La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha aprobado una instrucción con medidas para agilizar la tramitación de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) y "adelgazar la maraña administrativa", en palabras de la consejera Marifrán Carazo, que afecta al desarrollo de unos 300 municipios andaluces. Así, se acortará de un mes a diez días el plazo que tiene la Administración autonómica para admitir a trámite los planes generales y comunicar al ayuntamiento correspondiente si el expediente está completo.

Si se resuelve, se iniciaría el plazo de cinco meses para la aprobación del documento y, de no haber contestación, determinaría su aprobación por silencio administrativo. En caso contrario, es decir, que el plan no esté completo, se requerirá al consistorio que complete la documentación aportada en el menor plazo posible. Además, la nueva instrucción aclara que la Junta no podrá efectuar un nuevo requerimiento de documentación que no hubiera solicitado la primera vez.

Carazo se ha reunido esta semana con la directiva del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, a quienes ha detallado, entre otros asuntos, que la instrucción incorpora además una segunda medida que consiste en la publicación del listado de los documentos técnicos y administrativos que completan el expediente del plan general, con el fin de que los ayuntamientos tengan claro de antemano la documentación que deben presentar para su tramitación. Esta medida resulta de gran utilidad ya que, "dado el marasmo legislativo que existía en el urbanismo andaluz", el proceso de admisión a trámite de los PGOU "se había convertido en un calvario administrativo para los ayuntamientos andaluces, especialmente para aquellos de menor tamaño y, por tanto, con menos medios materiales y humanos".

Carazo ha iniciado con este encuentro la ronda de contactos con el sector para explicar estas medidas para agilizar los trámites urbanísticos, que se suman a las implantadas de acuerdo al mandato del Consejo de Gobierno de mediados de marzo, por el que se instaba a la Consejería de Fomento a buscar fórmulas para acelerar procesos urbanísticos. Entre las que ya ha entrado en vigor, figura la creación de una mesa de trabajo técnico-jurídica, a la que se invitaría al Ayuntamiento implicado, para agilizar el cumplimiento de condicionantes para la aprobación definitiva del PGOU. Esa mesa se debería constituir en un plazo máximo de 15 días y en ella se fijaría un calendario de trabajo para elaborar y tramitar toda la documentación pendiente.