La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado un próximo viaje a Bruselas antes de finales de año para tratar, entre otros temas, la financiación de las comunidades. Durante la visita mantendrá encuentros con varios comisarios europeos, como Pierre Moscovici, responsable de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas. En una reunión con el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, Díaz ha demandado un sistema "más justo" y que tenga en cuenta la construcción del país "desde la igualdad y el respeto a los derechos y a las libertades" de la ciudadanía y ha recordado que el actual modelo le "ha costado" a las arcas públicas andaluzas 5.522 millones de euros.

"La próxima década tiene que ser una oportunidad para nosotros de converger", ha precisado la presidenta, quien ha advertido del impacto que sobre Andalucía tendrán asuntos como el Brexit, la política proteccionista de la administración de Donald Trump en Estados Unidos o la situación política de Cataluña.

Todo ello, ha dicho, revertirá sobre la financiación autonómica al igual que la inversión pública estatal en la comunidad. En este sentido, ha advertido de que "los presupuestos generales del Estado no pueden ser una subasta para garantizar la aritmética parlamentaria de un país" sino que deben de elaborarse "pensando en las necesidades de los ciudadanos y de los territorios, más allá de la representación que se tenga en las Cortes para sacarlos adelante".

Díaz, que ha invitado al CES a sumarse al grupo de trabajo del Parlamento en materia de financiación autonómica, considera fundamental consensuar la postura que Andalucía mantenga de cara al nuevo modelo. La presidenta ha reivindicado la necesidad del diálogo social y el acuerdo en temas estructurales como este para el desarrollo social y económico de la comunidad.

En este sentido, ha recordado que Andalucía "no está bien financiada", tal y como reconocen los expertos en el borrador sobre el que se establecerá el nuevo sistema. Este documento sitúa a la comunidad como la "tercera peor" en la materia. El problema, ha insistido Díaz, es que la situación se agrava cada año y si en 2009 la diferencia entre Andalucía y la comunidad mejor financiada se situaba en 495 euros por habitante, la cantidad se ha incrementado hasta los 818 euros en 2015, lo que supone 850 millones de euros al año "y el consiguiente deterioro para las arcas públicas y el mantenimiento de los servicios y la autosuficiencia financiera".

De cara al debate del nuevo modelo, previsto para 2018, Susana Díaz ha pedido que la posición de Andalucía esté consensuada y que la defensa del interés de la comunidad esté por encima de oportunismos partidarios. "Nos jugamos el desarrollo económico para la próxima década", ha precisado.

El Gobierno andaluz, por su parte, ha dicho, seguirá apostando por el diálogo social y la estabilidad para lograr que la recuperación llegue a todos los hogares. La economía andaluza ha crecido por tercer año consecutivo por encima de la media europea, en torno al 3,1%, y se han creado 110.000 nuevos puestos de trabajo, sin embargo "nos queda mucho por hacer", porque el mercado laboral sigue teniendo una fuerte estacionalidad y precariedad salarial. "Para eso nos hace falta una financiación adecuada", según Díaz, para poder "fortalecer la educación, la apuesta por la industria, la investigación, el desarrollo y la innovación", sin detraer recursos del estímulo económico.

Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social de Andalucía es un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica. En él están representados las organizaciones sindicales CCOO y UGT Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la economía social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos en las materias competencia del CES.

Creado en 1999, el Consejo se ha consolidado como una plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación. El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007 le confiere relevancia institucional al incluirlo en otras instituciones de gobierno de la Junta, al mismo nivel que el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas y los consejos Consultivo y Audiovisual.