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Administración obsoleto

El plan de inspección de la Junta 2018-2019 triplica los centros administrativos evaluados

La programación incluye novedades en el seguimiento de la atención a la ciudadanía, la transparencia y la evaluación y la ética de los servicios

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan General de Inspección de Servicios para 2018-2019, que recoge las actuaciones de control de la actividad de las consejerías y entidades instrumentales de la Junta de Andalucía para este periodo. Elaborado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, su objetivo se centra en velar por el cumplimiento de la normativa y garantizar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en la gestión pública autonómica.

El nuevo plan, que será desarrollado por la Inspección General de Servicios de la Junta, triplica el número de centros incluidos en relación con la anterior programación, hasta llegar a los 376 por el incremento en los ámbitos de actuación de las delegaciones territoriales y de las entidades instrumentales. Asimismo, recoge 27 programas, 19 de ellos nuevos y dirigidos, entre otros ámbitos, a evaluar la atención a la ciudadanía, la protección de datos y las políticas públicas. Junto con ello, se mantienen las líneas relacionadas con el control del absentismo, las incompatibilidades y el cumplimiento de las obligaciones sobre transparencia.

 

En el ámbito de la atención a la ciudanía, y para facilitar el máximo acceso a los servicios públicos de la Junta, se analizarán por primera vez los sistemas vinculados a la administración electrónica y las reclamaciones, de acuerdo con la nueva legislación de procedimiento administrativo.

Respecto al personal, la principal novedad es el seguimiento de los cauces de participación no institucional de los empleados públicos, a lo que se sumarán las actuaciones relativas a la mejora de los servicios y el cumplimiento del régimen horario en relación con la conciliación de la vida personal y laboral. También se prestará especial atención al control de absentismo por accidentes laborales o enfermedades profesionales.

En materia de procedimiento administrativo, destaca la incorporación del análisis de las declaraciones responsables y de la simplificación y agilización de trámites y procedimientos administrativos para la creación de empresas.

Entre las novedades en el área de organización administrativa, figuran el análisis de las estructuras de evaluación de políticas, de ética pública y profesional y del impacto de la innovación; el seguimiento de la planificación de las entidades instrumentales, y el control del gasto energético. También se analizará la distribución de competencias entre órganos administrativos, con el fin de evitar duplicidades y mermas en la eficiencia de la gestión pública.

Igualmente novedosos, en el capítulo de informática y telemática, serán los análisis de la utilización de herramientas colaborativas entre los empleados públicos y del ejercicio de los derechos de la ciudadanía a la administración electrónica, así como la comprobación del cumplimiento de la normativa de protección de datos y de las estructuras de seguridad de las comunicaciones y las tecnologías de la información.

Finalmente, en lo relativo a transparencia, se incorpora la comprobación del cumplimiento de la legislación autonómica sobre la materia en la publicación de la información institucional de la Junta.