La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado en la reunión del Consejo de Gobierno un informe de gestión relativo a la atención a menores extranjeros no acompañados en Andalucía (MENA) correspondiente a este año, así como de balance de previsión para 2020, en el que se exige financiación al Gobierno central para atender a estos menores, toda vez que el Ejecutivo ha negado los fondos a la Junta de Andalucía para 2020.

El Gobierno andaluz ha puesto en marcha a lo largo de 2019 un total de 1.389 plazas que se han sufragado con la subvención que entregó el Gobierno central, de 26 millones de euros. A partir de ahora, esta financiación sería en solitario por parte del Ejecutivo andaluz, ya que el Gobierno central ha negado aportación alguna tras las sucesivas cartas enviadas en junio y septiembre de este año por la Consejería de Igualdad al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En dichas misivas, además se expuso que para atender con eficacia y eficiencia a los menores no acompañados se hace imprescindible, no sólo una adecuada financiación, sino también la coordinación de actuaciones, planificación y reparto solidario entre las comunidades autónomas con menor presión migratoria, entre otros aspectos.

Según los cálculos de la Junta de Andalucía, en 2020 para seguir manteniendo estas plazas y atender las llegadas de los menores que se producirán a lo largo del ejercicio, se necesitaría una inversión de 27,6 millones de euros. Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ya está trabajando para seguir atendiendo a estos menores en los recursos ya existentes.

Ruiz ha destacado que a lo largo de 2019 "se ha llevado a cabo una impecable planificación y previsión de las necesidades y de los recursos necesarios para cubrir esta demanda". Este trabajo ha permitido que, por primera vez en los últimos años -y a pesar de la presión migratoria y del elevado número de menores que han llegado-, no se haya producido la alarma social que se produjo en los anteriores veranos del 2017 y 2018.

En este sentido, el Gobierno andaluz se planteó la necesidad de dar un giro a la atención prestada a estos niños y niñas, sustituyendo los dispositivos de emergencia por recursos más estables y más adecuados para cubrir todas las necesidades de estos menores. Por ello, además de dar respuesta a sus necesidades de manutención y alojamiento, se definió un itinerario que orienta las actuaciones a llevar a cabo en el ejercicio de las funciones de la guarda que incluyen la atención a las necesidades emocionales, educativas y de preparación para la vida independiente, elaborándose un mapa específico con la creación de nuevos recursos, que establecen una pauta de atención en función de estadio del proyecto migratorio en el que se encuentra cada menor.

Todo lo anterior se materializa en la Orden de 25 de Febrero de 2019, por la que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no competitiva.

Una Orden cuya primera convocatoria se habilitó, el pasado 1 de abril, y que ha permitido atender la demanda de la primera mitad del año a través de la puesta en marcha de 1.169 plazas con una ayuda de 15,5 millones de euros.

Asimismo, en el momento de alcanzar un nivel muy cercano a la plena ocupación, se aprobó una segunda convocatoria en julio, dotada de 2,5 millones de euros, para la puesta en marcha de otras 420 nuevas plazas.  De éstas se cubrieron 220 plazas.

La Junta de Andalucía tutela en la actualidad a 2.176 menores extranjeros no acompañados en centros propios y concertados, una cifra similar a la de años anteriores y en lo que va de año han sido atendidos a 5.600 niños y niñas en algunos de estos recursos.

Programa +18

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha abordado los recursos para estos menores una vez cumplen la mayoría de edad. Andalucía cuenta con un Programa +18, pionero en toda España, que combina una serie de actuaciones distintas en función de la situación y necesidades de cada joven: desde ayudas económicas puntuales, formación y orientación profesional, capacitación en competencias laborales y personales para la vida autónoma, convenios con empresas para prácticas, hasta la atención integral en recursos de alta intensidad donde se atienden, además de éstas, sus necesidades de alojamiento y manutención por el periodo necesario para su efectiva emancipación.

Entre todos estos recursos se atiende a unos 2.000 jóvenes al año. La Consejería de Igualdad ha hecho un importante esfuerzo para dar cabida a muchos de estos jóvenes, incrementando el número de recursos de Alta Intensidad en 26 pisos más, con 135 plazas nuevas. Es decir, se cuenta con 60 pisos y un total de 310 plazas en 2019, y se han incrementado 28 programas más de inserción sociolaboral respecto a 2018. En la actualidad, se ofrece un total de 39 programas, financiados con la convocatoria del IRPF y con convenios con entidades sociales.

Para seguir ampliando estos recursos, la Junta de Andalucía ha reclamado también financiación al Gobierno central. Se estima necesitar al menos 2,5 millones para poner en marcha unas 200 plazas nuevas de inserción social y laboral con atención residencial incluida.