El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a desarrollar las medidas necesarias para la redacción de la Ley de Vivienda de Andalucía, que se aprobará en esta legislatura y entre cuyos objetivos fundamentales serán impulsar y favorecer el derecho a la vivienda en Andalucía, especialmente de los jóvenes. Para ello, la futura Ley promoverá la construcción de viviendas a precio asequible, tanto en venta como en alquiler, la rehabilitación del parque inmobiliario, que se encuentra envejecido, además de promover nuevas soluciones residenciales.

Asimismo, preverá actualizar la regulación de la vivienda protegida en Andalucía y establecer los requisitos de habitabilidad y calidad de las viviendas, con el objetivo de impulsar el consumo casi nulo de energía y la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo en el sector residencial en Andalucía, dada la necesidad de que sean más saludables, con más espacios libres y más inclusivas.

La futura ley también tendrá como cometido proteger a los propietarios frente a las ocupaciones ilegales, blindar el derecho de los propietarios a alquilar sus viviendas incentivando la rehabilitación para su puesta en alquiler, promover la constitución del Parque Público de viviendas de Andalucía, incluyendo las viviendas de titularidad de las distintas administraciones públicas, así como de privados que actúen en el marco de los programas del plan de vivienda. Al tiempo, esta ley buscará impulsar la aprobación de los Planes Municipales de Vivienda.

El nuevo texto legislativo planteará activar la regeneración de barriadas y zonas de infravivienda, garantizar medidas alternativas contra los desahucios e impulsar la colaboración público-privada, así como la colaboración con entidades locales, para garantizar una oferta de vivienda adecuada.

Para su redacción, la Consejería que dirige Marifrán Carazo garantiza que habrá participación de todo el sector y de la sociedad en general, activando grupos de trabajo con colegios profesionales, asociaciones de consumidores, entidades financieras, Tercer Sector, empresarios, promotores, etc.

Con la futura Ley de Vivienda de Andalucía se derogarán cinco normas autonómicas: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la de Función Social de la Vivienda de 2013; la de Protección de los Deudores hipotecarios de 2016 y la de Tanteo y Retracto de 2018. El objetivo es unificar y simplificar la normativa para hacer más atractiva la promoción de viviendas protegidas y, por tanto, hacer más fácil el acceso a una vivienda, sobre todo para los colectivos con más dificultades como los jóvenes o las familias con pocos recursos económicos.

En este sentido, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha ahondado en la necesidad de contar con "un marco legal para que el sector impulse la promoción de VPO, con un aumento de la oferta de viviendas a precio asequible que posibilite bajar los precios de la vivienda". Un marco legal que se contrapone, ha indicado, con "las medidas intervencionistas del Gobierno de España, que han demostrado ser un fracaso como se ha comprobado en Andalucía en las legislaturas pasadas" que "dejaron como herencia un déficit de VPO".

Al respecto, ha recordado que la construcción de vivienda protegida "ha estado parada demasiado tiempo por los efectos de la crisis económica y la inacción de los gobiernos socialistas anteriores entre 2008 y 2018". Así, en la pasada legislatura ya se tomaron decisiones, como la aprobación del Plan Vive en Andalucía 2020-2030. "Bajo su paraguas se ha promovido ya la construcción de 4.000 viviendas a precio asequible en Andalucía cuando en las anteriores legislaturas socialistas apenas se levantaron VPO", ha aclarado Marifrán Carazo, que ha avanzado que, se prevén 3.000 más "con la colaboración de los ayuntamientos, el sector privado y los fondos Next Generation".

En la pasada legislatura, el Plan Vive en Andalucía posibilitó una inversión de 668 millones de euros en más de 93.000 actuaciones en: vivienda protegida, ayudas al alquiler, rehabilitación residencial, el programa de espacios públicos urbanos (Plan Vive tu Ciudad) y el de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico. De esos esa cuantía, más de la mitad, 341 millones, fueron para promoción de nueva vivienda protegida (Fomento del alquiler, autoconstrucción y adecuación de suelos). "Vamos por el buen camino, pero debemos seguir levantando hogares para garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los andaluces y la normativa andaluza nos debe ayudar a conseguirlo", ha remarcado.