La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha comparecido este jueves en Comisión Parlamentaria, donde ha detallado las actuaciones puestas en marcha por su departamento tras la aprobación el pasado mes de abril de un plan de choque en materia de Dependencia.

Ruiz ha informado que a fecha de 31 de agosto de este 2019, en Andalucía se atiende a 215.598 personas en situación de dependencia (3.355 personas más que al cierre de diciembre) que cuentan con 285.903 prestaciones (6.629 más que en diciembre 2018).

En este sentido, se trata de datos históricos, ya que desde el inicio del sistema de dependencia no se habían alcanzado estas cifras. Además, desde la puesta en marcha de este plan de choque, en abril de 2019 (abril-agosto 2019), se ha incorporado a 15.861 nuevas personas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y 25.569 prestaciones.

La titular de Igualdad ha denunciado que los datos de listas de espera de personas continuarán incrementando ya que "a diferencia de lo que se hacía antes, nosotros sí vamos a incluir en ella a los que esperan su valoración. Sin contar, las solicitudes que por escrito se encuentran en el limbo y que, con estas medidas de agilización y digitalización que le he descrito, aflorarán".

Este plan de choque, que cuenta con una inversión de 77 millones de euros, tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios.

En este sentido, Ruiz ha informado que se dictará por la Administración autonómica una única resolución que reconocerá la situación de dependencia en el grado que corresponda y el derecho a la prestación que resulte más adecuada a las necesidades de la persona. "Por lo tanto, el procedimiento administrativo se tramitará en una única fase, con una única resolución y notificación a la persona interesada, lo que sin duda permitirá reducir los tiempos y agilizar los trámites en las delegaciones territoriales".

La consejera ha explicado que "para la implantación del nuevo procedimiento es necesario acometer previamente algunas modificaciones normativas que requerirán de cierto tiempo para su tramitación. Es precisamente en este punto donde nos hallamos ahora, planteando los cambios en la regulación que harán posible la implantación del nuevo modelo".

En esta línea, ha anunciado "una redefinición de las competencias de las distintas administraciones que intervienen en el procedimiento que redunde en una tramitación más eficiente y coordinada, fundamentalmente, en las fases del mismo que mayor retraso conllevan".

Otra de las medidas en las que se está avanzando es la digitalización de toda la gestión de la Dependencia (ventanilla electrónica) así como el desarrollo de un sistema integral de información que incorporará la tramitación electrónica en la gestión de la Dependencia. "Se está llevando a cabo un plan que tiene como objetivo desarrollar y evolucionar las diferentes fuentes y sistemas de información para configurar un único sistema integral de gestión de la dependencia en el que se incremente la fiabilidad, accesibilidad y transparencia", ha destacado.

La tercera de las medidas ha sido la priorización del reconocimiento del grado y el derecho a las prestaciones a determinados grupos de especial vulnerabilidad, concretamente, menores de 21 años y personas mayores de 80 años con dependencia moderada.

En este sentido, ha avanzado que "podemos observar que para el grupo de personas mayores de 80 años con grado I de dependencia reconocida, desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto, se registra un incremento de personas beneficiarias del 5,2%, pasando de 23.337 personas atendidas el 1 de abril a 24.553 el 31 de agosto. En cuanto a las personas menores de 21 años el resultado es igualmente favorable puesto que, a 1 de abril, había 18.279 personas beneficiarias y 18.882 el 31 de agosto, lo que supone un incremento porcentual del 3,3%".

Por otra parte, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha avanzado que se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para la cobertura de puestos de personal valorador. A este respecto, ha denunciado que "nos encontramos 27 plazas de valoradores vacantes, de las que 26 se hallaban sin dotación presupuestaria. Inmediatamente, se procedió a realizar los trámites para su dotación económica cuyo coste tuvo que incluirse en el presupuesto recientemente aprobado de 2019".

Además del compromiso adquirido con respecto a la cobertura de puestos de personal valorador, se han destinado recursos a la cobertura de otras 49 plazas tanto de trabajadores y trabajadoras sociales como de personal administrativo, en los servicios de valoración territoriales.