Mis primeras palabras son para Santiago Carrillo. Hoy voy a hablar de consensos, de esos consensos que organizan un modelo de convivencia entre todos los españoles. Por eso no puedo dejar de recordar a un político puro, como lo llamó Javier Cercas, generoso y artífice destacado del papel del comunismo en la transición.

El modelo de convivencia que nos dimos y la forma de convivencia que hemos desarrollado en estos treinta años se debe mucho a personas como Santiago Carrillo.

Llevamos casi cinco años de crisis económica y lo único que sabemos con seguridad tras este lustro es que nada ha ido a mejor en la realidad económica y que todo ha ido a peor en las decisiones para mejorarla.

Hemos pasado de la rebeldía al conformismo: de pedir la refundación del capitalismo, la necesidad de regular los mercados financieros e impulsar políticas de demanda, a ceñir toda la política económica a la reducción del gasto público y el control del déficit. Qué nostalgia se tiene ahora al leer las conclusiones del G-20 de Londres, en 2009, cuando se pedía la regulación de los mercados financieros, la lucha contra los paraísos fiscales y una amplia política de reactivación económica.

La orientación y las consecuencias de este viraje las están ustedes viendo. El conjunto de la zona registra un crecimiento negativo del -0,5% anual. No solo los países GIPSI, sino países como Holanda, Finlandia o Bélgica también acumulan crecimientos negativos. Y, lo más elocuente, los países rescatados, Portugal y Grecia van cada vez peor. Portugal tiene un decrecimiento de más del 3 por ciento, Grecia de más del 6 y la tendencia es a peor

No hay peor ciego que el que no quiere ver. La política de reducción del gasto público, de crecimiento de impuestos y de recortes sociales está siendo un fracaso.

Es un camino que solo nos lleva a empeorar las cosas porque identifica austeridad con recortes del gasto público, olvidando que nuestro gasto público es inferior a la media europea, y el gasto social, sensiblemente inferior, salvo en el gasto en protección por desempleo, que es consecuencia de la reducción de este gasto.

Austeridad es lo contrario de derroche o despilfarro. Y permítanme que les diga que el auténtico despilfarro para un país está en reducir la inversión en educación, en conocimiento, en I+D+i.

Que el auténtico despilfarro está en reducir la igualdad de oportunidades y aumentar las desigualdades sociales.

Que es un despilfarro tratar de competir debilitando a los sindicatos, con bajos salarios y largas jornadas. Y lo es también romper los consensos básicos de nuestra convivencia generando una ruptura de la estabilidad de la confianza y de la paz social, elementos básicos de nuestra competitividad.

Estabilidad, crecimiento económico, diálogo social, igualdad de oportunidades e inversión en educación son factores de competitividad y, por tanto, prioritarios en cualquier momento y situación.

Desde el gobierno andaluz, aun con las limitaciones e imposiciones que suponen los decretos leyes del gobierno central, hemos seguido priorizando estas políticas. Somos la única Comunidad Autónoma en la que, en estos años de crisis, ha crecido la inversión en I+D. Es más, dentro del brutal aumento del desempleo al que no escapamos, los aumentos del empleo más significativos en estos años se han producido en los sectores manufactureros de alta tecnología. Mientras que en España, entre 2007 y 2011, se ha reducido la ocupación en este sector en un 24%, en Andalucía ha crecido el 6%. Por lo demás, queremos mantener todas las políticas de igualdad de oportunidades en el convencimiento que igualdad de oportunidades lleva a más crecimiento y más competitividad.

Vivimos un momento de desorientación. La crisis está devorando la lógica económica y subvirtiendo sus objetivos básicos. Hoy los medios se han convertido en prioritarios sobre los fines y la contabilidad ha desplazado a la política económica.

Podríamos hablar de un estado de excepción económico que nos está poniendo en cuestión muchas de las certezas del pasado sin llevarnos a otras nuevas. Que está poniendo en riesgo los pilares más importantes de nuestra convivencia y armonía social.

Tres son los elementos sobre los que se ha asentado el desarrollo y el progreso que hemos vivido en España y en Andalucía durante los últimos treinta años: la recuperación de la libertad y de la democracia, el Estado de las Autonomías y nuestra integración en la Unión Europea.

En estos momentos, por razones diversas, pero todas relacionadas con la crisis, los tres elementos se están impugnando.

En primer lugar vivimos una crisis de la democracia representativa. Calificativos como aletargada o intervenida han sido utilizados para caracterizarla. Se considera que no es sólo la economía la que está intervenida sino la propia democracia y su capacidad para generar expectativas y confianza.

Angela Merkel, preguntada sobre las consecuencias que podría acarrear un cambio de gobierno en Francia, afirmó categóricamente que "Europa no podría funcionar sin cambiar de dirección después de cada elección". Sin pretenderlo, o tal vez pretendiéndolo, la canciller alemana  vino a decirnos que las elecciones resultan irrelevantes si lo que se espera de ellas es un cambio político.

En España y en esta misma dirección, como recoge José Fernández-Albertos en su obra "Democracia intervenida", el economista Luis Garicano daba el siguiente consejo a Mariano Rajoy: "Es crucial que el Gobierno se olvide de las elecciones gallegas y de las elecciones generales dentro de cuatro años y aprenda la verdadera lección de Andalucía, que es ésta: es imposible, en una situación como ésta, para ningún partido en el poder, ganar unas elecciones, y más vale concentrarse en resolver el problema de la sostenibilidad de España y pasar a la historia". Por cierto, no es lo que ha ocurrido en Holanda y luego me referiré a ello.

Si al final llegamos a la conclusión de que no hay libertad de elección, de que es obligatorio adoptar determinadas decisiones, los ciudadanos pueden interrogarse con toda la razón para qué sirve votar.

La política es el territorio de la posibilidad y, por tanto, de las alternativas. Si la convertimos en el territorio de la necesidad, sobran los políticos y con ello la propia democracia. Sin elección no hay política. Si lo que existe es un camino único terminaremos buscando o un cirujano de hierro o un tecnócrata sin responsabilidad ante los ciudadanos.

Cuando el gobierno de Rajoy subordina toda su política económica a la ley de los mercados; cuando incumple todos sus compromisos electorales; cuando hurta el debate político y se aleja del parlamento, está abriendo una brecha peligrosa entre los ciudadanos y la política. Una brecha que alienta la demagogia y el populismo.

Si todas las decisiones del gobierno de Rajoy se hubieran tomado profundizando en el diálogo social y tras intensos debates parlamentarios, probablemente podría haber comprobado la existencia de alternativas y con ello habríamos fortalecido la confianza en la política y en su capacidad de cambiar las cosas.

Pero sobre todo habríamos ahuyentado tanta demagogia como esa subasta a la baja de reducción de parlamentarios a la que con tanta perseverancia se dedica el PP y el populismo que anida en algunas ofertas políticas.

Les recuerdo lo que les decía de Holanda. Las pasadas elecciones que se convocaron con el auge del radicalismo y el euroescepticismo, se celebraron tras siete debates electorales en solo tres semanas. Estos debates sirvieron para poner en evidencia la demagogia y el populismo de los partidos favoritos y dieron la victoria a los partidos liberal y laborista, porque los ciudadanos se convencieron de que el populismo, cuando se somete al escrutinio contradictorio del debate, termina por mostrar su auténtico rostro: un conjunto de consignas y titulares que no encierran ninguna solución.

Pero si el populismo es el riesgo el pensamiento único, es la causa que hay que combatir. Sobre todo cuando su aplicación nos ha traído a un empeoramiento de todas las variables económicas y, lo que es peor, de la cohesión social.

Alguien ha dicho que "la austeridad es un impuesto oculto que los Gobiernos recaudan sobre los ciudadanos de bajos y medianos ingresos para pagar el sobrecoste de la financiación a los prestamistas".

En el sentido de austeridad que antes les decía, es verdad.

Tal y como se están haciendo las cosas, de acuerdo con la norma que dicta el Bundesbank, que sigue casi a pies juntillas el BCE, lo que se está produciendo en Europa, en general, y en España, en particular, es un proceso de acumulación de capital mediante la transferencia de rentas de las clases medias y trabajadoras al capital financiero. Resulta significativo que el primer proceso de rescate en el que se ha visto envuelto España haya sido para recapitalizar a las entidades financieras con dinero de todos y para liberarla de sus activos más vulnerables.

En resumen, convertir la reducción del déficit en el camino posible para salir de la crisis y ver cómo este camino empobrece aun más a la población está debilitando la cohesión social y la propia democracia. No es posible aceptar que la salida de la crisis se tenga que conseguir sacrificando a una generación o derogando lo fundamental de nuestro estado social y democrático de derecho.

El segundo consenso constitucional que se está poniendo en riesgo en estos momentos es el de la forma de Estado.

Creo que en esta impugnación del Estado de las Autonomías coinciden la derecha nacionalista española y el nacionalismo periférico. Una visión que está siendo un éxito desde el punto de vista de su propagación, pero que está resultando muy perturbador y perjudicial para avanzar en nuestro modelo de convivencia.

Es muy sorprendente que en unas circunstancias como las actuales, en la que hemos asistido a la mayor movilización a favor de la independencia en Cataluña, y cuando en el País Vasco Bildu se presenta con buenas expectativas electorales, nadie desde la derecha española haya salido proclamando el riesgo de la ruptura de España.

El discurso de una parte importante del PP y los planteamientos de CiU tienen bastantes puntos en común. La mayor coincidencia se produce cuando en ambos campos, al que se ha sumado recientemente el presidente de Galicia, se da por sentado que en España sólo han de sobrevivir tres Comunidades: Cataluña, País Vasco y Galicia. Si hacemos caso al profesor Santiago Petschen habría que añadir a las tres anteriores una cuarta, Castilla, en la que entraríamos todos los demás,

He dicho muchas veces que el Estado de las Autonomías ha sido una historia de éxito. Del salto cuantitativo y  cualitativo, que ha experimentado nuestra economía, más allá de la actual coyuntura, son en gran medida responsables la conjunción de políticas estatales y autonómicas. El desarrollo de un Estado del Bienestar eficiente que proporciona servicios básicos universales, como son la sanidad, la educación, las pensiones, o la atención a los dependientes, es también un logro compartido que ha propiciado la descentralización política.

Han pasado treinta años y el modelo autonómico sigue abierto. El paso del tiempo obliga a actualizarlo pero también hay que cerrarlo. Se trataría de aproximarlo a un modelo federal, pasando de la fase de construcción a una fase de cooperación institucional que garantice la igualdad en la diversidad de todos los españoles, la eliminación de barreras y obstáculos a la unidad de mercado y la búsqueda de objetivos comunes de entre los cuales el empleo ha de ser preferente.

Por último, el tercer elemento que está en crisis y que tanto ha supuesto para la modernización y el progreso de España y de Andalucía es el proyecto europeo.

La Europa a la que tantos  españoles anhelamos pertenecer como sinónimo de libertad y progreso hoy también cotiza a la baja en el aprecio de los ciudadanos.

Las razones para esta devaluación de la estima tienen que ver no con los procesos de cesión de soberanía, sino con la ausencia de control de a quién se cede esa soberanía y la ausencia de controles democráticos sobre el ejercicio de la misma. Hoy a lo más que se llega es a pretender que exista una gobernanza, que es política sin responsabilidad del Parlamento y gobernar sin rendir cuentas.

Si las políticas que emanan de las instituciones europeas se centran en imponer ajustes, austeridad pero sólo para las clases medias y trabajadoras, y se promete que el bienestar llegará en un futuro que nunca se alcanza, y ni siquiera se atisba, es lógico que se produzca una enorme pérdida de confianza en el proceso de construcción europea.

Y lo que resulta más paradójico es que esta pérdida de aprecio se haya producido precisamente con la puesta en marcha de aquello que tanta ilusión concitó: la moneda común, el euro. La lección que podemos extraer es clara: forzar a economías diferentes a compartir moneda y políticas monetarias comunes con las reglas actuales no ha hecho a las economías más parecidas. Las ha hecho más diferentes.

Ante una situación como ésta de impugnación de los consensos básicos, ¿qué podemos hacer?

En mi opinión la respuesta para superar la crisis por la que atraviesan la democracia, las autonomías y la Unión Europea, sólo tiene solución con más democracia, más federalismo y más Europa.

Cuando digo más quiero decir también mejor. Más Europa es más Unión y más democracia. Más Europa de los ciudadanos.

Cuando creamos el euro, adoptamos una moneda compartida sin una política económica común que permitiera la transferencia de renta. Y hoy vemos que eso no funciona. Porque el modelo es otro. Por ejemplo, en Estados Unidos cuando hay un problema en California, el Estado federal acude para solucionar ese problema pero no con condicionalidad. Así funciona el dólar o la libra esterlina, con un sistema de transferencia de rentas, que no es un rescate.

El euro, tal y como se regula por el BCE, no funciona salvo para dotar de un poder adquisitivo ficticio a economías que pueden comprar productos alemanes y para permitir que Alemania pueda venderlos. No hay una Unión política ni hay una política económica común y tal vez no hay una visión ni una regulación que nos permita afrontar el futuro de otra forma. Que hoy siga siendo el control de los precios el único objetivo del BCE, que el crecimiento y el empleo sean solo un efecto inducido y no una política con personalidad propia no solo está haciendo fracasar a la Unión Monetaria sino que ha mutilado el PEC.

Es preciso volver al proyecto europeo. A los consensos básicos que nos hicieron compartir nuestra ciudadanía andaluza con la española y la europea.

No hay que caer en la tentación de creer que los consensos están en el origen de la crisis. Es lo contrario.

Como muy bien terminaba su artículo este domingo Soledad Gallego-Díaz, cuando se refería a cómo abordar el método para recuperar la Cataluña y la España diversa dentro del respeto al proceso institucional, "deberíamos desconfiar cada vez más de quienes, en todas partes, entorpecen ese camino con populismos y de quienes quieren hacernos creer que existe otra legitimidad que no sea el pacto".

Hay que avanzar hacia un gran Pacto que nos permita actualizar nuestro modelo de convivencia que se ha basado en la Constitución, y que debe seguir partiendo de ella. No puede haber cambios del modelo fuera del respeto a las reglas de juego. Y si se trata de reformarlas, hagámoslo con el mismo consenso con el que aprobamos las que se pretenda sustituir.

Más cooperación entre las Comunidades, más federalismo. Los países más avanzados y desarrollados tienen este modelo de organización. Estoy convencido de que en España (y desde Andalucía lo tenemos claro) seremos capaces entre todos de articular un modelo de organización territorial en el que podamos sentirnos cómodos todos. El respeto a la diferencia no puede ser incompatible con el respeto a la igualdad.

Andalucía, que se siente parte importante de España y que se reconoce con el mismo derecho que Cataluña, País Vasco y Galicia a tener identidad y autogobierno propios, no tiene ningún temor en avanzar en el perfeccionamiento de un Estado Federal cooperativo y capaz de garantizar la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan.

Es imprescindible, claro está, que el modelo de Estado avance: Que elimine duplicidades y garantice la validez universal de los procedimientos y la unidad de mercado. Que establezca un marco permanente de colaboración con la reforma del Senado.

Junto al modelo territorial, para mantener y preservar el Estado del bienestar hay que priorizar las políticas de gasto. Y aquí es muy importante el consenso, el diálogo social y el entendimiento con los agentes sociales que articulan un espacio de paz social.

No tengo ninguna duda que la primera ha de ser la educación, la formación, la I+D. Si queremos más empleo empecemos por más y mejor educación, más y mejor conocimiento, investigación e innovación. Y hagamos ya de una vez por todas un esfuerzo de unir con mayor fuerza las políticas activas de empleo y las políticas de protección del desempleo. Es imprescindible que caminen juntas.

Junto a ello hay que preservar las políticas de protección de la salud y, por supuesto, el apoyo económico y social de pensionista y personas dependientes.

Y déjenme decirles que la consolidación del SNS es una de las conquistas más hermosas de nuestra democracia. Gastamos menos en términos relativos que otros países y atendemos en mejores condiciones. Hay que preservar el modelo y ello no pasa por la ruptura de la cobertura universal ni por la privatización de servicios y prestaciones sino por ajustar el gasto a las tendencias demográficas y establecer amplios consensos como lo fue el Pacto de Toledo de 1995. No hay mayor error que intentar solucionar problemas estructurales con soluciones coyunturales para el SNS. Para el SNS y el sistema de pensiones son necesarias soluciones estructurales. Por supuesto también a reducir gastos sin reducir derechos como hemos venido haciendo en Andalucía. Uso racional del medicamento, prescripción por principio activo, subasta de medicamentos, receta electrónica, cirugía ambulatoria y extensión de la atención primaria nos han hecho pioneros en esta políticas de racionalización del gasto sanitario, que es como se consolida el SNS.

Si hablamos de ingresos, hay que reformar en profundidad el sistema fiscal que hoy no es equitativo. Es un escándalo que en nuestro país la mayor carga fiscal recaiga sobre las espaldas de los asalariados. Hoy los trabajadores pagan más IRPF que sus jefes, según nos recordaba recientemente Joaquín Estefanía. La aplicación de una política de mayor progresividad ampliable a las rentas de capital y la lucha contra el fraude fiscal deben ser objetivos de una política tributaria concertada.

Hay que cambiar la política económica, que ha de ser también una política de estímulo de la demanda. Si no se compra no se vende, si no vende no hay economía y no se crea empleo.

Concluyo: Es evidente que el camino que nos están obligando a recorrer nos está conduciendo a la depresión y a la pérdida de expectativas de futuro. No podemos permitirnos que lo que ha sido el objetivo central de la acción política progresista se pierda: Que las generaciones venideras vivan mejor que las actuales.

En Andalucía estamos comprometidos con ese objetivo. Sabemos que es difícil y que no depende enteramente de nosotros. Pero contamos con un precedente, un intangible, que nos alienta y pone de manifiesto la fortaleza de la voluntad del pueblo andaluz. A diferencia de quienes se replantean a cada momento su relación con España, nosotros hacemos España al luchar por el progreso de Andalucía. Sabemos que juntos podemos y sabemos también que el 28 de febrero no fue solo un arrebato ni una quimera. Fue la manifestación de nuestra capacidad para hacer país. Y para hacerlo desde el progreso y la igualdad de oportunidades. De ésta como de otras crisis vamos a salir. Luchemos por no dejarnos en el camino lo mejor de nosotros mismos.