El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que ordena el modelo de formación de especialistas en Ciencias de la Salud. La norma, que blinda la calidad y la innovación en la docencia, se dirige a garantizar a los especialistas las competencias necesarias para satisfacer las expectativas de la ciudadanía y la cartera de servicios del sistema sanitario público de Andalucía.

El decreto desarrolla el marco normativo estatal previsto para las comunidades autónomas, regulando con detalle medidas que en su mayor parte ya se vienen aplicando en Andalucía. Entre ellas destaca la garantía de disposición del tiempo necesario en la jornada laboral para los profesionales que ejercen la tutoría de residentes. La jefatura de servicio o la dirección de unidad de gestión clínica determinarán el total de dedicación a la docencia, que en ningún caso podrá ser inferior a 60 horas al año.

En el caso de una jefatura de estudios, este tiempo será de al menos el 50% de la jornada laboral ordinaria en cómputo mensual, siempre que la persona responsable tenga a su cargo más de cincuenta personas. En caso contrario, el porcentaje se concretará de forma proporcional.

La norma señala que quienes desempeñen la docencia intervendrán en el sistema de gobierno y participación profesional de su unidad de gestión clínica. Esta labor tendrá un reconocimiento en el modelo de acreditación profesional, los baremos de la carrera y los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo, así como a los efectos de evaluación del Complemento al Rendimiento Profesional. Estos especialistas también tendrán acceso a una formación continuada y con metodología innovadora.

Como novedad, las comisiones de docencia podrán incorporar personal asesor en investigación. La composición y funciones de estos órganos quedan también reguladas en el texto, así como el procedimiento de selección para las jefaturas de estudios y las tutorías y el de autorización y evaluación de las rotaciones externas de los especialistas en formación. El personal en formación podrá, además, incorporarse a los diferentes programas de cooperación promovidos o subvencionados por la Junta.

Finalmente, el decreto incluye mecanismos de evaluación y seguimiento como una encuesta anual de satisfacción y el reforzamiento del soporte informático de gestión para el registro de las actividades vinculadas a la formación sanitaria especializada.

Contratación del transporte sanitario terrestre urgente

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Andaluz de Salud la contratación del transporte sanitario terrestre urgente y programado en Cádiz, Granada, Huelva y Jaén, para cuatro años prorrogables por otros dos. El servicio cubrirá las necesidades de los centros de atención primaria y hospitalaria de estas provincias, con un gasto total de 79,3 millones de euros en Cádiz, 64,24 millones en Granada, 59,95 en Huelva y 64,58 en Jaén.

Los nuevos contratos incorporan medidas para facilitar su control, mejoras del equipamiento de los vehículo e indicadores para el seguimiento de la duración de los traslados programados. Entre los criterios de adjudicación, se tendrán en cuenta el número de ambulancias ofertadas para el transporte programado, su antigüedad y la dotación de un sistema de información y comunicación permanente con los centros sanitarios y con el sistema de emergencias EPES-061, entre otros factores. Además, se introducen cláusulas medioambientales, de mejora de las condiciones laborales y de igualdad entre hombres y mujeres.