Destinar recursos al conocimiento es invertir en progreso, medido no solo en desarrollo económico sino también en bienestar social. En la ciencia se pueden encontrar respuestas a desafíos tan actuales como la vacuna contra el coronavirus, el cambio climático, la necesidad de energías limpias o la búsqueda de nuevas técnicas en la agricultura para poder alimentar a una población mundial creciente.

Sin investigación no hay transferencia de conocimiento, ni talento, ni tampoco innovación. Además, la ausencia de inversión en esta parcela compromete el futuro de un país ya que genera deficiencias que se reflejan en pilares críticos como la educación, la estructura del mercado de trabajo o la productividad. De hecho, el gasto en investigación y desarrollo se considera uno de los principales motores que engrasan las economías y afinan su competitividad empresarial. El esfuerzo de países como China o Alemania en I+D+i les ha llevado a posicionarse como dos de las principales potencias del mundo.

En Andalucía, la inversión en I+D alcanza los 1.538,4 millones de euros, un volumen que la sitúa como la tercera región a nivel nacional en términos absolutos solo por detrás de Madrid y Cataluña. De ese montante, el 63,5%, es decir, 976,3 millones, corresponde a inversión pública, mientras que los restantes 562,1 millones (36,5%) proceden del ámbito privado. El sector público, que aglutina a universidad y Administración, continúa siendo el motor del engranaje científico y en 2019 su esfuerzo en recursos experimentó un incremento del 5,28%, el mayor de la última década.

Son datos del 'Informe sobre Actividades de I+D en Andalucía 2019', elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), organismo dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a partir de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese gasto global representa el 0,93% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.

El desembolso regional en I+D en Andalucía lo encabezan las universidades públicas con 679 millones de euros, lo que representa el 44,1% del total en la comunidad. Les siguen las empresas, con 559 millones de euros (36,3%), y las administraciones públicas, que engloban a los organismos y centros de investigación públicos ubicados la región, con 298 millones (19,4%). Por último, se sitúan las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL), con tres millones de euros (0,2%).

Un compromiso desde la Administración

El Ejecutivo autonómico ha desplegado desde el inicio de la legislatura en 2019 una importante inyección de recursos que ha continuado en 2020. Así, en ese periodo, la Consejería de Transformación Económica ha puesto a disposición de universidades y de entidades públicas y privadas 238 millones de euros en ayudas para fomentar la investigación y la innovación, dos áreas de alto interés para la comunidad autónoma, ya que están estrechamente ligados a la competitividad empresarial y, por tanto, al desarrollo económico de la comunidad.

Ese importe es el fruto de una doble vía de trabajo. Por un lado, las actuaciones de la Consejería se han centrado en el desbloqueo en menos de un año de convocatorias paralizadas y procedentes del gobierno anterior, que suman 84,5 millones y que ya se han resuelto. Para la Consejería ha sido prioritario cerrar estos programas que permanecían abiertos y sin conceder, ya que se trata de recursos de gran impacto en la actividad de los grupos de investigación que llevan a cabo su labor en la región.

Por otro, la actividad también se ha orientado al lanzamiento de nuevas líneas, que tienen una dotación asignada de 153,5 millones y que se encuentran ya cerradas o en fase de resolución. Estas nuevas convocatorias abiertas entre 2019 y 2020, que suman once líneas, son de gran trascendencia para la vertebración del Sistema Andaluz del Conocimiento y están dirigidas fundamentalmente a universidades y a centros de investigación de carácter público.

Esta reactivación imprimida a partir del pasado año contrasta con el bajísimo nivel de publicación y de resolución de convocatorias de la legislatura anterior. Así, entre 2015 y 2018 se convocaron cinco líneas de ayudas que no llegaron a resolverse.

Pero para que este refuerzo se haya producido, la Consejería de Transformación Económica ha tenido que desbloquear los 121 millones de euros correspondientes a subvenciones de I+D+i convocadas con anterioridad a 2014 y que estaban pendientes de justificar. El cierre de estos expedientes heredados ha sido necesario para poder avanzar precisamente en la resolución y concesión de las posteriores convocatorias.

Esos 121 millones son incentivos públicos ligados a convocatorias que se lanzaron por la Consejería entre los años 2004 y 2014, en el marco de Planes Andaluces de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) anteriores. Estos recursos fueron abonados a los destinatarios de las ayudas -agentes públicos y privados del Sistema Andaluz del Conocimiento- pero quedaron pendientes de justificación por parte de la Administración anterior, una exigencia recogida en la normativa.

Para el próximo ejercicio 2021, la Consejería de Transformación Económica continuará reforzando la inversión pública en I+D+i, de hecho se estima lanzar nuevas líneas de incentivos con un presupuesto previsto de en torno a 130 millones de euros.

24.870 personas dedicadas a la I+D y 2.355 grupos

En relación con el potencial humano en materia de investigación, de acuerdo con el informe de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Andalucía sigue siendo la tercera región con mayor número de personas dedicadas a actividades de I+D, alcanzando las 24.870 (en equivalencia a jornada completa) entre investigadores y personal técnico y auxiliar. Este indicador se ha incrementado en 2019 respecto al año anterior (0,6%) y supone el 6,3% de la población activa en la región. La plantilla de personal de I+D andaluz representa el 10,7% de la de carácter nacional.

La mayoría de esta plantilla desempeña su labor en el sector público (69,1%), esencialmente en la universidad (tres de cada cinco). Asimismo, destaca una tendencia ascendente en los últimos años del personal vinculado al ámbito privado, que actualmente aglutina el 30,9%, frente al 28,2% de hace una década.

Andalucía es, además, una de las comunidades con menor brecha de género entre el personal de I+D (investigadores y técnicos), representando las mujeres el 41,4% de este personal (frente al 58,6% de hombres). En concreto, en la comunidad el personal de I+D femenino supera al masculino en la Administración pública, un 51,8% frente al 48,2%, respectivamente. En contraposición, en el sector privado (empresas e IPSFL) únicamente una de cada tres personas dedicadas a I+D es mujer.

Según datos recogidos en el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA), en la región existen un total de 2.355 grupos de investigación. El 88,4% (2.082) de ellos son de carácter universitario, por lo que las instituciones académicas son las que concentran la mayor parte de la actividad científica que se desarrolla en la región. Además, casi la mitad de los grupos universitarios (1.023) están adscritos a las universidades de Sevilla (539) y Granada (484), dos instituciones que hunden sus raíces en la alta Edad Media y que se encuentran entre las más antiguas de todas las españolas.

Los grupos no universitarios (11,6%, 273) pertenecen, mayoritariamente, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que aglutina a 114; y a fundaciones de I+D+I, que suman 126 y que tienen un carácter sanitario en gran medida.

Por áreas de conocimiento, la mayoría de los grupos de investigación andaluces circunscriben su actividad al ámbito de las humanidades, el 26%; seguidos de ciencias y tecnologías de la salud (6,6%), ciencias sociales y jurídicas (16%); física, química y matemáticas (9,5%); recursos naturales y medio ambiente (7,6%); biología y biotecnología (6,9%); agricultura (6,3%); tecnologías de la producción (5,6%) y TIC (5,5%).

Resultados de investigación

Atendiendo a la producción científica de universidades y entidades y organismos de I+D andaluces, en 2019 todos ellos sumaron 18.848 publicaciones con índice de impacto, según recoge la base de datos Web of Science (WoS), que abarca actualmente 36 millones de registros de más de 230 disciplinas científicas. Del total de dichas publicaciones, el 73,4% (13.850), casi dos de cada tres tenían como autores a investigadores adscritos a alguna universidad de la región.

La producción científica andaluza supone el 17,3% del total de España y el 0,62% de la producción mundial. En 2019 el número de publicaciones se ha incrementado en casi un 11% (10,77%) respecto al año anterior, lo que supone un notable esfuerzo por parte de su personal investigador.

Respecto al resto de comunidades, Andalucía ocupa el tercer lugar en relación con este indicador, únicamente por detrás de Madrid (31.810 publicaciones) y Cataluña (28.564).

Abanderadas de la innovación

Las universidades públicas andaluzas son las grandes tractoras de la innovación, teniendo en cuenta que son las que mayor número de solicitudes de patentes nacionales presentaron en 2019, con el 35,52% del total, seguidas de particulares (31,15%), empresas (25,14%), organismos públicos (7,10%) y CSIC (1,09%), según datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Asimismo, de las solicitudes de patentes presentadas o participadas por la totalidad de universidades públicas españolas durante el periodo 2007-2019, las andaluzas de Sevilla (US), Granada (UGR) y Málaga (UMA) se situaron en las primeras posiciones: segunda, quinta y séptima, respectivamente. Sólo la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) adelanta a la Hispalense en este indicador, colocándose en la primera posición del ranking nacional.