En el ámbito de la Justicia, la principal novedad de la legislatura ha sido la entrada en servicio, a principios de este año, del Sistema de Interconexión de Consultas en los 370 órganos unipersonales de la jurisdicción penal. Este dispositivo, que se extenderá al resto de las jurisicciones, permite reforzar la coordinación y disponer y compartir de toda la información de los penados para evitar que se repitan casos como el de Mari Luz. Además, los juzgados andaluces han tramitado en lo que va de legislatura más de 7 millones de notificaciones por medios telemáticos a través de Lexnet, lo que convierte a la comunidad autónoma en líder nacional en el uso de de este sistema.

Otro de los ámbitos que ha recibido mayor impulso ha sido el de la mediación extrajudicial, como vía de reducción de la litigiosidad alternativa a la discriminatoria subida de tasas. La Administración autonómica ha reforzado durante el último año los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos en todos los órdenes jurisdiccionales. Destaca la labor del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, que sólo entre enero y noviembre del pasado año evitó la judicialización de 133 conflictos colectivos que afectaban a 78.670 trabajadores.

En el ámbito mercantil se están desarrollado experiencias de mediación en los juzgados de Cádiz y Sevilla, con la colaboración de los jueces y de las cámaras de comercio, mientras que el arbitraje penal se desarrolla actualmente en 16 órganos judiciales andaluces con la colaboración de entidades sociales. La vía extrajudicial también está regulada desde 2009 a través de la Ley de Mediación Familiar de Andalucía, cuyo desarrollo evita numerosos litigios en temas relativos a separaciones, divorcios y ejercicio de la patria potestad o la tutela, entre otros.

Tanto la nueva ley estatal que implantó las tasas judiciales como el Real Decreto Ley que la modificó sin alteral su contenido fundamental han sido recurridas por el Gobierno andaluz ante el Tribunal Constitucional. Obstaculización del acceso de la ciudadanía a la Justicia y vulneraciónn de los principios de igualdad y del derecho a la tutela judicial efectiva han sido los motivos. La Junta señala que las tasas son especialmente atentatorias en la jurisdicción social, ya que aumenta la desigualdad entre las partes, discrimina a los trabajadores en la defensa de sus derechos y eliminan el ordenamiento compensador de la superioridad del empresario en estos litigios. Asimismo, considera que el 'copago judicial' discrimina en el ejercicio de sus derechos a un amplio segmento de la población con rentas bajas, así como a las las pequeñas y medianas empresas.