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El Consejo de Gobierno estudia pedir responsabilidades administrativas a los condenados por el caso ERE

El Ejecutivo autonómico ha unificado la información de las consejerías de Empleo y Hacienda y de los servicios jurídicos

El Consejo de Gobierno ha solicitado a los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía que estudie la aplicación de los mecanismos que se contienen en el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública, relativos al título IV de las Responsabilidades, para conocer si se pueden pedir responsabilidades. Esta medida se adopta tras el conocimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla relativa a la conocida como pieza política del caso ERE.

En el ámbito del derecho administrativo, hay 218 expedientes de revisión de oficio. De ellos, 91 se han discutido en el seno de la jurisdicción contencioso-administrativa. Hay 28 sentencias que son favorables a la Administración por 18 millones de euros, y 20 expedientes en espera de sentencia, que suponen una cantidad global de 13,7 millones.

A su vez, hay 96 expedientes finalizados mediante una orden o resolución de la Consejería de Empleo declarando la nulidad de las ayudas y la devolución de las sumas, sin que hayan sido recurridas, y que suman un importe de 36,1 millones de euros. Hay 18 expedientes de resolución que, o bien por el informe del gabinete jurídico o por el dictamen del Consejo Consultivo, declaran la no procedencia del oficio (suman 35,5 millones de euros). Seis expedientes están en revisión de oficio (por 5,7 millones de euros).

El importe total efectivamente reintegrado en virtud de los expedientes que se han revisado de oficio es de 15 millones de euros. Frente a ello, se ha declarado insolvencia del obligado al reintegro por importe de 25,3 millones de euros.

En el plano de la responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas inició diligencias provisionales en 2011. A partir del informe de fiscalización de la partida 31L por parte de la Cámara de Cuentas (de diciembre de 2012) se activaron actuaciones previas siguiendo tres líneas: la instrucción de responsabilidades contables derivadas del pago de pólizas de prejubilación; la actuación que instruía responsabilidades por el pago a ayuntamientos y empresas; y las actuaciones que instruyen el pago de sobrecomisiones a empresas mediadoras de seguros.

La cuantía reclamada en el Tribunal de Cuentas asciende a 118 millones de euros, aunque será complicado recuperar una parte significativa. Hay una treintena de sentencias favorables que suman más de 17 millones de euros.

Hasta la llegada del nuevo Gobierno no ha existido una base de datos con información unificada de la Consejería de Empleo, la de Hacienda y los Servicios Jurídicos.

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