El Consejo de Gobierno ha autorizado el pago de 2,3 millones de euros para mantener mediante contratos de emergencia los servicios mínimos de conservación de carreteras en las provincias de Sevilla y Córdoba. Este pago se ha validado después de que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio trasladara un informe al Consejo de Gobierno en el que pone de manifiesto la existencia de 27 contratos que habían expirado o estaban a punto de expirar sin posibilidad de fijar una prórroga y, sin embargo, no se habían iniciado en el anterior mandato los trámites para aprobar los nuevos pliegos de condiciones.

Los 2,3 millones corresponden a tres contratos de emergencia de servicios mínimos en materia de conservación de carreteras aprobados para la zona sur de la provincia de Sevilla (556.157 euros), la zona norte del área metropolitana de Sevilla (890.644 euros) y la zona suroeste de Córdoba (883.279 euros), ya que expiraron entre los meses de febrero y marzo. En el caso de los dos últimos, los contratos de emergencia durarán siete meses, mientras que el que corresponde a la zona sur de Sevilla tiene una vigencia de cuatro meses. El pago autorizado por el Consejo de Gobierno garantiza el nivel óptimo de seguridad en las carreteras ante cualquier incidente, ya sea meteorológico, por accidentes o incendios, mientras se licitan y adjudican los nuevos contratos.

Los contratos de conservación inicialmente tienen una duración de dos años, con posibilidad de una única prórroga de dos años más. En esa imposibilidad de una nueva renovación se han encontrado 32 de 35 contratos, aunque cinco de ellos se pueden resolver en tiempo y forma al expirar en 2020. Del resto, diez de ellos se resolvieron a finales de año con contratos de emergencia por un periodo de uno o dos meses y un importe de 2,6 millones, que luego se amplió por un importe adicional de 5,8 millones hasta julio, mes en el que se espera culminar la adjudicación de los contratos.

Además, hay otros 14 contratos –tres de ellos los ya citados de Sevilla y Córdoba– cuyo plazo de finalización sin posibilidad de prórroga está fijado para el primer semestre del año y, por tanto, se está procediendo a la misma fórmula de declaración de emergencia.