El Consejo de Gobierno ha acordado el inicio, por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Local e Interior, de los procedimientos para exigir la responsabilidad civil a los ex altos cargos condenados en el caso ERE y la ejecución de las resoluciones administrativas que comporten recuperación de cantidades abonadas con cargo a los programas presupuestarios 22E-31L.

Del mismo modo, se insta a la prosecución de las acciones civiles, incluidas las contables, y las penales ya iniciadas o que puedan iniciarse por razón de las subvenciones concedidas y los pagos o comisiones indebidamente realizados con cargo igualmente a la partida referida anteriormente.

El objeto del presente acuerdo es la adopción de todas las medidas que procedan para el resarcimiento de los perjuicios que se derivan de las conductas sancionadas por sentencia dictada en el seno del procedimiento abreviado número 133/2016, rollo número 1965/2017 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El  Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, cuando proceda, solicitará a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía la autorización para el ejercicio de las acciones mencionadas, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de organización y funciones del gabinete jurídico y del Cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía y del artículo 44 del citado reglamento, aprobado por el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre.

La sentencia, hecha pública el pasado 19 de noviembre, condena a 19 de los acusados por la comisión de un delito continuado de prevaricación y a 10 de ellos por un delito continuado de malversación de caudales públicos, y considera que esta última alcanzaría a la totalidad de la cifra de la partida presupuestaria, y del importe de sus modificaciones, en todos los ejercicios presupuestarios comprendidos en el período reseñado, que asciende a 679.412.179,09 euros.

La condena por malversación obliga a la reparación del daño causado a la hacienda pública de la comunidad autónoma. En este sentido, la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 'in fine' (en la parte final), 111 y 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se reservó expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar.

La exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos requiere la concreción de la cuantía de dicha responsabilidad, en la medida en que la cifra ha de ser ajustada a los fines del resarcimiento y han de tenerse en cuenta, por consiguiente, las cantidades ya reintegradas como consecuencia de las acciones administrativas, contables y penales ejercitadas.