La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destina más de 169,3 millones para realizar actuaciones en zonas desfavorecidas en el periodo 2016-2020, con el fin de mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. La consejera, María José Sánchez Rubio, ha subrayado la importancia del Programa de Actuación Integral en zonas desfavorecidas, financiado por el Fondo Social Europeo, durante su intervención en la apertura del 11º Encuentro Andaluz de Participación Ciudadana 'El derecho a la no discriminación', organizado por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) que preside Manuel Sánchez Montero.

En el encuentro, celebrado en la sede del Parlamento, Sánchez Rubio ha felicitado, en primer lugar, a los promotores del mismo "por facilitar la participación en un debate sobre un tema esencial en este periodo que atravesamos". Ha destacado la "apuesta del Ejecutivo andaluz con las personas más desfavorecidas", a través de las políticas y programas para promover la inclusión social. En este sentido, ha destacado que la Junta "mantendrá, como así lo ha venido haciendo hasta ahora, un marcado carácter social en los presupuestos, representando más de un 80% del total".

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) está integrada en la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, "interlocutora y aliada indispensable de la acción pública". La Mesa atiende a 1,8 millones de personas en riesgo de exclusión social y cuenta con 50.000 personas voluntarias y 150.000 personas que colaboran de forma altruista, para minimizar los problemas derivados de la exclusión social, la pobreza y otras necesidades sociales básicas.

La Mesa del Tercer Sector es una plataforma de carácter regional que se corresponde a nivel estatal con la Plataforma del Tercer Sector, constituida en enero de 2012. Asimismo, por decreto de 10 de mayo de 2016, se crea la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, como un órgano colegiado de participación, análisis, debate y consulta para coordinar acciones de lucha contra la exclusión, fortaleciendo el papel y el protagonismo de la sociedad civil en estas políticas.

Contra la discriminación

En su intervención, Sánchez Rubio ha afirmado con contundencia que "no podemos admitir, ni tolerar ningún tipo de discriminación" y para ello la Junta promueve políticas en esta dirección. Ha informado de la creación de una estructura que coordine tanto las políticas como las entidades que se engloban bajo LGTBi. Así lo hace desde hace décadas el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), luchando contra la discriminación por motivo de género.

Se ha referido igualmente a "una nueva discriminación que ha surgido en los últimos años, la económica", que se ha visto agravada por la "larga crisis". Asimismo, ha destacado la situación que viven muchas familias que, aun teniendo un empleo, salarialmente están bajo el umbral de la pobreza. La Junta de Andalucía ha abogado desde un primer momento por "el refuerzo de las partidas sociales para hacer frente a esta situación" a las que destina el 80% del presupuesto.

De este modo, ha recordado que la comunidad andaluza ha adoptado medidas y ha puesto en marcha programas "excepcionales" a través de los decretos de exclusión e inclusión, como el Programa de Ayuda a la Contratación que gestionan los ayuntamientos y al que se destinan este año 40 millones de euros; el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, dotado con 5,9 millones; el Ingreso Mínimo de Solidaridad, con un presupuesto aproximado de 90,6 millones -el mismo importe que en 2016-, y las Ayudas Económicas Familiares destinadas a atender las necesidades más básicas de 41.700 menores y 22.200 familias (datos del número de beneficiarios en 2016).

Además, entre 2012-2016, la Junta ha transferido a las corporaciones locales un total de 178,3 millones de euros para apoyar la Red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios, "mientras que el Ministerio competente sólo ha destinado 30,7 millones". Este año la aportación de la Junta ha sido de 39,4 millones de euros (5,4 millones de euros el Gobierno central).

A modo de conclusión, ha reiterado la apuesta del Gobierno andaluz con las políticas y medidas sociales por su contribución a la cohesión social y a la solidaridad y la protección social. Sánchez Rubio se ha dirigido a los representantes de la Red Andaluza contra al Pobreza y la Exclusión Social, indicando que "seguiremos caminando en esta dirección y a vuestro lado".