Administración

Junta y sindicatos pactan oposiciones para consolidar 7.215 plazas de temporales e interinos del ámbito general y docente

El acuerdo, aprobado por unanimidad en la Mesa General de Función Pública, respeta los principios de libre concurrencia y publicidad

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha acordado con los sindicatos representados en la Mesa General de la Función Pública una oferta de empleo público extraordinaria para reducir la tasa de temporalidad en la administración. El próximo Decreto de Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal e interino para el año 2019 que aprobará el Consejo de Gobierno contempla un total de 7.215 plazas. Las plazas se distribuyen de la siguiente forma: 2.715 pertenecen a la Administración General y las restantes 4.500 al sector docente.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, autorizó una tasa adicional de reposición de efectivos para la estabilización de empleo temporal que incluye las plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en diversos sectores y colectivos. Junto a lo anterior, se estableció además, que las Administraciones Públicas podían disponer en los mismos ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que estuviesen dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hubiesen estado ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal, en los términos previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A todo ello se sumaba la previsión del artículo 19.1.4 de la misma Ley 3/2017, de 27 de junio, de que no computaban dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

Este pacto con los sindicatos representados en la Mesa General de la Función Pública se encuadra dentro del Acuerdo Marco alcanzado en el seno de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía el 13 de julio de 2018, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, que fue ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018.

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, tal y como establece la propia Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, garantiza que los correspondientes procesos selectivos de estabilización que se articulen garantizan el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La convocatoria, que incluirá la correspondiente reserva de plazas para las personas con discapacidad, permitirá que cualquier persona pueda participar en los procesos selectivos con independencia de que se encuentre o no prestando servicios como personal interino en ese momento, y sin necesidad de que la plaza que ocupe haya sido incluida o no en los procesos de estabilización.

 

De las 7.215 plazas ofertadas, 4.500 son de docentes.

 

Este principio no impide que que dichos procesos selectivos, que se aprobarán previa negociación con las organizaciones sindicales, incluyan la valoración como mérito de la experiencia acumulada a lo largo de los años de servicio.

A partir de ahora, bajo este marco de criterios comunes, se continuará la negociación en la Mesa Sectorial de Educación, que se celebrará esta misma tarde, así como en las reuniones previstas para mañana de la Mesa Sectorial de Administración General y de la Comisión del VI Convenio Colectivo, con el fin de culminar este proceso de negociación antes de la aprobación del Decreto por el Consejo de Gobierno.

En este sentido, la Comisión Europea, en uno de sus informes de recomendaciones, ha efectuado una llamada al Gobierno de la Nación para que acelere el proceso de conversión de plazas de interinos y temporales en fijos dentro del sector público, a fin de reducir la tasa de temporalidad en la Administración al 8% antes de que finalice el año 2019.

Compromiso "real y firme" con la nueva Ley de Función Pública

La Secretaría General para la Administración Pública ha trasladado a los sindicatos representados en la Mesa General de la Función Pública -UGT, CC OO y CSIF- el compromiso "real y firme" del Gobierno andaluz para aprobar en esta legislatura una nueva Ley de Función Pública. Se trata de un compromiso anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía y que se quiere abordar en esta legislatura desde la participación y el consenso.

Acuerdo para la acción social de 2018

La Consejería de Presidencia, administración Pública e Interior y la Mesa General de la Función también han acordado la cuantía de la ayuda de acción social del ejercicio 2018 para atención a personas con discapacidad, que se aplicará a las solicitudes presentadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

En atención a la especial situación que se protege y conscientes del esfuerzo que supone para el personal empleado público afrontar el elevado gasto de muchas de las terapias y tratamientos que necesitan sus familiares, se ha acordado que el importe de la ayuda a conceder pueda alcanzar hasta el 100% de los gastos justificados, sin fijar un límite máximo a percibir, siempre que las disponibilidades presupuestarias  lo permitan.

Igualmente, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ha trasladado que si las disponibilidades presupuestarias impidieran atender todas las solicitudes presentadas, el importe de la ayuda se reduciría proporcionalmente en función del crédito disponible. En todo caso, se ha acordado garantizar que el importe de la ayuda no pueda ser inferior al 85% de los gastos justificados para lo cual, si resultara necesario, podría aplicarse un límite máximo a percibir, por persona beneficiaria, de 3.000 euros.

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