El Gobierno andaluz ha remitido al Ministerio de Hacienda su aportación a la reflexión general acerca de cómo debe afrontarse la reforma del sistema tributario, después de que el pasado 12 de mayo el comité de expertos designado por el Ministerio para la elaboración del Libro Blanco sobre la reforma tributaria solicitara a las comunidades autónomas una valoración y propuestas de reforma.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento, a través del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, de la propuesta de Andalucía que, bajo la denominación "Una fiscalidad para el empleo", aboga por acometer una reforma fiscal que no incremente la presión nominal sobre los contribuyentes, sino que se centre en favorecer la creación de empleo como fórmula para incrementar el número de personas que contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos, logrando así obtener la recaudación suficiente para mantener unos servicios públicos esenciales de calidad. Ello, acompasado con una reducción del gasto superfluo y una mejora en la eficiencia de las cuentas públicas, son las cuestiones clave para garantizar a medio y largo plazo el mantenimiento del Estado del Bienestar.

Andalucía, además, reitera su oposición al concepto de armonización fiscal, entendido como una pretensión de restringir la capacidad de actuación de los Ejecutivos autonómicos y de limitar las competencias de las comunidades autónomas neutralizando y anulando su autonomía financiera, puesto que la política tributaria es el instrumento básico de la política económica de una Administración Pública.

La Junta entiende que el incremento de la recaudación debe apoyarse en el aumento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico y la creación de empleo, más que en incrementar los tipos marginales sobre los contribuyentes, ya sean particulares o empresas, reza el informe, que señala que aproximadamente el 57% de los ingresos tributarios de los tres niveles de Administración pública proceden de IRPF e IVA, por lo que se plantea centrar los esfuerzos en ambas figuras impositivas.

Para el Gobierno andaluz, en el actual contexto económico de crisis mundial sin precedentes provocado por el Covid-19, toda medida fiscal que se adopte a corto y medio plazo debe ir dirigida a la recuperación económica y del empleo, ayudando a empresas y autónomos y fomentando el consumo y la inversión, de modo que considera que no es pertinente una subida generalizada de impuestos.

La reforma fiscal que se lleve a cabo debe contemplar, según su criterio, una revisión integral y coordinada de la fiscalidad a todos los niveles y considerando la totalidad de sus efectos, de acuerdo a los principios impositivos básicos de neutralidad, equidad, eficiencia, transparencia y simplicidad, flexibilidad macroeconómica y suficiencia.

Como contraposición, desde 2019 la Junta de Andalucía decidió acercar las disposiciones tributarias hacia una dirección más favorable para la mejora de la dinamización económica, el empleo y la inversión, mediante la reducción de los tipos nominales de la tributación sobre la renta de las personas físicas, la reducción de la tributación sobre el ahorro y los impuestos que gravan el tráfico mercantil.

La rebaja fiscal de abril de 2019 supuso así la bonificación al 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los Grupos I y II; la reducción de los tramos autonómicos del IRPF y de los tipos aplicables por tramos; la implantación de un tipo reducido (3,5%) en Transmisiones Patrimoniales Onerosas para familias numerosas; y la eliminación del tipo incrementado de AJD (del 2% pasó al 1,5%).

Posteriormente, se han adoptado otras medidas como la reducción de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio a través de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.

Y ya de forma más reciente el Parlamento andaluz convalidó el decreto ley 7/2021, de 27 de abril, por el que se reduce el tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales al 7% (frente a los tipos del 8%, 9% y 10%) y el tipo general de Actos Jurídicos Documentados al 1,2% frente al 1,5% anterior. Asimismo, los grupos de PP, Ciudadanos y VOX han presentado una Proposición de Ley de Tributos Cedidos que recoge un conjunto de medidas de reducción fiscal que afectan a todos los impuestos en los que tiene competencia la comunidad autónoma como las deducciones autonómicas del IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Matriculación, el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

No obstante, dada la enorme repercusión que tiene la reforma tributaria para la competitividad de la economía española, el empleo y el bienestar de los ciudadanos, el Gobierno andaluz entiende el documento de valoración y propuestas como una primera toma de contacto y confía en que sea el inicio de un diálogo real, multilateral, transparente y efectivo, en el que todas las comunidades autónomas puedan colaborar, participar y debatir determinas ideas que requieren de una profundización y del desarrollo de otras medidas transversales, como es el caso del Impuesto sobre Sociedades.