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Intervención del presidente de la Junta en la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional

17/05/2012
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Es un honor para mí dar una cordial bienvenida a los representantes de las instituciones que ejercen la jurisdicción constitucional en los países hermanos de ambas orillas del Atlántico.

En los últimos años, la Comunidad Iberoamericana ha ido construyendo una red de instituciones basadas en la igualdad de todas las naciones que la conforman. Entre los vínculos que nos han unido, la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional es, sin duda, uno de los más destacados.

Los Tribunales, Cortes y Salas que imparten justicia constitucional constituyen un elemento fundamental para nuestro sistema político y jurídico, por su doble función de garantes e intérpretes de la Constitución.

La labor de interpretación y enriquecimiento de los contenidos constitucionales contribuye a reforzar nuestros sistemas democráticos. Una tarea que resulta imprescindible para adecuar estos contenidos a las demandas sociales.

En la ciudad de Cádiz, que hoy nos acoge, se sentaron las bases del Estado de Derecho contemporáneo. Hoy, doscientos años después de la promulgación de la Constitución de 1812, la ciudad se convierte de nuevo en un espacio privilegiado para reflexionar sobre el constitucionalismo actual.

El siempre recordado constitucionalista Francisco Tomás y Valiente atribuyó a la Constitución de Cádiz su triple condición de "origen, modelo y mito". De hecho, la soberanía nacional y la división de poderes formuladas en ella son hoy pilares del sistema constitucional.

Además, y lo que considero más importante recordar, es que garantizó por primera vez unos derechos civiles, que, sin embargo, tardaron casi dos siglos en universalizarse.

Todos sabemos que la Constitución del Doce tuvo una vida efímera y atormentada. El capítulo de las libertades y los derechos fundamentales, además de recogerse en un texto constitucional, requiere de un estado de derecho que garantice los mecanismos legales para protegerlos y de unos poderes públicos que asuman el compromiso de hacerlos efectivos. Y este es el gran alcance que debe atribuirse a la Constitución española de 1978.

Los españoles apostaron en la Transición por un determinado modelo social, que sumaba al legado de la libertad el de la igualdad de oportunidades.

El resultado es el periodo más próspero y continuado de paz, democracia y progreso de nuestro país.

Las tensiones históricas entre libertades y desigualdades están en el corazón del argumento democrático. Tal vez, la máxima aspiración de las sociedades democráticas consista en conjugar esas dimensiones de la acción humana.

En Europa, la persistencia de la crisis financiera mundial está incidiendo no solo en las estructuras económicas, sino también sobre los procedimientos democráticos de toma de decisiones.

La política se ha visto supeditada a las exigencias de los mercados financieros. No podemos permitir que la actuación sin reglas de los mercados llegue a convertirse en un derecho superior a los derechos constitucionales.

Está en juego la pervivencia de un modelo de convivencia que ha tenido un enorme éxito en términos históricos de paz social y política.

Por eso, creo que el momento exige la máxima responsabilidad de los poderes públicos para mediar entre las fuerzas del mercado y las necesidades reales de los ciudadanos. Para defender la hegemonía de la política en la toma de decisiones que puedan afectar a los grandes consensos democráticos.

Estamos ante una difícil situación económica en la que las políticas públicas tienen que servir para frenar los peores efectos de la crisis y el empobrecimiento de las familias.

En esta tarea colectiva, las instituciones que integran la jurisdicción constitucional desempeñan un papel esencial por su función de amparo de los derechos fundamentales y de control del funcionamiento de los poderes públicos.

Y también, y muy especialmente, en la protección de la constitucionalidad de las leyes promulgadas, del derecho de las minorías políticas a la participación y en la defensa de las competencias de los distintos órganos del Estado.

Los tribunales de justicia iberoamericanos son depositarios de un legado común de enorme valor. Contamos con una tradición y una cultura jurídica muy similar que ha de servir para generar marcos comunes de colaboración y fortalecer estas instituciones claves en el avance democrático de nuestros países.

La democracia y los derechos humanos han sido y son ejes en la formulación y ejecución de la política iberoamericana, más allá de las diferencias políticas y de acción de los distintos gobiernos. Sobre esas bases hemos construido una fructífera relación que ha sustentado un proyecto común de ambiciosos objetivos.

El más urgente de todos: el consenso en torno a la necesidad de impulsar la educación como motor de progreso. Este es el instrumento político más potente para hacer ciudadanía, para incluir a todos y que puedan vivir en una sociedad de derechos.

Confío en que los encuentros que van a celebrarse en Cádiz bajo la bandera del Bicentenario fortalezcan nuestro marco de convivencia y cooperación en el futuro.

Así lo hicimos en distintos momentos del pasado, cuando Latinoamérica y España, España y Latinoamérica, supieron acoger a muchos hombres y mujeres de uno y otro lado que vieron peligrar sus derechos más básicos en sus respectivos países, y garantizarles su condición de ciudadanos libres. Quizá se refería a eso Mario Benedetti cuando, con su ironía certera y entrañable, escribió: "Segundas patrias, siempre fueron buenas".

En ese espacio común de derechos y de cultura que hemos sabido construir, es donde reside nuestra fuerza para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y democrática.

Bienvenidos a Andalucía y buen trabajo.

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