En materia de vivienda, la consejera ha recordado que el Plan Concertado de Vivienda y Suelo y la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, aprobada en 2010, son los dos grandes instrumentos que establecen las principales directrices de la política de vivienda de la Junta, de alto contenido social y que se desarrollan a través de cuatro grandes líneas de actuación: el acceso a vivienda protegida de nueva planta (en régimen de propiedad, alquiler, alquiler con opción a compra); el acceso en alquiler a viviendas disponibles en el mercado; la rehabilitación de viviendas y edificios existentes; y la intervención en centros históricos y barrios para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la urbanización y equipamiento, así como conservar el patrimonio arquitectónico.
Los recursos disponibles en 2012 para la ejecución de dichas políticas, que superan los 389 millones de euros, beneficiarán a más de 55.700 familias, es decir, a más de 172.000 personas. La consejera ha resaltado las subvenciones para la promoción de viviendas protegidas en alquiler, las ayudas a inquilinos, el programa de rehabilitación autonómica, el programa para la adecuación funcional básica de viviendas y la transformación de infravivienda.
Particularmente, Cruz Villalón ha destacado los programas de rehabilitación y renovación urbana, con una inversión prevista en 2012 de más de 102 millones para mejorar la edificación, accesibilidad y entornos urbanos de 21.000 inmuebles, las condiciones de habitabilidad de 65.000 personas y la generación de 10.150 empleos. Así, en los programas de rehabilitación singular de edificios residenciales, de los cuales los de mayor demanda social son los que incorporan la instalación de ascensores, en 2012 un total de 853 comunidades van a poder iniciar las obras en sus edificios, lo que mejorará las condiciones de 11.346 familias y generará 2.940 puestos de trabajo directos. En este punto también destacan las actuaciones de rehabilitación que se realizan en centros históricos, áreas de rehabilitación concertada y áreas de rehabilitación urbana.
Además, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) tiene previsto invertir en el próximo año 107,2 millones, de los cuales 71,7 millones se destinarán a la construcción y promoción de vivienda protegida, y 25 millones para producción de suelo, mayoritariamente residencial, y también productivo, de forma que en 2012 se pondrá a disposición del sector empresarial 348.751 m2 para la implantación de actividades productivas.
En el desarrollo de las políticas de ordenación del territorio y urbanismo, la Consejería ha dado prioridad a la elaboración y aprobación de planes de los ámbitos metropolitanos y litorales. Según ha explicado la consejera, al finalizar 2012 darán cobertura a un territorio donde reside el 80,2% de la población.
La consejera ha dado cuenta, finalmente de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de la aprobación del Decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable. Tras dicha aprobación, la consejera ha manifestado la disposición de su departamento para colaborar con los municipios para que se inicie un proceso de legalización, regularización o reconocimiento de las edificaciones, según proceda en cada caso, añadiendo que los costes de dicha regularización corresponden a los propietarios afectados sin que pueda suponer incremento alguno de gasto público.
El Decreto abre la vía para la normalización de muchas edificaciones en suelo no urbanizable, pero lo hace desde el ejercicio responsable de la aplicación de la legislación urbanística, por lo que su credibilidad pasa no sólo por los procedimientos de regularización sino también por el incremento de las funciones de inspección y disciplina urbanística, tanto municipal como autonómica, que permitan la contención de dicho fenómeno.
