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26/08/2011
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Web de inscripción en el Registro de Demandantes de VPO.

Web de inscripción en el Registro de Demandantes de VPO.

El objetivo de este reglamento es regular la cuantificación y cualificación de la demanda, estableciendo para ello criterios generales en la elección de las personas adjudicatarias. El decreto que especifica su contenido ya se ha sometido a audiencia, abierta por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda antes del verano para que agentes económicos y sociales hagan observaciones y propuestas al contenido.

Durante este periodo, el documento se ha sometido a evaluación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo-Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindicatos con mayor presencia en Andalucía, los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores y agentes de la propiedad, las entidades financieras, las organizaciones de consumidores y usuarios, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Plataforma Andaluza de Voluntariado y la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo.

Estas organizaciones y asociaciones han realizado 150 alegaciones, de las que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha aceptado el 70%. Entre ellas se ha estimado que los inmigrantes sin permiso de residencia puedan acceder a programas de alquiler transitorios en todas sus modalidades y que las víctimas de violencia género sean consideradas grupo preferente, aunque deben estar inscritas en el registro. También se ha aceptado que sea el Ayuntamiento el que defina qué personas pueden considerarse como colectivo de exclusión social.

En paralelo, la Junta ha solicitado informes preceptivos a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al Consejo Andaluz de Concertación Local, al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y al Instituto Andaluz de la Mujer.

La Consejería ha trabajado el último año en la redacción del reglamento de los registros en cumplimiento de la Ley del Derecho a la Vivienda, aprobada en el Parlamento andaluz en febrero de 2010. Esta norma establece que la regulación de estas bases de datos será objeto de desarrollo reglamentario. En su redacción se ha recogido la experiencia acumulada desde la aprobación de la Orden que regula la creación de los registros y de la propia Ley de Derecho a la Vivienda, teniéndose en cuenta tanto las sugerencias formuladas por los propios ayuntamientos y los promotores de viviendas protegidas como por el propio Defensor del Pueblo Andaluz, los consumidores, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.

Tras someterse al periodo de audiencia y a informes preceptivos, el decreto deberá ser evaluado por el Consejo Consultivo. Culminado todo el proceso, será el Consejo de Gobierno el encargado de aprobar el decreto del reglamento.

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