo, un andaluz con un compromiso innegociable por levantar la condición social, cultural y económica de sus conciudadanos. En él  reconocemos su tenacidad en la defensa de la democracia, su búsqueda incesante de lo que anuda el lazo social, de lo que hace país.

Ese inconformismo al que anteriormente hacía referencia es el que animó siempre a Juana de Aizpuru, entusiasta del riesgo como forma de vida. Mujer tenaz, innovadora, capaz de favorecer el espíritu creativo; en innovar constantemente, para mostrar y hacer más abierto el arte como expresión cultural abierta.

Todos los galardonados este 28 de febrero han enseñado caminos: Desde la acción política y la toma de decisiones al ámbito empresarial. Desde fogones o viñetas. Con lápices o pinceles. Con la voz o con un cuerpo que se expresa como único instrumento. Con poesía. Con conocimiento y cercanía con las personas. Con formación intelectual y conocimiento multidisciplinar. Con trabajo y tesón. Con personalidad. Con ese espíritu universal que tan bien representó Juan Ramón Jiménez.

Gracias a todos por aportar el sentimiento y el conocimiento que hacen que nuestra vida sea mucho mejor. Por constituir un ejemplo de la Andalucía a la que todos aspiramos. Una Andalucía bien alejada de los tópicos, que crece en excelencia y se hace referencia para las nuevas generaciones.

Gracias, gracias a todos y Feliz Día de Andalucía.

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