Salud

La Ley de Promoción de Vida Saludable supera el debate a la totalidad en el Parlamento

Andalucía se sitúa como la primera comunidad autónoma en elevar a rango de Ley la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria

El proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento de Andalucía. La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha presentado ante el pleno de la Cámara autonómica este texto legislativo que plantea un abordaje integral y transversal para invertir la tendencia al alza que registran los países occidentales de los problemas de salud derivados de la obesidad y que en Andalucía afecta al 16,6% de la población adulta y al 23% de la población infantil. Además, según datos del Servicio Andaluz de Salud, el 15,2% de las gestantes también padece obesidad.

La titular de Salud ha recordado que "Andalucía se sitúa así como la primera comunidad autónoma en elevar, a rango de Ley, la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria" y ha señalado que la norma recoge las aportaciones de todos los sectores y colectivos.

En su intervención, Marina Álvarez ha destacado que la obesidad es "el primer problema de salud pública del mundo desarrollado, que es la antesala de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, cardiopatías, problemas del aparato locomotor, algunos tipos de cáncer". De igual modo, ha añadido que la obesidad está relacionada con problemas psicosociales o con una mayor tendencia de absentismo escolar o laboral y que incrementa la brecha de las desigualdades económicas y de género. Así, ha manifestado que la Ley identifica como colectivos prioritarios de las medidas y actuaciones a los niños y niñas, a las mujeres embarazadas, a las personas mayores y a la población más desfavorecida.

Álvarez ha recordado que Europa ya ha anunciado medidas que impactarán en la regulación y la normativa actual, "por lo que Andalucía busca adelantarse, preparando al sector de la industria alimentaria, a nuestros empresarios, a nuestros productores, a nuestros anunciantes, a nuestras instituciones, ante estas medidas". "Es importante que quede constancia de que todas las medidas que se recogen en este Proyecto de Ley cuentan con evidencia científica que las respalda; no son medidas caprichosas", ha enfatizado la consejera.

La consejera ha planteado la necesidad de "un cambio de tendencia y un cambio cultural que requiere de la colaboración de toda la sociedad para la lucha y la prevención de la obesidad, en la promoción de hábitos de vida saludables". Por eso, ha asegurado que se busca una "ley que cale en la sociedad en su conjunto, que la sociedad la haga suya porque crea en los beneficios que le reportará a su salud y porque es un problema de todos, y todos debemos asumir responsabilidades".

En este sentido, ha manifestado que sería deseable que se diese un escenario común a nivel nacional en la lucha y la prevención de la obesidad, en la promoción de hábitos de vida saludables, en la garantía de contar con entornos que favorezcan la movilidad sostenible, ya que "ello permitiría que el cambio global fuera una realidad común a todo el territorio nacional, como ocurrió con la Ley Antitabaco".

No es una ley prohibicionista, ni impositiva, ni punitiva

La consejera ha resaltado que no se pretende "una ley prohibicionista, ni impositiva ni punitiva", si bien es cierto que se establecen limitaciones en el acceso a determinados alimentos procesados en centros escolares u obligaciones. Asimismo, aunque haya un apartado de infracciones y sanciones, lo que se pretende, ante un problema de salud mundial, es generar debate y que podamos "educar y concienciar para prevenir estos problemas y las enfermedades que generan si no se atajan a tiempo".

Entre las medidas que plantea la futura Ley, se plantea aquellas dirigidas a fomentar la actividad física. Así, se establecerán acuerdos de colaboración con los ayuntamientos para favorecer entre la población una alimentación sana y equilibrada y la actividad física en los espacios educativos e instalaciones deportivas. Además, se fomentarán políticas de transporte activo y movilidad sostenible, así como un mayor número de entornos saludables. Junto a ello, se pretende que las administraciones locales realicen planificaciones urbanísticas más saludables (entornos libres de tráfico, carriles bici, rutas a pie seguras, jardines...). Asimismo, se fortalecerán programas de educación física en el ámbito educativo, hasta alcanzar un mínimo de 5 horas semanales de educación física y/o actividad física. Además, se promoverán recreos más activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que promuevan el ejercicio físico e inclusivo. Y se promoverá la actividad física en centros de ocio infantil y juvenil, empresas y centros de mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, para garantizar el acceso a una alimentación equilibrada, el proyecto de Ley establece que centros educativos, empresas de restauración, centros de ocio infantil y juvenil, lugares de trabajo y centros de personas con discapacidad ofrezcan menús saludables y equilibrados, tomando como referencia la dieta mediterránea, con productos locales y de temporada. Además, recoge el impulso a una red de huertos escolares, cartas de compromiso voluntarias para empresas que quieran 'sellar' su apuesta por el fomento de hábitos saludables y el acceso gratuito al agua potable en espacios y edificios públicos, educativos, deportivos, de ocio y establecimientos de restauración, y junto a máquinas expendedoras. Asimismo, las empresas de restauración tendrán que ofrecer siempre a sus clientes recipientes de agua gratuita y vasos para su consumo.

Además, se reforzará la enseñanza en nutrición y alimentación en los centros educativos y universidades. Además, se facilitará el acceso a la información sobre la calidad nutricional de los alimentos y bebidas, tanto de productos envasados como venta a granel, creando el Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía.

La Ley establece, además, la protección de la población más vulnerable frente a la publicidad, la promoción y el patrocinio de alimentos y bebidas no saludables. En este sentido, se evitará, entre otros aspectos, incentivar el consumo inmoderado de alimentos y bebidas refrescantes hipercalóricas, o el uso de argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores. Se prohibirá la venta de alimentos hipercalóricos en los centros docentes y en las celebraciones organizadas. El texto determina, además, que las bebidas y alimentos envasados que se vendan en los centros educativos cumplan una serie de criterios estipulados en el Anexo 1 de la norma. Concretamente, se trata de productos que no sobrepasen un valor energético de 200 kilocalorías, que no cuenten con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares, que no contengan cafeína u otras sustancias estimulantes.

El Consejo Audiovisual velará por el cumplimiento de la normativa vigente en las campañas publicitarias dirigidas a menores de 15 años y se exigirá a las empresas de producción alimentaria en Andalucía que incluyan en sus sistemas de autocontrol la información que suministran al consumidor.

En lo referido a los trastornos de conducta alimentaria y otros trastornos asociados a una distorsión negativa de la imagen corporal (anorexia y bulimia), el texto contempla que se trabajará con Educación para que se incluyan acciones formativas y sensibilizadoras con los alumnos que fomenten la aceptación de la diversidad en la imagen corporal.

Además, se garantizará acceso a la asistencia sanitaria adecuada tanto para las personas con obesidad como a las que presenten trastornos de la conducta alimentaria, y se fomentarán proyectos de investigación e innovación en torno a estos problemas de salud.

En este ámbito, otra medida importante es el Premio a la Innovación y a las Buenas Prácticas en materia de actividad física y alimentación saludable, dirigido a sectores sociales, públicos y privados, que asuman como compromiso la prevención de la obesidad.

Marina Álvarez ha concluido su intervención agradeciendo, en nombre del Gobierno andaluz, el intenso trabajo y las aportaciones realizadas por todos los sectores y colectivos implicados, de los que ha destacado su "implicación, compromiso y sensibilidad" no sólo con la Ley, sino con un problema de salud pública de máxima trascendencia.

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