La epidemia provocada por el Covid-19 está teniendo graves consecuencias sobre la salud de las personas, pero también las tiene sobre la economía. El estado de alerta decretado por el RD 463/2020 de 14 de marzo y las siguientes normas (RDL 8, 9, 10 y 11 de 2020) aprobadas por el Gobierno de España, han limitado la movilidad de las personas y las actividades económicas relacionadas con esta decisión.

El Gobierno de España decidió también aplicar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como medida principal para afrontar la denominada hibernación de la economía, una decisión que no se consultó con la Junta de Andalucía aun siendo la autoridad laboral que debe realizar el registro y resolución de las solicitudes.

A pesar de ello, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha asumido su responsabilidad en este difícil y complicado proceso. El número de solicitudes de ERTE con entrada desde el día 14 de marzo asciende a 88.650 (Almería: 7,9%; Cádiz: 15,3%; Córdoba: 8,3%; Granada: 10,4%; Huelva: 5,3%; Jaén: 6,5%; Málaga: 26,4% y Sevilla: 19,9%) con aproximadamente 427.000 trabajadores afectados. Este aluvión de solicitudes (como comparación, en todo 2019 hubo 2.077 solicitudes de ERTE) ha implicado desarrollar en un tiempo récord un procedimiento informático para, en primer lugar, registrar con garantías las solicitudes y después resolver las solicitudes en el breve plazo de cinco días (los dos primeros días entraron más de 18.000 solicitudes).

Hay 45 empleados dedicados a este cometido a tiempo completo en los Servicios Centrales de la Consejería. A los que hay que sumar los 352 en las Delegaciones Territoriales y 130 trabajadores que se han ofrecido voluntariamente de otras consejerías.  Por tanto, un total de 527 personas están registrando y tramitando de forma diligente el enorme número de solicitudes de ERTE que han presentado las empresas andaluzas.

Más del 40% de los ERTE resueltos

En este momento se han resuelto 36.345 solicitudes (Almería: 14,5%; Cádiz: 13,1%; Córdoba: 8,5%; Granada 6,9%; Huelva: 3,7%; Jaén: 5,3%; Málaga: 20,3% y Sevilla: 27,7%) que incluyen a 179.090 trabajadores. Este número significa el 41% de las solicitudes recibidas. De las resoluciones emitidas, el 96,3% ha sido favorable y el 3,7% desfavorable.

Del total de resoluciones en las que están representados 265 CNAE diferentes (tres dígitos), las actividades más afectadas son las siguientes: establecimientos de bebidas (bares): 30,3%; restaurantes y establecimientos comidas: 14,7%; comercio al por menor: 23%; otros servicios personales: 4,7%; y actividades deportivas: 2,8%.

La Consejería de Empleo valora el uso de los ERTE pero considera, y así lo trasladó al Gobierno de España en diferentes ocasiones, que no es la única alternativa posible. La vía adoptada en Dinamarca, por ejemplo, de pagar a las empresas un porcentaje del salario de los trabajadores para que mantengan el pago de las nóminas, se considera más rápida y eficaz. Esta decisión, que se podría haber aplicado acotándola a determinadas actividades, se podría haber instrumentado a través de la Seguridad Social de manera que se habría conseguido mantener la renta de forma inmediata. Además, habría tenido la ventaja de incluir a los trabajadores temporales en plantilla.

La Junta de Andalucía está colaborando lealmente con el Gobierno de España para afrontar la situación al servicio de los intereses de la ciudadanía andaluza: las personas trabajadoras y las empresas. Por eso, la Consejería de Empleo cumple con todas sus responsabilidades en el ingente proceso de registro y resolución de los ERTE, a pesar de que las medidas no fueron consensuadas y que la información facilitada no ha sido suficiente ni aclaratoria. Aparte, hay que sumar que se han arrebatado a Andalucía los recursos necesarios para aplicar las políticas de formación que permitan ayudar a mantener el empleo.

Una de las principales tareas de cualquier gobierno es elegir los mejores instrumentos para lograr los objetivos propuestos, para lo cual ayuda conocer en profundidad la materia y los procedimientos administrativos, siendo conveniente contar con la colaboración de todas las administraciones, más aún en una situación tan excepcional como ésta.