El Consejo de Gobierno ha acordado, por cuarta vez, mostrar su disconformidad respecto a la toma en consideración de la proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA).

El texto, prácticamente idéntico al que ya rechazó el Ejecutivo autonómico en otras tres ocasiones desde 2015, vuelve a plantear la modificación del régimen de personal dotando a la Cámara de un estatuto propio para sus empleados. Esta medida podría implicar una mejora de las condiciones de este colectivo respecto del resto de trabajadores públicos, en contra de la equiparación que defiende el Gobierno andaluz.

IULV-CA reitera también la propuesta de atribuir nuevas funciones al organismo, lo que conllevaría un aumento de sus necesidades y de los créditos presupuestarios para atenderlas. Además, abre la posibilidad de recurrir a contrataciones externas de una forma que, a juicio del Gobierno andaluz, presenta un excesivo nivel de discrecionalidad.

El único cambio que introduce la nueva proposición es la nueva fecha límite del 30 de junio para la presentación de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, frente al anteriormente planteado del 30 de abril. No obstante, el Consejo sigue considerando totalmente inviable este adelanto del plazo, que se fija en el 30 de septiembre conforme a la vigente legislación autonómica. Esta imposibilidad se deriva de que las sociedades de capital y las fundaciones disponen hasta el mes de junio para aprobar sus cuentas y remitirlas a la Intervención General, que las verifica o en su caso las subsana antes de la formación de los documentos finales.

Según establece el Reglamento del Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no con la tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios en el ejercicio en curso.

Sanción por extracción ilegal de aguas subterráneas

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado desestimar el recurso interpuesto contra la sanción de 450.759 euros que el pasado mes de noviembre se impuso al titular de la finca agrícola 'Castillo de Tabernas' (Tabernas, Almería) por la extracción de aguas subterráneas sin concesión ni autorización administrativa.

En su acuerdo de desestimación, el Ejecutivo andaluz ratifica las razones y los hechos probados que motivaron la resolución del procedimiento sancionador, iniciado en julio de 2016 por los agentes de Medio Ambiente de la Junta tras constatar la extracción continuada de agua desde cinco años antes, con un volumen total de unos 4,64 millones de metros cúbicos. Estos hechos se tipifican como infracción muy grave por la Ley de Aguas de Andalucía, con las circunstancias agravantes de actividad lucrativa, intencionalidad e incumplimiento reiterado de la medida cautelar de sellado e inutilización de los sondeos.

La sanción incluyó, además de la multa, una indemnización de 1,11 millones de euros por daños y perjuicios al dominio público hidráulico; la imposibilidad de obtener durante tres años préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente, y el sellado de los sondeos y la retirada de todos los instrumentos instalados.

Nueva Escuela Politécnica de la Universidad de Sevilla

El Consejo de Gobierno ha acordado adscribir a la Universidad de Sevilla dos parcelas de su titularidad situadas en el Campus Tecnológico de la Cartuja, actualmente desocupadas, con destino a la nueva Escuela Politécnica Superior. Los terrenos, con una superficie total de 20.113 metros cuadrados, se sitúan en la calle Juan Bautista Muñoz junto al edificio que actualmente se construye para albergar este centro.

La decisión del Consejo permitirá impulsar este proyecto estratégico, en el que ya se han invertido 20 millones de euros, para consolidar a la Politécnica como referente andaluz en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Asimismo, la utilización de las parcelas propiciará la conformación de un espacio único de excelencia con la vecina Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en el marco del Campus Científico Tecnológico Cartuja.

La Escuela Politécnica Superior oferta cinco titulaciones de grado, tres dobles y cuatro de máster, además de presentar un notable nivel de transferencia de investigación al tejido productivo que, no obstante, se ve dificultado por las limitaciones que presenta la sede actual. De acuerdo con los planes de la Universidad de Sevilla, los nuevos terrenos se destinarán a instalaciones centradas en la actividad docente, dejando el edificio ahora en construcción para laboratorios y talleres de experimentación.

Venta de la participación de la Junta en Geolit

El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar la enajenación, a la Diputación Provincial de Jaén, de las participaciones directas e indirectas de la Junta de Andalucía en la sociedad gestora del Parque Científico y Tecnológico del Aceite y el Olivar, SA, Geolit, en Mengíbar (Jaén). La medida, que se adopta ante las pérdidas acumuladas durante los años de la crisis económica, tiene como objetivo permitir la continuidad de este proyecto de acuerdo con el interés comunicado por el organismo provincial.

La participación autonómica en Geolit asciende actualmente al 49,66% de los 4,84 millones de euros de su capital social. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) tienen un 24,72% cada una. El 0,22% restante corresponde a la Sociedad Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía (Inverseed), que a su vez está participada en un 78% por IDEA.