El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la elaboración del informe bienal sobre actuaciones en identidad de género, de acuerdo con lo dispuesto por la ley autonómica vigente desde 2014 de no discriminación y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. El trabajo, cuya primera edición se remitirá al Parlamento de Andalucía antes de final de año, incluirá aspectos como la atención sanitaria, las medidas contra la 'transfobia' y las diversas iniciativas de apoyo al colectivo que la Junta desarrolla en los ámbitos laboral, educativo y social.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales será la encargada de coordinar este trabajo a partir de las informaciones aportadas por los distintos departamentos de la Junta, que deberán ser remitidas antes de que finalice el mes de marzo del año de elaboración. El primer borrador se someterá a la consulta de las entidades representativas de las personas transexuales y, una vez recogidas sus aportaciones, se remitirá al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior presentación al Parlamento, que deberá producirse antes de que concluya el mes de mayo.

La Ley 2/2014 para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, norma que dota de carácter preceptivo a este informe bianual, dio respuesta a las demandas planteadas por este colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.

El texto recoge distintas medidas para garantizar tanto el derecho a la autodeterminación de género como la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. De acuerdo con esta ley, la Junta ofrece un procedimiento integral de reasignación sexual, con especial atención a la etapa de la pubertad, además de desarrollar programas para detectar situaciones de riesgo y establecer las cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Administración autonómica no han sido condenadas por discriminación.