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Intervención del presidente de la Junta en el 25º aniversario de la Cámara de Cuentas de Andalucía

21/05/2013
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Es un placer compartir con todos ustedes la celebración del 25º aniversario de la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano que contribuye a la consolidación y legitimación del sector público en un sistema de democracia parlamentaria.

Una democracia moderna no se entiende sin un sólido sistema de controles y contrapesos. En este sentido, la Cámara se ha convertido en un elemento estratégico para el correcto funcionamiento de la autonomía andaluza. Su trayectoria y el trabajo realizado a lo largo de estos años nos han permitido avanzar hacia una mejor gestión de los recursos públicos.

La construcción de la autonomía política en Andalucía ha sido el resultado de la lucha de un pueblo en defensa de su identidad y de su derecho a transformar su realidad social, política y económica.

Este camino se ha recorrido con la implicación decisiva de la sociedad andaluza y la construcción de una arquitectura institucional que ha permitido consolidar el ejercicio efectivo de los derechos conquistados.

La autonomía financiera y presupuestaria de nuestra comunidad hacía necesario un órgano autonómico propio que controlara el gasto y la gestión de los recursos públicos. Es en este proceso en el que se enmarca la creación de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El sometimiento a la norma legal, y la ineludible obligación de rendir cuentas de la gestión realizada sobre los fondos públicos, es una de las características principales de los sistemas democráticos que cobra mayor trascendencia, si cabe, en un momento de crisis y de grandes dificultades como el actual.

Las tareas de fiscalización y control presupuestario que realizan los órganos externos, como la Cámara de Cuentas de Andalucía, pertenecen al núcleo duro de la gestión pública, al ser una exigencia permanente.

Las herramientas de control forman parte de los sistemas de gobierno inteligentes y son también un indicador de la madurez democrática de la sociedad. Desarrollan unos procedimientos de control que, tal y como afirma Daniel Innerarity han de contar con elementos de imprevisibilidad, de limitación del poder en las instituciones de control.

La Cámara de Cuentas fiscaliza el cumplimiento de los presupuestos que aprueba este Parlamento, pero es necesario ir más allá. Del mismo modo que las administraciones públicas se plantean como un reto irrenunciable la eficacia en la gestión y los impactos de esta gestión en la sociedad, los ámbitos de control de los fondos públicos han de adaptarse también a las nuevas demandas de la ciudadanía.

Su labor fiscalizadora y de control no se limita a aspectos financieros o contables, sino que abarca igualmente una faceta jurídica básica, atendiendo a la legalidad de aspectos básicos, como la contratación y la gestión de los fondos públicos.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha dado múltiples muestras de su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades originadas por el propio desarrollo autonómico. De ahí que la función fiscalizadora haya evolucionado en proyección geográfica, temáticas y objetivos técnicos. Así, a las tradicionales auditorías de regularidad se han sumado las auditorías operativas o integrales, en cuyo desarrollo en nuestro país ha sido pionera la Cámara andaluza.

Para el sector público, mucho más en tiempos de crisis, toma especial relevancia la necesidad de implantar las auditorías operativas, cuyo análisis se extiende a factores de economía y de eficiencia. Este tipo de auditorías, muy implantadas en países como Suecia o Reino Unido, o en instituciones comunitarias como el Tribunal de Cuentas europeo, (sobre todo en materia de evaluación de los Fondos Estructurales), ha dado resultados positivos en nuestra comunidad.

En este sentido, me gustaría destacar las realizadas en el ámbito de la sanidad pública, sobre la gestión de los centros hospitalarios públicos, la prestación asistencial o el gasto farmacéutico en los hospitales del SAS.

La auditoría operativa nos permite, en definitiva, mejorar la toma de decisiones e implantar las medidas correctoras necesarias, en caso de detectarse disfuncionalidades. También nos aporta una información relevante al medir la calidad de los servicios ofrecidos y prestados por las administraciones públicas o informar sobre el control interno vinculado a la ejecución de contratos.

Queda aún mucho trabajo por hacer, también en este campo, ya que la implantación definitiva de este tipo de auditorías supone mayores exigencias, entre las que se encuentra la necesidad de contar con equipos humanos altamente especializados y multidisciplinares.

Desde el punto de vista de los contenidos y áreas a fiscalizar quiero destacar también la apuesta de la Cámara de Cuentas por abordar aspectos esenciales para el correcto funcionamiento del Estado del Bienestar y la prestación de servicios sociales tan necesarios en un momento de crisis tan duro como el actual.

En este sentido, el Plan de Actuación del año 2013 prevé actuaciones en materia de políticas activas de autoempleo (Plan de fomento y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía) y políticas de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad.

Destaca, igualmente, el trabajo a realizar sobre el programa presupuestario de Atención a menores infractores, encargado de llevar a efecto las medidas dictadas por los juzgados de menores en nuestra comunidad.

La transparencia es, sin duda, uno de los principales valores democráticos, gracias al cual la ciudadanía puede controlar la actividad de sus cargos electos, verificar el respeto a los procedimientos legales, comprender los procesos de decisión y confiar en las instituciones políticas.

Es necesario intensificar la aplicación del principio de transparencia en todos los niveles de la gestión pública. La auditoría pública no es una tarea exclusiva de los órganos de control externo, sino que requiere de la colaboración de todas las instituciones para alcanzar el objetivo de un buen gobierno.

En este sentido, como saben, el Gobierno andaluz está elaborando una Ley de Transparencia que supone un paso más en el desarrollo del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos y del deber de la Administración de facilitarla. También para que la información se convierta en comunicación que pueda generar un diálogo entre la Administración y los ciudadanos.

Una ley que afectará a la transparencia personal de los que ocupamos cargos políticos; a la transparencia de los partidos políticos y a la transparencia de la actuación de todas las administraciones públicas y las cuentas públicas.

Una ley que tiene el objetivo de que los fondos públicos sean públicos, y por ello su alcance ha de extenderse a las administraciones públicas autonómicas, provinciales y municipales.

Los informes de la Cámara constituyen la mejor fuente de información para que las administraciones, los órganos competentes y los ciudadanos conozcan cómo se ha desarrollado la gestión de los fondos sometidos a su control. Y, por otra parte, como hemos señalado, son también un valioso instrumento para promover la mejora en la gestión de los recursos públicos.

La Cámara de Cuentas de Andalucía contribuye a que el ciudadano perciba que la Administración está controlada, que ese control es auténtico y que, a través del mismo, se conoce todo lo referente a la correcta utilización de los recursos públicos.

Quiero felicitar a los consejeros y a todo el equipo profesional y humano de la Cámara de Cuentas de Andalucía y expresar mi reconocimiento por su labor y responsabilidad en una tarea imprescindible que responde a un mandato parlamentario, que es lo mismo que decir, el mandato de todos los andaluces.