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Intervención del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su comparecencia para informar sobre la situación de Andalucía

27/12/2011
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Tal y como viene siendo habitual, y a punto de finalizar el año 2011, me van a permitir que haga un análisis resumen de la situación de Andalucía, así como un breve balance de las actuaciones desarrolladas por el Gobierno andaluz.

Ayer, el ministro de Economía y Competitividad declaraba que los dos próximos trimestres "no van a ser sencillos en términos de crecimiento y empleo".

El Gobierno andaluz, desde luego, va a sumar esfuerzos para salir pronto de esta anunciada recesión y vamos a seguir trabajando, aquí, para que el final de la crisis se encuentre con una economía más sana y competitiva en Andalucía.

La orientación de la política económica y social de la Junta de Andalucia ha marcado diferencias con el conjunto de comunidades autónomas de uno u otro signo.

Andalucía ha padecido, al igual que el resto de comunidades autónomas de España y Europa, la dureza esta crisis financiera internacional que ha destruido miles de empleos y de expectativas. La caída en picado del sector de la construcción, junto a una reducción drástica del crédito a las empresas y a las familias por parte de las entidades bancarias, nos han situado en unas cotas de desempleo inaceptables.

Atajar esta cifra de desempleo, facilitando la creación de empleo y apoyando la actividad empresarial, ha sido, y es, nuestra obsesión, la prioridad absoluta de mi Gobierno.

Desde el comienzo de la legislatura, en diálogo con empresarios y sindicatos, hemos adoptado 59 medidas que han puesto a disposición de los agentes económicos recursos públicos por valor de 14.338 millones, cantidad equivalente al 9,5% del PIB.

Medidas han conseguido que 193.382 personas encuentren o mantengan un empleo; 30.466 empresas hayan podido seguir materializando sus proyectos de inversión; y 2,2 millones de personas hayan visto mantenida o mejorada su renta.

Una parte de estas medidas ha ido dirigida a paliar los efectos dramáticos de la caída del empleo en la construcción. Las últimas, el Plan Encamina2 y el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 320 millones de euros de inversión en infraestructuras educativas y caminos rurales dirigidos a crear más de 6.000 empleos entre los desempleados de la construcción.

Programas de inversión pública que han venido en 2011 a proseguir el camino que abrieron los dos PROTEJA, que complementaron los planes E del Gobierno central, y que han supuesto una transferencia de 500 millones € a los Ayuntamientos andaluces para financiar más de 4.200 proyectos de inversión y crear más de 31.500 empleos.

Ayuntamientos andaluces que, por otro lado, son los únicos de España en disponer de un sistema de financiación adicional, con cargo a los tributos de la Junta de Andalucía.

En cuanto al apoyo a las empresas andaluzas para que sean capaces de mantener y expandir sus proyectos de inversión en condiciones de restricción de crédito, durante 2011 ha tomado el máximo protagonismo los fondos reembolsables.

Fondos que acumulan una dotación de más de 1.300 millones de euros desde 2009, y de los que ahora están disponibles cerca de mil.

Los fondos ya dispuestos, que suman 361 millones de euros, han financiado inversiones por valor de 845 millones en 204 proyectos empresariales, con una generación de cerca de 13.000 empleos.

Además de estos programas de lucha inmediata contra el desempleo, en Andalucía hemos tomado medidas para cambiar el modelo económico, para que cuando la crisis termine estemos mejor preparados que antes para encarar el futuro.

El Gobierno andaluz ha trabajado pensando en el medio plazo, en disponer, cuando acabe la crisis, de un modelo abiertamente competitivo.

Se trata de mejorar la competitividad de nuestra economía. Y de hacerlo no mediante un desplome de costes salariales o de las condiciones de trabajo sino mejorando el capital tecnológico de las empresas y la cualificación del capital humano.  Facilitando el emprendimiento; llevando la formación empresarial a la escuela y la universidad y apoyando la internacionalización de nuestras empresas.

En lo que se refiere a la capitalización tecnológica de nuestra comunidad, el impulso de la Junta de Andalucía se muestra en la dotación presupuestaria dedicada a la Política de I+D+i, que en 2012 contará con 485 millones de euros, un 7,4% más que en 2011.

Un apoyo que tienen su mejor reflejo en la Estadística de Actividades de I+D, publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, que muestran que Andalucía invierte más de 1.720 millones de euros en esta materia. En el contexto de la crisis económica la inversión en I+D en Andalucía ha crecido un 12,2%, mientras que se ha reducido en el resto de comunidades autónomas.

Debo destacar el papel de las universidades públicas andaluzas, que además de formar a 250.000 jóvenes cada año, han sido capaces de realizar el mayor esfuerzo de España en I+D+i. Y también destaca el de las empresas andaluzas que, a pesar de la crisis, han aumentado la inversión en innovación mientras se reducía en el resto de comunidades españolas.

Este salto es fruto, por tanto, del esfuerzo de miles de empresas andaluzas, de las universidades públicas y también del establecimiento por parte del Gobierno andaluz de instrumentos eficaces para estimular la innovación y la investigación.

El más importante de ellos, la Orden de Incentivos a la Innovación, que desde 2008 ha apoyado con 534 millones de euros a 8.203 proyectos empresariales, que han mantenido o generado 483.500 empleos.

O el Fondo tecnológico, que después de apoyar 195 proyectos con 239 millones € en esta Legislatura, se ha visto reforzado con la puesta en marcha en 2011 del proyecto FEDER Interconecta, un programa dotado con 100 millones € (30 de ellos aportados por la Junta de Andalucía).

Asimismo, es de destacar el papel que desempeñan en Andalucía los 11 Parques Tecnológicos en los que, según los últimos datos disponibles, se han incrementado tanto la facturación como el empleo (6%).

Esta decidida apuesta del Gobierno andaluz por la I+D no ha declinado en ningún momento de estos años y es, con diferencia, la más potente de toda España.

Sé que, como la educación es una empresa cuyos rendimientos se ven más en el medio plazo, no es una política electoralista. Pero es imprescindible para hacer de Andalucía una comunidad que lidere proyectos de futuro.

En ninguno de estos años de crisis y de limitaciones presupuestarias, hemos abandonado o suspendido esta apuesta. Ni en la investigación biomédica; ni en la I+D; ni en biotecnología; ni en los recursos para innovación empresarial; ni en educación; ni en la financiación de nuestras universidades; ni en igualdad de oportunidades.

Hemos mantenido, además, un marco estable porque creemos que esto es imprescindible para la inversión empresarial. Un marco estable de financiación vinculado a objetivos y que ha dado tal rendimiento que lideramos actualmente, con diferencia la captación de fondos nacionales para actuaciones de I+D+i en parques científico-tecnológicos. Hemos captado casi el 50% del total de la financiación estatal. En 2011, hemos obtenido 106 millones de euros para desarrollar 46 proyectos de infraestructura y equipamiento en las tecnópolis andaluzas.

Por otra parte, la apuesta por ganar mercados exteriores ha venido de la mano del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010 – 2013, consensuado en el VII Acuerdo de Concertación. Las exportaciones andaluzas han crecido un 42% durante la crisis, por encima del crecimiento medio nacional y más que la media del comercio mundial (31%).

El fomento de los emprendedores se ha concretado en la adopción del Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo, aprobado en junio de este año, que destinará 492 millones de euros a movilizar a toda la comunidad educativa para crear un clima de reconocimiento y valoración de la figura del emprendedor.

Y en este reconocimiento quiero destacar el estímulo a la actividad de autónomos y cooperativas con las Leyes de Promoción del Trabajo Autónomo y de Sociedades Cooperativas andaluzas y con la reciente firma del III Pacto Andaluz por la Economía Social. Un acuerdo firmado con la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO el pasado 16 de diciembre.

2011 ha sido el año en el que se ha consolidado el liderazgo andaluz en sectores  estratégicos que tienen un gran potencial de crecimiento. Como el sector de las energías renovables, cuyas empresas ya generan más de 44.000 empleos en Andalucía, un 23% más que en 2010, tras acometer inversiones por valor de 11.000 millones de euros en esta Legislatura.

Una dinámica institucional y empresarial que ha llevado a nuestra región a liderar en España la potencia instalada en energía solar térmica, en la termosolar (donde contamos con exponentes de primera magnitud mundial), en la utilización de biomasa y en la capacidad de producción de biocombustibles. Además de ocupar el segundo lugar en fotovoltaica y el cuarto en eólica.

Una evolución similar ha tenido la industria aeronáutica, que gracias en buena medida a las iniciativas de apoyo puestas en marcha por el Gobierno andaluz, han incrementado su facturación en 2010 en un 26% y el empleo generado en cerca de 1.000 puestos de trabajo.

En cuanto a la biotecnología, otro sector estratégico para el cambio de modelo productivo, Andalucía ocupa, por segundo año consecutivo, el primer puesto en el ranking nacional de creación de empresas de este sector de alta tecnología.

Una dinámica renovadora e innovadora a la que no son ajenos los sectores más tradicionales en Andalucía, como el turismo y el agroalimentario, que han visto en su modernización y adaptación a los nuevos tiempos la posibilidad de seguir desempeñando un papel primordial en nuestra economía.

Quiero hacer mención a la propuesta de reforma de la PAC que está defendiendo Andalucía. Propuesta que pretende hacer prevalecer la producción, la agricultura activa, el asociacionismo agrario -como mejor instrumento de defensa de unos precios justos-, la conservación del medio ambiente, la calidad agroalimentaria y el desarrollo del medio rural.

En este camino de mejorar la competitividad de nuestra economía y su prosperidad, el Gobierno andaluz ha venido manteniendo un compromiso evidente con la educación como eje de su política a medio y largo plazo.

En el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012, la inversión en educación asciende a 6.300 millones de euros, un crecimiento del 9,3% desde 2008 (536 millones más). En términos de peso sobre el PIB, Andalucía ha alcanzado el 5,5% del PIB según el último dato disponible (2009), por encima de la media nacional del 5,03%. Somos la tercera comunidad con mayor esfuerzo educativo del país.

En Educación Infantil, este curso se han alcanzado las 100.512 plazas de educación de 0 a 3 años, de las cuales 91.784 están financiadas con fondos públicos.

En el presente curso se han concedido 308.624 becas por la Junta de Andalucía, lo que implica que a lo largo de esta Legislatura se han doblado (151.700 en 2008/2009).

En Andalucía estamos innovando a la hora de completar el más amplio sistema de becas del conjunto nacional. En 2011 se han incorporado las becas Segunda Oportunidad educativa, 3.000 becas de 400 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 24 años en el paro y con cargas familiares, con el objetivo de que completen los estudios que abandonaron en su día.

Que se unen a otras iniciativas como las becas 6.000, dirigidas a apoyar al alumnado de familias con rentas más modestas para que continúen los estudios tras los obligatorios, de las que en el presente curso se han concedido 6.850. Y con gran éxito, ya que el 72% de los alumnos titulados tienen una nota media de notable alto.

En cuanto al profesorado, en Andalucía se han incorporado 6.080 profesores nuevos al sistema educativo público desde el inicio de la legislatura hasta este curso, que serán 6.900 en el próximo curso.

El resultado más evidente de la apuesta del Gobierno andaluz por la educación es la reducción de la tasa de fracaso escolar (en 5,8 puntos, el doble que en España, 2,5 puntos) y la reducción del abandono educativo temprano (3,8 puntos en la legislatura, mientras que en España la reducción ha sido ligeramente menor, 3,5 puntos).

Este esfuerzo que la Junta de Andalucía ha mantenido en la enseñanza obligatoria se hace extensible también a la universitaria. Es evidente el compromiso del Gobierno andaluz con la universidad. Estoy convencido del acierto de haber integrado Universidad en Economía, del acierto que ha sido contar con un pacto de estabilidad financiera de nuestras universidades y de la repercusión favorable de programas como Erasmus o Talentia.

Es preciso destacar, también, la actividad legislativa que ha impulsado el gobierno. Se trata de reformas económicas, institucionales y sociales de gran calado. Leyes para renovar la base productiva de nuestra economía como la del Olivar, la de Calidad Agroalimentaria, la del Turismo, la de Fomento de Autónomos o la de Sociedades Cooperativas. Textos que se unen a los aprobados en años anteriores como la Ley de la Dehesa.

Leyes orientadas al proceso de consolidación fiscal iniciado por le Gobierno andaluz en el marco de la lucha contra la crisis como la de aplicación del Impuesto del Patrimonio o el Decreto Ley de Medidas para el ahorro en farmacia. Unas iniciativas que se unen a las aprobadas para la reorganización del Sector Público o para establecer medidas tributarias de progresividad fiscal y estímulo económico.

Leyes para un desarrollo compatible con el uso racional de los recursos como la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía o la Ley de Aguas probada en 2010.

Y por último, aquellas que establecen nuevos derechos sociales. Leyes como la de Salud pública o la que regula el uso de la lengua de signos y que, junto con la Ley reguladora de la Dignidad de las Personas ante el proceso de la Muerte o la del Derecho a la Vivienda, configuran Andalucía como la vanguardia nacional en el desarrollo de políticas sociales.

A la actividad legislativa promovida por el Consejo de Gobierno se unen las cuatro proposiciones de Ley aprobadas a propuesta de los grupos parlamentarios. Me gustaría destacar especialmente dos de ellas, las que responden a la intención de mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones de tal forma que sean más transparentes y cercanas a la ciudadanía, combatiendo el desapego creciente que muestra la ciudadanía hacia la actividad política y hacia aquellos que la ejercen.

Dos leyes, derivadas de mi compromiso en el Debate del Estado de la Comunidad, que vienen, por un lado, a elevar la calidad de la democracia en Andalucía con medidas dirigidas a suprimir cualquier privilegio de los políticos y de los cargos públicos.

Y, por otro lado, a fortalecer la iniciativa popular legislativa, de manera que la ciudadanía andaluza pueda tener un cauce de participación más vigoroso a través de lo que hemos llamado "el escaño 110".

Si algo ha demostrado Andalucía a lo largo del año 2011 es que es posible compatibilizar las acciones de estímulo económico y el mantenimiento del Estado del Bienestar.

Andalucía ha marcado la diferencia en su respuesta a la crisis, y ha demostrado que no tenemos que reducir los servicios públicos fundamentales para cumplir con la senda de consolidación fiscal. Lo hemos hecho por dos circunstancias que quiero volver a destacar:

Porque ahorramos en tiempos de crecimiento económico y eso no hace ahora estar con un menor endeudamiento que la media nacional y pagando menos intereses por habitante que la mayoría de las CCAA

Y porque llevamos años aplicando medidas de ahorro en la sanidad como han sido la prescripción por principio activo, el desarrollo de la atención primaria, la cirugía mayor ambulatoria, la receta electrónica, la subasta de medicamentos o la central de compras.

En cuanto a servicios sociales, a lo largo de 2011 Andalucía consolida su liderazgo en la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia, tras dedicar al mismo más de 1.100 millones de euros este año e incrementar la inversión en un 6% para 2012. En total, desde que se implantó en 2007, la Junta ha invertido más de 4.000 millones de euros en el desarrollo de esta ley.

Unos recursos crecientes, a pesar de la crisis económica, que han posibilitado que Andalucía, con 259.200 prestaciones, aglutine el 28,1% del total de prestaciones de España; y la creación de alrededor de 50.000 nuevos empleos.

Datos que reflejan nuestro compromiso social pero que delatan también un sistema injusto de financiación de esta prestación, que deberemos modificar de forma inmediata para que no sea la comunidad autónoma andaluza la que se haga cargo de la mayoría del coste de las prestaciones, mientras que en la mayoría de las CCAA éstas se financian al 50%.

Y en esta apuesta por la cohesión social incluyo la red Guadalinfo. Más de 700 centros y 700.000 usuarios que han contribuido a crear más de 800 proyectos de innovación social.

Andalucía vive ahora un nuevo momento, condicionado por los acuerdos alcanzados en la Cumbre Europea celebrada los días 8 y 9 de diciembre. Un momento crucial en el que Europa ha apostado por la consolidación fiscal como barrera de contención ante la especulación financiera.

El Gobierno andaluz mantiene el convencimiento de que la consolidación fiscal, siendo necesaria, será inútil si no se reactiva la economía. Si no crecemos, no se podrá pagar la deuda ni reducir el déficit.

Andalucía afrontará esta nueva etapa con una política económica clara, fijada en su presupuesto para 2012. Un presupuesto responsable, centrado en la recuperación económica y en la creación de empleo.

La posición financiera de la Junta de Andalucía, sin duda afectada por la crisis, mantiene aun un diferencial positivo con el conjunto de las comunidades autónomas.

En términos de endeudamiento, el nuestro, computando también Empresas Públicas, es cuatro puntos del PIB inferior al de la media del conjunto de las comunidades autónomas.

La deuda per cápita de la comunidad autónoma andaluza se sitúa en 1.713 €, casi la mitad que la del conjunto de las CCAA que alcanza los 3.192 € por habitante. Somos la comunidad con menor endeudamiento por habitante, muy lejos de Cataluña (6.246 €), Baleares (4.662 €) o C. Valenciana (4.331 €), según los últimos datos publicados por el Banco de España.

Con el objetivo de sostener los gastos públicos destinados al Estado del Bienestar sin poner en peligro la consecución de los objetivos de consolidación fiscal asumidos por el Gobierno, el Gobierno Andaluz ha recurrido a nuevas iniciativas fiscales en el ámbito de nuestras competencias.

Pero siempre asegurando que cada una de las modificaciones aprobadas se orientara a introducir mayor progresividad y equidad en nuestro sistema fiscal.

Hemos incrementado los tipos impositivos para las rentas más altas en el IRPF.

Hemos elevado los tipos del Impuesto especial de determinados medios de transporte para aquellos que denotan una mayor capacidad de renta de los propietarios: vehículos de alta gama, embarcaciones de recreo, motos náuticas...)

Se han establecido tipos más altos para las mayores herencias.

Asimismo, se ha aumentado el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para los inmuebles de mayor valor.

Y por último, en referencia al restablecido Impuesto sobre el Patrimonio, también se han elevado los tipos aplicables.

Asimismo, en 2011 ha entrado en vigor el Impuesto sobre los depósitos en las Entidades de Crédito con Oficinas en Andalucía con un doble objetivo. Por un lado, que las entidades de crédito también contribuyan al esfuerzo de toda la sociedad, y por otro lado, para estimular la canalización de crédito hacia aquellos proyectos públicos o privados de carácter estratégico para Andalucía.

Además, durante este año se ha seguido avanzando en la fiscalidad ecológica en Andalucía, con el establecimiento del llamado "céntimo sanitario" y la creación del Impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso.

El nuevo momento económico, que ha marcado la última Cumbre Europea, ha ido acompañado en España de la llegada de un nuevo momento político. El nuevo Gobierno de España tiene ante sí una tarea difícil, se enfrenta a muchas incertidumbres, pero con una certeza, que no es de poca importancia, que enfrente tendrá a una oposición responsable, consciente de que esta crisis solo la superaremos desde la unidad y el esfuerzo colectivo.

Desde ese mismo convencimiento, vuelvo a reiterar la lealtad del Gobierno andaluz con el Gobierno de España. Los ciudadanos no entenderían otro comportamiento. Nos han elegido para que intentemos solucionar sus problemas no para que perdamos el tiempo en disputas personales o partidistas.

Agradeceré los aciertos del Gobierno de España con Andalucía y criticaré sus errores con Andalucía, convencido de que no es posible gobernar España de espaldas a Andalucía.

Atendiendo al nuevo momento económico y político que afrontamos, he solicitado hoy mismo oficialmente por carta al presidente Rajoy la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos.

Le ofrezco al presidente del Gobierno, para abordar en el seno de dicha Conferencia, dos grandes pactos que precisan del acuerdo del conjunto de las Administraciones: Un Pacto para la reactivación económica y el empleo y un Pacto para la consolidación fiscal.

Un Pacto para la Reactivación Económica y el Empleo, que debe ir acompasado a la reducción del déficit público, tal y como lo está haciendo el Gobierno andaluz.

Y un Pacto para la Consolidación Fiscal, necesario ante el nuevo escenario europeo, de cara a que los ajustes que tengamos que ejecutar se realicen de manera equitativa, sin que peligren los servicios públicos fundamentales.

Asimismo, entendemos fundamental un profundo análisis de la aplicación del actual modelo de financiación, que debe ser desarrollado de manera correcta y así lo defenderemos desde Andalucía, sin necesidad de empujar una reforma.

En resumen, esta semana finalizaremos un año intenso y difícil para Andalucía y para España. Un año que se resume en cuatro conceptos que marcan la acción del Gobierno andaluz: responsabilidad, realismo, visión estratégica y sensibilidad social.

El Gobierno andaluz ha dado respuestas a la crisis, respuestas responsables en el gasto, respuestas realistas ante la dureza del desempleo, respuestas con visión estratégica estimulando los sectores que garantizan nuestro futuro y respuestas sensibles con las necesidades sociales de las familias andaluzas.

En el realismo, la responsabilidad, la visión de futuro y la sensibilidad social estoy convencido de que nos entenderemos con cuantas instituciones y gobiernos persigan, como nosotros, la creación de empleo, la recuperación económica y el mantenimiento del Estado del Bienestar.

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