La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en la Comisión de Infancia del Parlamento que la tasa de abandono del sistema de protección por parte de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Andalucía ha descendido hasta el 15% en el año 2020 gracias a la puesta en marcha de los nuevos programas de atención, acogida e inserción social y laboral por parte del Gobierno andaluz y que sustituyeron a los dispositivos de emergencia en los que se les atendía en anteriores legislaturas. En concreto, esta tasa de abandono era del 41 por ciento en 2019, cuando ya se produjo un primer descenso, puesto que en los dos años anteriores, 2017 y 2018, superaba el 70% coincidiendo con los dispositivos de emergencia.

Asimismo, Ruiz ha señalado que los nuevos ingresos en el sistema de protección andaluz de estos menores de enero a agosto de 2020 han sido casi de 600 (595), frente a los más de 2.700 que se produjeron durante los mismos meses de 2019. Respecto a las plazas ocupadas, la media para el año está siendo de 1.531 y los menores atendidos, 1.670.

En este sentido, ha especificado que, a pesar de la reducción en los ingresos de menores, hay que tener en cuenta que son más altas que la media de los últimos años puesto que el grueso de las llegadas producidas en 2018 se ha mantenido en los centros durante 2019 y 2020.

"A pesar de la reducción de estas cifras respecto a periodos anteriores, el reto de este año ha sido que el modelo de atención a estos menores fuese operativo para responder a la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos y conservara la calidad de la atención a estos menores", ha subrayado.

Para ello, los recursos específicos de recepción cuentan con zonas de aislamiento total para el caso de detección de positivos por Covid-19, así como otras de aislamiento para cuarentenas hasta disponer de los resultados de las pruebas. Actualmente, estos recursos se mantienen en Almería, Cádiz, Granada y Málaga por ser las provincias de llegada de los menores una vez que son trasladados directamente por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Mayoría de edad

Por otra parte, la consejera se ha referido a los esfuerzos de su departamento, no solo en la protección hasta los 18 años de los menores extranjeros no acompañados, sino una vez cumplida su mayoría de edad: "Una atención que la estamos llevando a cabo sin el apoyo del Estado y bajo un modelo de calidad y calidez. Nuestro mandato legal se extiende más allá a través de la obligación de desarrollar programas de seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción sociolaboral, apoyo psicológico y ayudas económicas".

Así, ha explicado que "para posibilitar su regularización y su inserción, se ha ampliado y reforzado la red de apoyo a jóvenes extutelados". Sin embargo, ha destacado que resulta "imprescindible" la coordinación de actuaciones, planificación y un reparto solidario entre las comunidades autónomas con menor presión migratoria, así como la implicación de la Unión Europea para una adecuada gestión de las causas y las consecuencias derivadas de la inmigración infantil.

El nuevo modelo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la atención a menores extranjeros no acompañados se basa en una exhaustiva evaluación de la gestión desarrollada, de los flujos migratorios y de los perfiles de los menores. La Orden de 25 de febrero de 2019 para la concesión de subvenciones destinadas a programas de atención, acogida e inserción social y laboral de estos menores, permitió implementar un nuevo modelo de atención especializada que termina con la provisionalidad de los recursos de emergencia puestos en marcha en 2018.

De esta forma, se articulan tres programas de atención: en primer lugar, recepción, para verificar la condición de menor de edad y realizar la reunificación familiar en nuestro país en caso de que sea posible; estudio y diagnóstico, que evalúa su situación y proyecto de migración para su derivación hacia otros recursos especializados; y, finalmente, el programa de inserción social y laboral que, además de atender sus necesidades básicas, desarrolla actuaciones de capacitación.