Noticias de la Junta de Andalucía

Reducción del gasto

Andalucía logra un déficit por habitante inferior a la media nacional sin destruir empleo público y sin necesidad de privatizar ni cerrar servicios

En su balance del año de legislatura, el Gobierno andaluz ha subrayado su esfuerzo de reducción de gastos sin privatizar ni cerrar servicios públicos y manteniendo el máximo empleo público, pese a los obstáculos que han supuesto la caída de la financiación procedente de los Presupuestos Generales del Estado y la forma en que se han desplegado las medidas para reducir el déficit público en España.

El primero de estos escollos, que ha condicionado la elaboración de los primeros presupuestos del Gobierno de coalición, ha supuesto importantes pérdidas de recursos por el incumplimiento de los compromisos relativos a la Disposición Adicional Tercera del Estatuo de Autonomía (–681 millones de inversiones estatales en 2012 y 2013) (-681 millones en inversiones estatales en 2012 y 2013); la aplicación inadecuada del modelo de financiación autonómica (-890 millones), y la reducción en el Fondo de Compensación Interterritorial (-25,6%, 750 millones) y en las transferencias finalistas (-55,6% en 2013, los que supone 688,3 millones menos). Otras mermas destacadas han sido este año las del Fondo de Cohesión Sanitaria (-61%) y el Fondo de Suficiencia (-55,1%).

El segundo de los obstáculos ha estado motivado por la imposición de un objetivo de déficit injusto y discriminatorio a juicio del Gobierno andaluz. La posición de la Junta, expresada reiteradamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pone de relieve el perjuicio que, en relación con las comunidades de mayor renta, supone fijar este objetivo en función del Producto Interior Bruto (PIB) y no de la población.

De acuerdo con los cálculos de la Junta, con este segundo criterio Andalucía habría dispuesto en 2012 de un margen superior a 692 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que ha supuesto la desviación del objetivo acordado con el Estado (2,02 del PIB frente al 1,5% previsto). Además, en el mismo ejercicio el Estado no compartió con las comunidades autónomas el punto adicional de déficit otorgado a España por la Unión Europea. En 2013, el acusado desequilibrio en el reparto de los objetivos de déficit entre el Estado (3,8% del PIB) y las comunidades (0,7%), deja a Andalucía con un 24% menos de recursos por habitante que la media de las regiones españolas y con un 40% respecto a las de mayor renta.

Igualmente discriminatorios han sido, según la Junta, los criterios de distribución del Fondo de Liquidez Autonómica, al beneficiar a aquellas comunidades más endeudadas en detrimento de las que, como Andalucía, presentan unos niveles de deuda por habitante inferiores a la media nacional. El Gobierno andaluz ha reclamado, asimismo, la atribución a las comunidades de una parte de las subidas de impuestos, como la del IVA, ya que así está establecido en la Ley de Financiación Autonómica, y la liquidación de las obligaciones del Gobierno central ya reconocidas de 2009 y 2010, que en total suponen 1.504 millones de euros.

Reequilibrio financiero

Pese a los drásticos recortes en la financiación estatal y a la bajada de ingresos por la crisis económica (840 millones de euros en 2012), Andalucía redujo su déficit público el pasado año un 42,3% respecto a 2011, frente a la disminución del 26,5% en el Estado. En términos per cápita, el déficit andaluz es un 12% inferior a la media de las comunidades autónomas (338 euros frente a 383).

Para poder hacer frente a esta situación, la Junta aprobó en junio de 2012 un decreto-ley de medidas de reequilibrio que combinan aumentos de ingresos fiscales (1.000 millones) y de contención del gasto en la Administración (2.500 millones). Tanto en este plan de ajuste como en los presupuestos autonómicos, se han aplicado como principios básicos no contribuir a la destrucción de empleo y mantener el nivel de recursos destinados a políticas sociales, educación y salud. Así, las cuentas andaluzas para 2013 han dado continuidad al esfuerzo inversor realizado durante los años de la crisis, que ha supuesto una media del 3,7% del PIB desde 2008 y casi una cuarta parte del realizado por el conjunto de las comunidades autónomas.

Entre las medidas de contención del gasto, destaca la continuación de la reorganización de la Administración de la Junta iniciada en la anterior legislatura. El número de centros directivos se ha reducido en 294, lo que supone un 30% respecto a 2008 (un 50% en los servicios periféricos, gracias a la creación de las delegaciones territoriales) y un ahorro de 200,7 millones de euros en 2013.

La reorganización administrativa se ha llevado a cabo sin privatizar, reducir prestaciones o despedir empleados públicos. Así, la  aplicación del incremento de jornada de trabajo a las 37,5 horas semanales impuesto por el Gobierno de España, y de obligado cumplimiento, se ha llevado a cabo mediante fórmulas que han evitado la destrucción de 24.000 empleos en el sector público andaluz.

Frente a los despidos, el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014 prima, por el contrario, las medidas de reducción de gastos en coches oficiales, protocolo, alquileres de inmuebles, dietas y publicidad, así como del número de altos cargos y sus retribuciones, incluidas las del personal directivo de las entidades del sector público andaluz. Por el lado del aumento de ingresos, las principales medidas se han derivado del incremento del IRPF para rentas superiores a 60.000 euros; el impuesto de patrimonio para los contribuyentes con más de 700.000 euros; la tasa fiscal del juego; el impuesto de actos jurídicos documentados, y el impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos a la banda alta del gravamen autonómico.

Entre otros resultados, sólo en 2012 se logró una reducción del 11% en el gasto no financiero presupuestado inicialmente, lo que suponen 2.888 millones de euros (343 euros por habitante). El gasto corriente primario (sin intereses de la deuda) se redujo un 5,5 % (1.120 millones). Estos resultados se lograron haciendo frente a situaciones de esfuerzo adicional, principalmente por la bajada de la financiación estatal a la dependencia y por el incremento del IVA en los suministros sin que el Gobierno central haya compartido la recaudación.