El Consejo de Gobierno ha aprobado un expediente de gasto por valor de 12,7 millones de euros para la contratación de la póliza de responsabilidad civil profesional y patrimonial de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ampara a los alrededor de cien mil trabajadores de este organismo dependiente de la Consejería de Salud. El contrato de la última póliza se adjudicó el 16 de febrero de 2017 a la compañía AIG Europe Limited, que fue la única aseguradora que licitó. Esta póliza está vigente hasta el 13 de junio de 2019, por lo que el SAS se plantea ahora una nueva licitación por procedimiento abierto y tramitación urgente, con duración de un año y que esté vigente hasta el 12 de junio de 2020.

La duración del contrato será, por tanto, de un año, que empezará a contar a partir de su formalización y existe la posibilidad de una prórroga por mutuo acuerdo de las partes, por periodos anuales sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, exceda de los seis años.

Por esta póliza estará asegurado el personal directivo, funcionario, estatutario, laboral, así como el personal en formación o en prácticas, el acogido a medidas de fomento al empleo, además de los relacionados con empresas de trabajo temporal, y, en general, cualquier otro dependiente en el ejercicio de sus actividades por cuenta del SAS, siempre que preste sus servicios en los centros, dependencias y establecimientos propios del SAS o administrados por el mismo, y en los servicios que el SAS presta mediando desplazamiento, y sean remunerados por cuenta del mismo. También tendrán condición de asegurados los trabajadores de los centros y de los servicios concertados por el Servicio Andaluz de Salud.

La póliza da cobertura a las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad profesional sanitaria o no sanitaria que durante la vigencia del contrato pudiera corresponder directa, solidaria o subsidiariamente al asegurado por daños corporales o materiales y perjuicios económicos consecutivos, causados por acción u omisión a terceros en el ejercicio de sus actividades por cuenta y para el SAS, siempre que la reclamación se dirija contra el asegurador en virtud de la acción directa contemplada en la Ley de Contratos de Seguros. También estarán cubiertas las reclamaciones por un procedimiento distinto al de responsabilidad patrimonial previsto en la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, o en una jurisdicción distinta de la contencioso-administrativa.

El Servicio Andaluz de Salud puso en práctica en 1994 un programa de aseguramiento y desde entonces lleva a cabo la contratación de seguros mediante la suscripción de pólizas que cubren tanto la responsabilidad integral en el ejercicio de sus funciones de todos los profesionales, así como la responsabilidad patrimonial de la administración.

La cifra de reclamaciones patrimoniales presentadas en el Servicio Andaluz de Salud ha ido descendiendo en los últimos años, a pesar de que ha aumentado la cartera de servicios y la población de la comunidad andaluza y, por tanto, el número de asistencias sanitarias realizadas. En Andalucía, la sanidad pública ofrece cobertura a casi 8 millones de habitantes y en los centros sanitarios públicos trabajan casi 90.000 profesionales. Entre los años 2003 y 2017, el número de reclamaciones patrimoniales presentadas registró un descenso del 26,8%.

De las reclamaciones resueltas en la vía administrativa en 2018, que fueron 726 en total, el 91,73% fueron desestimatorias, (el 2,34% se estimaron totalmente y el 5,92% de forma parcial). Las cuantías económicas indemnizadas en estos expedientes en la vía administrativa ascienden a 2.093.369 euros. Respecto a los expedientes resueltos en la vía judicial se indemnizaron 6.453.251,40 euros durante 2018.