El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, se ha reunido con empresarios y representantes de asociaciones empresariales de Córdoba, ante quienes ha expuesto los primeros resultados del grupo de trabajo de simplificación y eliminación de trabas regulatorias y administrativas en el ámbito industrial, que ha analizado 70 normas y procedimientos que afectan a más de 640.000 expedientes, y cuyo objetivo final es reducir el tiempo de respuesta de la Administración. En la reunión, celebrada en la sede de Cajasur, han participado el delegado del Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo; el viceconsejero de Hacienda, Jorge Ramírez; el secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez, y la directora general de Patrimonio, Myriam del Campo.

Bravo ha destacado que la Junta tramitará en el mes de septiembre una norma con rango de ley para la simplificación y el impulso de la industria andaluza que implicará cambios en la regulación que afecta a varias consejerías, entre ellas, las de Hacienda, Industria y Energía, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; de Salud y Familias, y Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio.

El Gobierno simplificará normas en materia medioambiental y de salud. "Donde hemos hecho un mayor hincapié es en el ámbito de medio ambiente, donde hemos encontrado más de 4.300 expedientes paralizados", ha indicado el consejero, que se ha marcado el objetivo de cumplir los plazos de respuesta previstos, ya que hasta ahora aquellos proyectos que tenían un plazo de resolución de tres meses, finalmente tenían un tiempo medio de resolución de más de un año, y los que debían resolverse en seis meses se prolongaban más allá de dos años, ha explicado Bravo.

Estos cambios afectarán a la Ley de gestión integrada de calidad ambiental, a la Ley de salud pública de Andalucía y a la Ley de aguas de Andalucía, que en determinadas disposiciones y artículos se van a equiparar a las normas estatales y sectoriales. En el ámbito de urbanístico, se van a revisar los procedimientos de implantación sobre suelo no urbanizable de infraestructuras de interés general, previstos en la Ley de ordenación urbanística de Andalucía. No se trata en ningún caso de desregulación, sino de simplificación en el caso de que la regulación de la comunidad presente duplicidades. Además, se mejorará la regulación industrial en ámbitos en los que la normativa estatal está suficientemente desarrollada.

Entre las nuevas medidas que va adoptar, el Gobierno andaluz reformulará la normativa que regula la declaración de aquellas iniciativas empresariales que por su elevado volumen de inversión y de creación de empleo, entre otros criterios, se consideran proyectos de interés estratégico para la comunidad andaluza. Los anteriores gobiernos aprobaron la Ley 4/2011 de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico, en la que se trataba de establecer un marco de tramitación preferente para iniciativas de especial relevancia pero que no ha cumplido el fin para el que estaba previsto.

De esta manera, la futura norma recogerá una definición más clara y directa de los fines que se persiguen con los proyectos de interés estratégico y a qué requisitos debe responder en términos como la inversión, el empleo o el impacto social o de vertebración del territorio. También debe determinar qué procedimientos debe contemplar para la agilización y aceleración de su desarrollo, así como el cronograma preciso de la tramitación de los permisos.

Entre las ventajas que incluirá esta nueva regulación sobre proyectos estratégicos se encuentra la inclusión de un mecanismo de interlocución única entre la Administración andaluza y las empresas, a través de un project manager. Se trata de equipos de empleados públicos que van a trabajar como interlocutores directos de la Junta de Andalucía. "El objetivo es evitar que tengan que pasar por cada consejería y acelerar los procedimientos para responder lo más rápido posible". De esta manera, "se da respuesta a lo que los empresarios nos venían pidiendo: simplificación de trabas administrativas y burocráticas, mejor interlocución con la Junta y reducción de impuestos", ha señalado el consejero. Una rebaja fiscal que continuará en 2020, ha señalado.

Los project manager serán funcionarios y empleados públicos de la Administración andaluza que deberán tener un conocimiento minucioso y exhaustivo de la normativa industrial y ambiental y que tendrán que informar del estado de los proyectos ante el propio Consejo de Gobierno, dando cuenta del estado de tramitación de cada iniciativa y de la razón por la que se ralentiza una inversión, bien sea por causas imputables a la empresa, o bien a la Administración.