El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha mostrado este miércoles su confianza en que la norma que prepara el Gobierno andaluz y que tramitará el próximo mes de septiembre se traduzca en una gestión más ágil de los trámites y procedimientos administrativos que afrontan los proyectos industriales para que estos se conviertan en "casos de éxito" y sirvan, a su vez, de "efecto llamada" para atraer nuevas inversiones industriales a Andalucía.

Durante el acto de presentación de la Memoria 2018 de las empresas que conforman la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE), el consejero ha destacado que, para lograr este objetivo, la nueva norma recogerá una definición "más clara y directa" de lo que deben ser considerados proyectos de interés estratégico, así como los requisitos en términos de inversión, empleo o impacto social que deben cumplir y los procedimientos para acelerar su desarrollo, junto a un cronograma preciso de la tramitación de los permisos.

Bravo ha señalado que "la agilidad no está reñida con el rigor en el cumplimiento estricto de la normativa" y ha añadido que el procedimiento para la declaración de un proyecto como estratégico para Andalucía ha de ser simple, ya que "el éxito final del proyecto estará siempre condicionado al resultado de los distintos procedimientos de autorizaciones y licencias que procedan, que deben cumplirse de manera muy rigurosa".

"El objetivo es tener casos de éxito, pero si algún proyecto es inviable, el inversor tiene derecho a tener esa información lo antes posible sin causar costes económicos añadidos a sus planes, lo cual también dotará a Andalucía de una mayor seguridad jurídica", ha defendido el consejero.

Junto a la redefinición de los proyectos de interés estratégico, la norma en la que trabaja el Gobierno también simplificará trabas fundamentalmente en materia medioambiental. "No hay en ningún caso desregulación, sino la armonización plena de una serie de requisitos con la normativa estatal y la simplificación en el caso de que la regulación de la comunidad autónoma presente duplicidades que lleven a confusión". Bravo ha explicado que se trata de seguir las directrices de la Unión Europea evitando la sobrerregulación o la regulación redundante y dispersa.

Estos cambios afectarán a las leyes de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, Salud Pública de Andalucía y la de Aguas de Andalucía, que en determinadas disposiciones y artículos se van a equiparar a las normas estatales y sectoriales. Por su parte, en el ámbito urbanístico, se van a revisar los procedimientos de implantación sobre suelo no urbanizable de infraestructuras de interés general, previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Asimismo, el Gobierno andaluz tramitará una segunda norma orientada a mejorar estrictamente la regulación industrial que atañe a la inspección de industrias y a especificaciones técnicas de algunos tipos de instalaciones, ámbitos en los que la normativa estatal está suficientemente desarrollada, con lo cual la coexistencia con la normativa autonómica genera controversia y confusión.

Uno de los campos con un amplio margen de mejora afecta directamente a la telematización de los trámites burocráticos, como viene reclamando el sector industrial y empresarial. En este sentido, el consejero ha indicado que se trata de "una oportunidad para armonizar la documentación y los datos solicitados para un mismo trámite en todas las delegaciones de la Junta, así como para garantizar la integridad de las solicitudes por parte de los interesados".

En total, el grupo de trabajo de simplificación de trabas administrativas y burocráticas de la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria ha analizado 70 normas y procedimientos, que afectan a más de 640.000 expedientes. Es solo un primer paso: está previsto que, antes de final de año, el grupo de trabajo lance una nueva batería de medidas para avanzar en la agilización de los proyectos de carácter industrial.