El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se da prevalencia al uso científico-tecnológico sobre el forestal en los terrenos donde se ubica el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea). De este modo se da por concluido el trámite para desbloquear la construcción en Huelva del Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados, el proyecto CEUS. Dicha iniciativa estaba pendiente de la prórroga de concesión de los terrenos al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio de Defensa.

En concreto, la propuesta insta a la exclusión del Catálogo de los Montes de Andalucía de 74,93 hectáreas de los cotos de Mazagón y Flores, en los términos municipales de Moguer y Lucena del Puerto (Huelva), con medidas medioambientales compensatorias.

La descatalogación para la prevalencia científico-tecnológica tiene el visto bueno del Espacio Natural de Doñana, puesto que los terrenos seguirán teniendo la consideración de Parque Natural, así como de Zona de Especial Conservación (ZEC) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Con la aprobación del Consejo de Gobierno culmina un intenso trabajo para facilitar la concesión del Proyecto CEUS a la provincia de Huelva.

La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva inició en febrero de 2019 el procedimiento y requirió la documentación necesaria conforme a la legislación.

En marzo, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial aportó la documentación complementaria solicitada por la propia delegación territorial, que de inmediato solicitó los informes técnicos a los servicios de Gestión del Medio Natural, de Protección Ambiental, de Espacios Naturales Protegidos, del Espacio Natural de Doñana, de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos y tanto del Servicio de Urbanismo como de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

En todos los casos, el pronunciamiento fue favorable, por lo que en julio el Gobierno de Andalucía estuvo en disposición de abrir el periodo de información pública, al que siguió en noviembre el de trámites de audiencia del expediente a los interesados sin que las alegaciones desvirtuasen el sentido de la propuesta.

Por su parte, el INTA manifestó el pasado 8 de enero su conformidad con las medidas de compensación, lo que ha permitido elevar la resolución a Ejecutivo andaluz para su aprobación.