Noticias de la Junta de Andalucía

Social

Impulso a la dependencia con medidas por valor de 22,7 millones

La decisión permitirá incorporar 17.400 personas al sistema e incrementar en 265 las plazas en residencias

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado al Consejo de Gobierno de las medidas de impulso a la atención a la dependencia puestas en marcha por su departamento, por valor de 22,7 millones de euros. De esta cantidad, adicional a los 1.214 consignados en los presupuestos autonómicos de 2018, una partida de 15 millones permitirá incorporar 17.400 personas al sistema y los 7,6 millones restantes se destinarán a la creación de nuevas 265 plazas en residencias.

En el primero de estos capítulos, el incremento presupuestario supondrá que unas 11.100 personas más serán atendidas por el servicio de ayuda a domicilio, uno de los más demandados por la población en situación de dependencia. Las beneficiarias en Andalucía son actualmente 64.400, lo que supone el 30% del total nacional.

Por prestaciones, cerca de 800 personas más se beneficiarán de plazas en centros residenciales o unidades de estancia diurna, mientras que alrededor de 4.000 disfrutarán de teleasistencia avanzada. Otras 800 cobrarán la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cerca de 400 dispondrán de los servicios relacionados con la prevención.

Por su parte, las nuevas 265 plazas de atención residencial para personas con discapacidad, con 7,6 millones anuales, se sumarán a las más de 47.300 en residencias y centros de día que la Junta financia actualmente.

El desarrollo de la ley estatal de atención a la dependencia ha beneficiado desde 2007 en Andalucía a más de 432.000 personas, con un total de 571.000 prestaciones. Actualmente son 200.000 las personas atendidas a través de 255.000 prestaciones.

Las nuevas medidas de impulso se enmarcan en el compromiso del Gobierno andaluz de aumentar los recursos económicos destinados a la atención a la dependencia hasta alcanzar un 10% acumulado a lo largo de la presente legislatura.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía aprueba su primer convenio colectivo

El acuerdo mejora las condiciones de más de 1.900 profesionales, con un incremento de la masa salarial y una veintena de cláusulas sociales

Primer convenio colectivo

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, también ha informado al Consejo de Gobierno de la aprobación del primer convenio colectivo de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, adscrita a su departamento. Este acuerdo sustituye a los tres que regían para las entidades que se integraron para la su constitución en 2011 y mejora las condiciones laborales en un sector prioritario en la Administración autonómica.

El convenio supone la unificación y la mejora de las condiciones laborales de toda la plantilla, integrada por 1.904 profesionales (1.501 mujeres, el 78%), tanto de personal funcionario como laboral. De este modo, establece un incremento de la masa salarial del 15,92% en tres años e incluye más de una veintena de cláusulas sociales relacionadas con jornadas y horarios, vacaciones y permisos retribuidos, movilidad, excedencias, igualdad y conciliación entre la vida familiar y laboral.

Entre estas medidas destaca la modificación de los servicios de 24 horas, como los de Teleasistencia y Comunidades Terapéuticas, con una reducción del 6% de la jornada para las personas que realizan turnos, lo que indirectamente generará nuevos empleos que la Agencia se compromete a cubrir en el corto plazo.

En el texto se introduce también expresamente el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público autonómico.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía centra su actividad en favorecer el bienestar social de la ciudadanía promoviendo la autonomía personal y garantizando la atención y protección de las personas en situación de dependencia y de las mayores, las que tienen problemas de adicciones y las que están en riesgo o situaciones de exclusión social, entre otras.