Andalucía, los andaluces y andaluzas, exigimos igualdad y un trato justo por muchas razones.

Andalucía es, y se siente, parte importante de España y quiere colaborar con los objetivos comunes de país, pero no acepta un trato discriminatorio, que suponga romper la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan.

Ayer se produjo un ataque clarísimo a los intereses de Andalucía que el Gobierno andaluz no va a consentir.

Las decisiones que se tomaron en el CPFF son un ataque frontal a la igualdad que, de hacerse efectivas, supondrían también un golpe durísimo a la educación, desde la educación infantil hasta la Universidad y el sistema de investigación y ciencia, y también a la sanidad públicas de los andaluces y andaluzas.

Exigimos al Gobierno de España responsabilidad y lealtad institucional. Eso significa diálogo y lealtad institucional y no imposición de ningún tipo. Y significa, por encima de todas las cosas, no discriminar por razones políticas o partidarias a unos territorios frente a otros.

Exigimos diálogo y responsabilidad, reparto equitativo de los costes de la crisis y de los sacrificios.

Lo peor que nos puede pasar a los españoles, a los andaluces, es que la crisis termine con la igualdad de oportunidades cuya máxima expresión se alcanza en una educación de calidad para todos y todas; en un sistema sanitario que atienda a todos y todas, sin discriminación y en unos servicios sociales que apoyen a las personas más necesitadas.

Ayer todos estos objetivos se pusieron en peligro.

Reaccionamos como reaccionamos, porque los acuerdos del CPFF, presentados sin previo aviso y sin notificación previa, modificando los planes de equilibrio de mayo pasado, discriminan a Andalucía y a todas las CCAA que en el inmediato pasado redujimos nuestra deuda, y benefician a todas las que hicieron lo contrario.

En mayo el objetivo de endeudamiento era 2 puntos superior al que se nos quiere imponer ahora. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué se nos quiere fijar un límite de endeudamiento inferior si ya estamos por debajo no solo del que se había fijado en mayo sino del límite del 16% fijado con carácter general?

¿Cómo se puede explicar que, de mayo acá, a Andalucía se le haya reducido el límite de deuda del 15,1 al 13,2% del PIB, mientras que a Cataluña se le aumenta del 21,3 al 23,5%; a la C.Valenciana, del 22,4 al 23%; o a Castilla La Mancha, del 18,9 al 21,4%?

¿Saben ustedes cuánto significa eso en euros? Pues que mientras en 2013 Andalucía tiene que recortar 2.735 millones de euros con un endeudamiento menor, Cataluña tiene un mayor margen de 4.359 millones; Valencia, de 612 millones y Castilla La Mancha, de 944 millones, siendo así que sus respectivas deudas duplican a la de Andalucía.

Hemos dicho NO porque, de llevarse a cabo las decisiones del Gobierno, avaladas por las CCAA del PP, Andalucía, cuya deuda por habitante es inferior a la media, se vería abocada a:

Cerrar 19 hospitales (todos los del SAS). O despedir a 60.000 empleados públicos, uno de cada cuatro trabajadores de la Junta. O cerrar la mitad de los colegios de Andalucía (más de 2.000).

No se trata, como algunos interesadamente quieren ver, de una contienda entre la administración central y las comunidades autónomas. Ésa es una cortina de humo. Se trata de un ataque generalizado contra la educación y la sanidad públicas. Y, en el caso de ayer, un ataque cuyo destinatario fundamental es Andalucía.

Este no es un episodio de confrontación. Insisto, es una discriminación sobre Andalucía del Gobierno del Partido Popular que pone en riesgo nuestros servicios públicos fundamentales.

Se trata además de una decisión, la del CPFF; que fue tomada sin anunciarla previamente, por lo menos a la Junta de Andalucía, y que choca contra la lógica más elemental: La que nos dice que son las CCAA que tienen un mayor endeudamiento las que deben hacer un esfuerzo por reducirlo. Y no las comunidades que, como Andalucía, han hecho sus deberes y tienen hoy menor endeudamiento del que se ha fijado como objetivo.

Por ello, les anuncio que:

- Mañana mismo, el Gobierno andaluz celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario que procederá a autorizar todos los recursos jurídicos, por la vía contencioso-administrativa o constitucional, que sean necesarios para defender los intereses generales de Andalucía.

- En segundo lugar, el Gobierno andaluz, también en esa reunión extraordinaria, acordará requerir al Gobierno central la revisión de la decisión que se informó ayer en el CPFF, en el entendimiento de que es una decisión que perjudica notablemente a Andalucía.

- Acordaremos también en esa reunión extraordinaria la solicitud, previa a la Conferencia de Presidentes autonómicos que presumiblemente se celebrará en septiembre, de un pleno extraordinario del Parlamento andaluz porque queremos que Andalucía asista a dicha Conferencia con una voluntad, a ser posible unánime, de la Cámara en defensa de los intereses que compartimos.

- Y, por último, el Gobierno andaluz va a iniciar una ronda de reuniones con los agentes sociales y económicos de la comunidad, al objeto de conformar un acuerdo social común frente a lo que consideramos como un ataque frontal a la educación y a la sanidad públicas y, muy en particular, al bienestar de los andaluces y andaluzas.

Y concluyo. Reitero lo que he dicho muchas veces. Siempre hemos manifestado la voluntad de cumplir los objetivos de estabilidad y lo reiteramos: España se ha comprometido a unos objetivos que Andalucía apoya. Le di al presidente del Gobierno, en la reunión que tuvimos, un cuadro diferente de distribución del déficit, basado en el 60-40%. Me dijo que lo iba a estudiar.

La respuesta vino en el CPFF. No solamente no se modificó la distribución del déficit, que ya de por sí es lesiva para la sanidad y la educación, sino que además incluyó una cláusula de nivel de endeudamiento de la que nadie nos había avisado.

Andalucía ha mostrado siempre su voluntad de cumplir y siempre vamos a defender el valor de España. Pero de la misma forma que digo esto, digo también que discriminar a Andalucía es la peor forma de defender a España.