Consejo de Gobierno

Autorizado el pago de 3,6 millones para contratos de emergencia de conservación de carreteras

El Gobierno andaluz garantiza la seguridad en vías de cinco provincias mientras se licitan y adjudican los nuevos acuerdos de mantenimiento

El Consejo de Gobierno ha autorizado el pago de 3,6 millones de euros para mantener, mediante contratos de emergencia, los servicios mínimos de conservación de carreteras en cinco provincias de Andalucía. Este pago se ha validado después de que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio trasladara un informe al Ejecutivo andaluz en el que se pone de manifiesto la existencia de 27 expedientes que habían expirado o estaban a punto de hacerlo sin posibilidad de fijar una prórroga, sin que se hubieran iniciado en el anterior mandato los trámites para aprobar los nuevos pliegos de condiciones.

Los 3,6 millones corresponden a cinco contratos de emergencia de servicios mínimos en materia de conservación de carreteras aprobados para la zona este de la provincia de Almería (409.957 euros); la aglomeración urbana de Granada-Sierra Nevada (831.060); la zona suroeste de la provincia de Huelva (767.463 euros); la zona norte de la provincia de Málaga (900.567 euros), y la zona oeste de la aglomeración urbana de Sevilla (773.162 euros).

La duración de estas adjudicaciones con carácter de emergencia para la conservación de las carretas oscila entre los tres y los seis meses, en función del periodo de tramitación necesario para la formalización de los nuevos contratos. El pago que se ha autorizado por el Consejo de Gobierno garantiza el nivel óptimo de seguridad ante cualquier incidente, ya sea meteorológico, por accidentes o incendios, mientras se licitan y adjudican los nuevos.

Los contratos de conservación inicialmente tienen una duración de dos años, con posibilidad de una única prórroga de dos años más. En la imposibilidad de una nueva renovación se han encontrado 32 de 35 expedientes, aunque cinco de ellos se pueden resolver en tiempo y forma al expirar en 2020.

Diez de ellos se resolvieron a finales de año con contratos de emergencia por un periodo de uno o dos meses y un importe de 2,6 millones de euros, que luego se amplió por un importe adicional de 5,8 millones hasta julio, mes en el que se espera culminar la nueva adjudicación.

A finales de abril, se declaró la emergencia en otros tres contratos de zonas de la provincia de Sevilla y Córdoba, quedando por resolver otros 11 –cinco de ellos los que han pasado este martes por el Consejo de Gobierno– cuyo plazo de finalización sin posibilidad de prórroga está fijado para el primer semestre del año y, por tanto, se está procediendo a la misma figura de la declaración de emergencia.

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